El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, destituirá por completo al Ejecutivo de Cataluña y tomará el control de sus competencias hasta que se celebren elecciones en la región española, en un plazo máximo de seis meses, con el fin de frenar el desafío secesionista y solventar la grave crisis abierta. La medida del Ejecutivo español fue criticada por el presidente de la Generalitat (gobierno), Carles Puigdemont, que pedirá un pleno del Parlamento regional para que debata sobre las medidas con las que Madrid quiere intervenir la autonomía catalana.
"No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, se cesa a las personas que pusieron a ese gobierno fuera de la ley", explicó el mandatario español tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se dio luz verde a las medidas consensuadas para "restablecer la legalidad" en la región, que serán aprobadas por el Senado el viernes, y entrarán en vigor el sábado. Casi medio millón de independentistas protestaron ayer en Barcelona a protestar contra el plan de Rajoy de cesar a Puigdemont, que comparó el momento histórico a la dictadura de Franco.
El Ejecutivo español aplica así el artículo 155 de la Constitución española, un mecanismo que nunca hasta ahora se había puesto en marcha en España y que permite a Madrid tomar "las medidas necesarias" para hacer que una región cumpla sus "obligaciones". En el caso de Cataluña, lo hace por una "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de las autoridades catalanas a la Justicia y por los riesgos que esto conlleva para "la convivencia" y el "crecimiento económico" en la región, de 7,5 millones de habitantes.
Con la destitución del gobierno catalán, incluida la del presidente Puigdemont, y la convocatoria de elecciones, Rajoy busca devolver "la legalidad" en la región, "recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica (...) y celebrar elecciones". "Este fue un proceso unilateral, contrario a la ley y que ha buscado el enfrentamiento", dijo el presidente español.
Madrid propone sustituir a los miembros del "Govern" catalán "por los órganos y autoridades que designe o cree" el Ejecutivo de Rajoy y tomar el control de la policía catalana, los medios de comunicación públicos de la región o los ingresos económicos, entre otras cosas. Será el propio jefe del gobierno quien disuelva el "Parlament" catalán si el Senado así lo autoriza y quien convoque elecciones en un plazo de seis meses, aunque su "voluntad" es hacerlo "tan pronto" como se recupere "la normalidad institucional", según dijo ayer. El líder conservador propuso, también, recortar las competencias del Parlamento catalán para que no pueda designar candidatos ni votar la investidura de otro presidente tras la destitución de Puigdemont. Ante lo que consideró "un ataque" y una "humillación" de Madrid, el jefe del gobierno regional de Cataluña pidió convocar un pleno en el Parlamento de la región para debatir y decidir su respuesta. "Las instituciones catalanas y el pueblo de Cataluña no podemos aceptar este ataque. La humillación que pretende el gobierno español haciéndose tutor de la vida pública catalana es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera del Estado de derecho", dijo en un mensaje televisado difundido al final del día.
El gobierno español consensuó las medidas a aplicar en Cataluña con el Partido Socialista (PSOE), el más importante de la oposición en España, y con el liberal Ciudadanos, tercera fuerza en el Parlamento. "El secesionismo es el «Brexit» de Cataluña", advirtió ayer el líder de los socialistas, Pedro Sánchez. "Aplicar la Constitución no es una opción sino una obligación", dijo Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Desde la izquierda de Podemos, a favor del diálogo entre las partes, acusaron a Madrid de suspender la democracia. "Hoy (por ayer) es un día terrible para la democracia en España", dijo el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique.
Tras varias semanas turbulentas en Cataluña, la tensión entre Madrid y Cataluña alcanzó esta semana su pico máximo: Rajoy anunció la puesta en marcha del artículo 155 después de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont incumpliera su requerimiento y amenazara además con formalizar la independencia si la autonomía catalana es intervenida.
Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros fueron remitidas ayer mismo al Senado, la Cámara alta parlamentaria española. Su tramitación incluye la posibilidad de que el gobierno catalán presente alegaciones y de que incluso su propio presidente se explique en la Cámara, si bien la última palabra la tiene el Senado, donde el Partido Popular (PP) de Rajoy cuenta con mayoría absoluta.
En el aire está si Puigdemont formalizará en los próximos días una declaración de independencia, a la que ayer no se refirió. El pasado 10 de octubre amagó con hacerlo cuando propuso proclamar un Estado independiente catalán, pero instantes después suspendió sus efectos para abrir un diálogo con Madrid que nunca llegó.
Delito de rebelión
La Fiscalía General del Estado tiene preparada la querella por el delito de rebelión que presentaría contra Puigdemont, en el caso de que éste declare unilateralmente la independencia. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que mantiene el criterio de esperar que adoptaron tras la comparecencia de Puigdemont en el Parlament en la que no aclaró si había declarado o no la secesión.
