La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores, que nuclea las marcas globales que operan en el país, advirtieron sobre el "impacto devastador" de la medida
La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (Afat) expresó su preocupación por la importación de equipos usados. Advirtió que “podría destruir el futuro del sector agrícola”.
Las empresas multinacionales de maquinaria agrícola que operan en el país sumaron su voz de alerta frente al decreto del gobierno nacional que facilita el ingreso de maquinaria usada. La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (Afat) expresó su preocupación frente a la medida y advirtió que “podría destruir el futuro del sector agrícola”.
Afat nuclea a las empresas internacionales que operan en el país, en doce plantas industriales. Están representadas en esa entidad marcas como Agrale, Massey Ferguson, Challenger, Valtra, Case IH, New Holland, Claas, FPT, Jacto, John Deere y Stara. En un comunicado, expresaron su “su profunda preocupación por la eliminación abrupta del Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu) para maquinaria agrícola”. Sumaron su alerta a los fabricantes de marcas nacionales nucleados en Cafma, y a entidades industriales como la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).
Tras remarcar que “la forma de implementación de esta medida” generará “impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país”, las empresas de Afat recordaron que “son protagonistas esenciales de la producción agropecuaria argentina, y llevan invertidos miles de millones de dólares, desde hace más de cinco décadas, en el desarrollo, fabricación local y distribución de maquinaria agrícola de última generación, ofreciendo equipos cada vez más eficientes y sustentables”. Esta presencia se refleja con 12 plantas fabriles instaladas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y la generación de 16.700 empleos en toda la cadena.
Desde ese lugar, los representantes de Afat analizaron la situación del sector de maquinaria. Destacaron, por ejemplo, que es esencial renovar el parque de equipos para “aprovechar los desarrollos tecnológicos que generan saltos de productividad inmediatos y mantener estándares de calidad y seguridad”. Citaron como ejemplo que una máquina nueva es, como mínimo, un 25% más productiva que la que se utilizaba 10 años atrás. Pero en Argentina, más del 70% las cosechadoras tienen más de 10 años de antigüedad, al igual que el 80% de los tractores.
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Este desfase, señalan, no se soluciona con la importación “irrestricta” de bienes de capital usados. “Para los países exportadores de maquinaria usada, se trata de mercadería de descarte ya amortizada, por lo cual su valor de exportación es tan bajo que ningún arancel extrazona logra compensarlo como para asegurar una competencia justa, afectando así tanto al mercado local de usados como a las operaciones de compra de maquinaria nueva con retoma de usados”, agregaron.
En Argentina, entre el 60% y 75% de las ventas de equipos nuevos, dependiendo el segmento, contempla la toma de usados como parte de pago. Con esta medida, “como lo demuestra la experiencia en otros países que tomaron caminos similares”, habrá una consecuencia directa sobre la demanda de maquinaria nueva, y por ende sobre la actividad de los fabricantes, proveedores de materiales e insumos, servicios y distribuidores.
“En Afat desde siempre se ha abogado por la libre competencia”, saludaron los directivos de la entidad. Pero recordaron que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en el 11° Congreso de Economía Regional realizado en noviembre pasado que “ si bien la idea es que la sociedad pueda acceder a mejores bienes a mejores precios, también hay que ser cuidadosos en cómo se llega allí”, ya que “pasar de un extremo al otro favorecería a un sector de la sociedad en detrimento de emprendimientos e industrias que están en el país hace muchísimos años lidiando con impuestos injustos”.
Para los fabricantes multinacionales, la medida que se acaba de tomar “impide una competencia genuina ya que introduce una clara asimetría entre la producción y distribución local, y la importación de maquinaria usada proveniente de economías subsidiadas y con cargas sensiblemente menores, tanto en materia fiscal, como en costos laborales; condiciones superiores en financiamiento y promoción de la producción y de la comercialización; en los seguros y en la logística”.
La introducción “irrestricta” de maquinaria usada, señalaron, no solo atenta contra la necesaria renovación tecnológica sino que “genera un desequilibrio estructural en el ecosistema productivo en Argentina, cuyas consecuencias exceden lo estrictamente comercial y afectan al empleo; la productividad agropecuaria; la sustentabilidad ambiental y la sanidad fitosanitaria; la seguridad operativa de la maquinaria y de los trabajadores rurales, el transporte y logística asociadas; y la prevención de actividades fraudulentas e ilegales vinculadas al lavado de dinero”.
La alerta no fue tímida. Afat señaló que el ingreso irrestricto de equipos usados “tiene el potencial de generar un impacto devastador porque no solo pone en riesgo la posibilidad de incrementar, o sostener, los u$s 45.000 millones de exportaciones que la agroindustria aporta, y 1 de cada 4 pesos del PBI nacional, sino que también representa una amenaza para los 3,5 millones de empleos directos e indirectos que dependen de esta cadena”.
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Un día antes, la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) había expresado su profunda preocupación por la entrada en vigencia del decreto 273, que elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu).
El Cibu fue creado en 1994 durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía. La entidad que reúne a los fabricantes de maquinaria agrícola recordó que, hace 30 años, “surgió como una herramienta necesaria para acompañar una apertura económica ordenada, basada en reglas claras y transparentes que evitaran distorsiones en los mercados y desarrollaran la producción nacional”.
En ese sentido, advirtió que el ingreso irrestricto de maquinaria agrícola usada representa una amenaza directa para la cadena de valor industrial nacional y el entramado productivo federal. “La ruptura de las dinámicas comerciales genera un riesgo para el crecimiento y la continuidad de la generación de puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo personal”, agregó.
También destacó el riesgo fitosanitario de incorporar plagas exógenas con impacto directo sobre la producción agrícola, principal sostén de la macroeconomía nacional. Esta posibilidad se evidencia con la aparición de la "chicharrita" del maíz durante la campaña 2023/24, que provocó pérdidas estimadas en u$s 2.045 millones en el mercado interno y más de u$s 1.600 millones en exportaciones.
Por otro lado, al no solicitar mayor documentación que una declaración jurada del producto a ingresar, la ausencia de controles adecuados “impide la correcta verificación de la condición y uso real de la maquinaria importada, dificultando distinguir entre aquellas destinadas al uso productivo y aquellas ingresadas con el objetivo de reventa o reacondicionamiento, muchas veces también con partes importadas”.
Cafma consideró que la decisión de eliminar el Cibu no responde a una política de renovación tecnológica del parque de maquinaria agrícola, debido a que la tendencia se vuelca hacia la importación de maquinaria ya amortizada en otros mercados. “Esto, en un contexto donde el salto tecnológico nacional de los últimos años eleva enormemente la eficiencia productiva, responde únicamente al interés de mercados extranjeros por colocar su sobrestock de usados”, señala.
La entidad señaló que, si el objetivo es fomentar la producción y el desarrollo nacional, “el eje del debate debe centrarse en la mejora de la competitividad como una construcción colectiva, contemplando el impacto del régimen impositivo y regulatorio vigente. En un contexto global donde las naciones promueven el fortalecimiento de sus estructuras productivas, la consolidación de cadenas de abastecimiento cortas y el impulso a vectores nacionales de desarrollo, esta medida reemplaza el valor agregado, la innovación y el trabajo argentino por el descarte extranjero”.
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