Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay expresaron su malestar con la Argentina por el cobro de peaje a las embarcaciones que se trasladen por la hidrovía Paraguay-Paraná, al tiempo que solicitaron la suspensión de ese canon y que el país “se abstenga de aplicar otras medidas restrictivas”.
Los cuatro gobiernos dieron a conocer un comunicado conjunto en que “lamentan las medidas impuestas por la República Argentina que restringen la navegación en la hidrovía Paraguay-Paraná”.
En ese sentido, criticaron “la aplicación de un peaje unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes”.
El comunicado surgió luego de que la semana pasada una barcaza paraguaya MGT-05 de la naviera Mercurio Group fuera retenida en el Puerto de Zárate. Tras esa decisión, el gobierno del vecino país reaccionó tomando una medida extrema que generó máxima tensión entre los socios binacionales de Yacyretá, Paraguay, al abrir de forma unilateral el vertedero de Aña Cuá al máximo y dejó correr el agua que se necesita para hacer funcionar la represa, vaciando parcialmente el embalse, una decisión que casi afecta la generación eléctrica en Argentina.
Así lo consignaron los propios medios paraguayos. El diario ABC señaló que "como réplica, el gobierno paraguayo encaminó acciones desde el jueves pasado aumentado al máximo posible el retiro de energía en Yacyretá".
En ese marco, la secretaria de Energía, Flavia Royón, solicitó para hoy una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, que tendrá lugar en el transcurso de la mañana.
El comunicado conjunto de los países Además, indicaron que, a pesar de los cuestionamientos presentados, “la República Argentina continúa impulsando medidas de esta naturaleza que, en este caso, significó en una orden de embargo e interdicción de salida de una barcaza cargada y lista para zarpar, con base a la pretensión de cobro del referido peaje”.
De todos modos, la Consejería Legal de la Cancillería Argentina dictaminó que el cobro del peaje era perfectamente consistente con los compromisos de los tratados de la Cuenca del Plata porque se trata de una tasa retributiva de servicios, que es lo que presta la Administración General de Puertos (AGP) que presta los servicios de dragado y balizamiento y el control sobre el cobro de los peajes.
Mediante la resoluciones 625/2022 y 1023/2002 del Ministerio de Transporte, Argentina fijó el cobro de u$s 1,47 por tonelada de registro neto (TRN) para el transporte internacional y de cabotaje para el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia.
Los cuatro países de la Cuenca del Plata expresaron “especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y que puede afectar el precio de dicho insumo”, en alusión a Paraguay, país de donde proviene la referida barcaza.
Esa situación, continuaron, “representa una afectación grave que exacerba la vulnerabilidad de dicho Estado por su condición de país sin litoral”.
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay resaltaron “la importancia de mancomunar esfuerzos para facilitar el transporte comercial, favorecer el desarrollo y eficiencia de la navegación, así como la institucionalidad del sistema de la Hidrovía”.
También reiteraron el pedido a la Argentina para que suspenda la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2002.
Por último, solicitan a la Argentina que adopte “las medidas necesarias para garantizar la libertad de navegación y tránsito y se abstenga de aplicar otras medidas restrictivas a la navegación hasta tanto se resuelva la controversia en el ámbito intergubernamental de la Hidrovía”.
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