El 31 de julio, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 690/2026, con el que derogó el reglamento de practicaje y pilotaje vigente desde 1991 y lo reemplazó por uno nuevo.
El objetivo declarado era reducir el "costo argentino" en la logística portuaria. Lo que ocurrió en los días siguientes no estaba en los planes: una paralización de actividades que dejó más de 185 buques varados, golpeó de lleno al complejo agroexportador del Gran Rosario y terminó con el propio decreto suspendido.
La reforma tenía una lógica clara. El practicaje -el servicio de guía profesional que asiste a los buques durante las maniobras de entrada y salida en puertos y canales navegables- funcionaba en Argentina bajo un esquema que el Gobierno consideraba cerrado, caro y con barreras artificiales al ingreso de nuevos operadores.
El decreto creó un registro abierto a cargo de la Prefectura Naval Argentina: cualquier profesional que acredite idoneidad puede inscribirse, sin límite de número. Los prácticos podrían ser contratados directamente por los usuarios como profesionales independientes y las tarifas máximas pasarían a ser fijadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, abarcando todos los conceptos del servicio sin adicionales no autorizados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en su cuenta de X: "DESARMAMOS KIOSCOS EN EL PRACTICAJE. Para el que nunca escuchó del tema: practicaje es la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa. Parece una cosa menor, pero suma un montón a eso que llamamos 'costo argentino'." La frase reavivó el malestar de un sector que exige entre 12 y 15 años de formación acumulada. Para las entidades del rubro, encuadrar de esa manera la profesión minimizaba la función de seguridad de la navegación que cumplen prácticos, pilotos y baqueanos.
Por tal motivo, desde la madrugada del sábado 1° de agosto, apenas 24 horas después de que el decreto entrara en vigencia, la mayoría de los prácticos, pilotos y baqueanos del país dejó de prestar servicio a título personal. La medida no fue un paro formal: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia. En los hechos, equivalió a un freno inmediato a las nuevas contrataciones de practicaje.
El impacto fue inmediato y se concentró en el lugar más sensible del comercio exterior argentino. El conflicto afectó principalmente los puertos del Gran Rosario y mantuvo unos 140 buques a la espera de asistencia para ingresar o salir de las terminales. Las mayores complicaciones se registraron en San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín. Solo el martes 4 se sumaron más de 45 embarcaciones adicionales.
"Si la situación no se resuelve durante la jornada, podrían sumarse otros 30", advirtió Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores deCereales. El directivo comparó el sobrecosto con "un taxi" que sigue cobrando entre 50.000 y 100.000 dólares por día por cada embarcación inmovilizada.
El conflicto no se limitó al agro. La suspensión del servicio mantuvo inmovilizado al buque HL White Marlin, una de las embarcaciones semisumergibles más grandes del mundo, fondeado en la boya 17 frente a Bahía Blanca sin poder descargar la flota técnica destinada a la futura terminal offshore de Punta Colorada, en Río Negro. Sobre su cubierta quedaron inmovilizados el buque Seminole (que debía alistarse en el Sitio 5 de Puerto Galván) y dos remolcadores destinados al Sitio 20 de Ingeniero White, todos parte de las obras de infraestructura submarina del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.
El acuerdo entre el Gobierno y los prácticos se cerró el martes 5 de agosto en una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional. Ese mismo día el Ejecutivo decidió suspender el decreto, aunque la publicación formal en el Boletín Oficial llegó recién en la madrugada del jueves 7. El texto del Decreto 716/2026 establece expresamente que la vigencia opera con efecto retroactivo al miércoles 5, el día en que se alcanzó el entendimiento y los prácticos levantaron el paro. La distinción no es menor: en derecho administrativo, la retroactividad de una norma debe estar justificada y explicitada, y en este caso el propio decreto lo hace para cubrir el intervalo entre el acuerdo verbal y la publicación oficial.
El Decreto 716/2026 fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el ministro Sturzenegger. Suspende los efectos del Decreto 690 y restituye la plena vigencia de todas las disposiciones derogadas o modificadas por ese texto. No lo deroga: la suspensión no tiene plazo determinado y el régimen anterior rige mientras dure.
El entendimiento incluyó además una reducción del 20% en las tarifas del servicio y la conformación de una mesa intersectorial integrada por el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y representantes del sector privado, con el mandato de elaborar una nueva regulación consensuada. Esa instancia aún no arrojó resultados.
Con la normalización de la actividad, pudo ejecutarse en Bahía Blanca una de las maniobras más esperadas: el buque Seminole fue descargado con éxito del HL White Marlin y comenzó su traslado hacia el sitio de amarre, donde continuará su alistamiento antes de partir hacia Río Negro para participar en la instalación de la tubería submarina del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.
La iniciativa contempla reorganizar las paradas en función de los destinos y que dos o más pasajeros puedan subirse a una misma unidad
Por Elbio Evangeliste
