Ante la situación crítica de falta producción y de pago de salarios, el juez Fabian Lorenzini dispuso dos interventores por 120 días para que la empresa se encamine
Vicentin en su peor momento
El juez Civil y Comercial de primera instancia de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso la intervención de la cerealera Vicentin SAIC por un período de 120 días hábiles judiciales, con posibilidad de prórroga, y desplazó a su directorio que está acusado en la Justicia por estafa. El juez dijo que, tal como está estructurada, o se emplean nuevos recursos o termina liquidada.
La medida tiene como objetivo reorganizar la empresa, que está en concurso preventivo desde 2020, y preservar sus activos mientras se define su futuro comercial. Vale recordar que la Corte Suprema declaró la nulidad de la homologación del acuerdo preventivo que había sido aprobado por la Cámara de Apelaciones de Reconquista en 2024, y lo remitió a una subrogante para que falle de nuevo.
A mediados de marzo el juez instauró una veeduría sin desplazamiento de los actuales integrantes del directorio, pero al ver que dichos informes arrojaron “un deterioro en los negocios, operaciones y finanzas de la concursada” y que se tornaba cada vez “más ostensible la impotencia de la actual administración para afrontar el cumplimiento de obligaciones esenciales y mantener la empresa en marcha” se avanzó con la intervención.
“En este contexto, hemos decidido ordenar la intervención del órgano societario de administración de Vicentín SAIC, en áreas estratégicas y con suspensión provisoria de las funciones y mandatos del actual Directorio”, explica Lorenzini en la resolución.
El objetivo es anticipar la protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos. Además argumenta que la medida es para analizar las posibilidades y alternativas reales para la preservación de la empresa en marcha conforme a su actual estructura, o generando modificaciones en la misma.
El 11 de abril de 2025 hubo una audiencia extraordinaria clave. Se desarrolló con el objetivo de permitir al directorio de la sociedad concursada explicar las causas y profundizar el contexto en el cual adoptaron la decisión de interrumpir completamente las actividades de la empresa en crisis, en la totalidad de las plantas industriales de Avellaneda, Ricardone y San Lorenzo.
A su vez se pretendió brindar una oportunidad para que informaran las medidas ejecutivas que se estaban adoptando para la reapertura, el pago de los salarios vencidos, la concertación de negocios y la continuidad operativa y laboral. Los directores señalaron que la causa generadora de dicho escenario crítico era la pérdida de confianza de los inversores estratégicos (BUNGE, VITERRA y ACA), por la falta de homologación judicial del acuerdo concordatario oportunamente impulsado por la sociedad concursada.
En la misma audiencia la sindicatura y los veedores ofrecieron un informe de situación acerca de la solvencia financiera, los niveles de endeudamiento y las dificultades para la continuidad operativa de la empresa en marcha. Por ejemplo se comprobó que Vicentín no tiene caja disponible para afrontar el pago de los sueldos y cargas sociales.
“Quedó expuesta la falta de gestión y prevención del daño por parte del Directorio y de la sociedad concursada; la ausencia de contratos o al menos acuerdos preliminares con terceros ajenos a los inversores estratégicos”, expresó Lorenzini.
Lorenzini sostuvo que se está situado en “en el delicado umbral entre conservar una empresa viable, con activos en funcionamiento y su capital humano integrado al proceso de generación de recursos y valores agregados; o considerar que la actividad tal como estaba estructurada conforme al plan de empresa vigente, no permite sustentar una propuesta de reestructuración, debiendo por ende ceder paso a la liquidación de la misma”.
Luego sostuvo que: "Debemos admitir y asumir el difícil escenario que se presenta en la faz comercial, financiera, tributaria, operativa y laboral, conforme lo hemos referido en la parte inicial de esta resolución; y la falta de actuación tempestiva, preventiva y suficiente por parte del actual Directorio de la sociedad concursada". Por último definió: "Creemos que es necesario emplear todos los recursos y mecanismos disponibles para evitar la liquidación de la concursada”.
En dicho contexto, se designa a los actuales veedores Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg como interventores judiciales. Asumiendo el rol de administradores societarios, los interventores deberán agotar todos los mecanismos legales, comerciales y contractuales que les permitan "concertar negocios prósperos o al menos razonables para una sociedad concursada".
Esto se realizará mediante la celebración de contratos de fazón, alquileres o arrendamientos, contratos de fideicomisos, uniones de empresas de carácter transitorios o eventuales, contratos asociativos y propiciando inclusive, en caso de que fuera estrictamente necesario, la disposición de bienes de la concursada si ello permitiera conforme a un esquema razonable.
Por Martín Stoianovich