“En la provincia se va a recaudar y a proteger a los que pagan los impuestos, y si le molesta a Marcos Galperin, lo siento”. El gobernador Maximiliano Pullaro elevó el tono en la pelea con Mercado Libre por la política impositiva provincial. El mandatario defendió la aplicación del impuesto a los ingresos brutos sobre plataformas digitales y billeteras virtuales y aseguró que su gobierno “no negocia el orden y la eficiencia, y no tolera aprietes”. Para cerrar, completó: “Con Santa Fe, no”.
En el marco de una pelea más amplia entre las provincias y la Nación, la compañía de Galper´´in activó la polémica al apuntar en redes sociales contra el impuesto a los ingresos brutos, criticando especialmente a Santa Fe por el ajuste de la alícuota que se cobra por las operaciones de financiamiento y por la aplicación del impuesto a las plataformas digitales.
El primero en responder fue el ministro de Economía, Pablo Olivares, que aclaró que, en el caso de las operaciones de comercio electrónico, no hubo aumento sino una baja de las retenciones del impuesto “a quienes venden en blanco” y una suba “a quienes venden en negro”, con la intención de “instarlos a ponerse en orden”. En el caso del gravamen sobre el financiamiento que dan las fintech, aclaró que lo que se hizo es igualarlas en el tratamiento tributario con los bancos.
Pero en la respuesta, aludió también a la cantidad de operaciones en negro que la Administración Provincial de Impuestos (API) detectó en la plataforma comercial de Marcos Galperín y a la “bicicleta” que su proveedora de servicios de pagos realiza “con los fondos de los comerciantes”, a través del diferimiento entre el débito al comprador y el crédito al comercio.
Un día después, tras participar de un acto en la ciudad de Santa Fe, Pullaro amplificó los argumentos de ministro. “Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera”, afirmó.
Llegado a ese punto, enfatizó: “No intenten mentirle a la República Argentina: en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento”.
La respuesta de Mercado Libre
Poco después llegó la respuesta de la compañía. “El gobierno de Santa Fe respondió con difamaciones en lo que parece un intento por acallar un reclamo genuino. Desmentimos categóricamente todas las acusaciones: Mercado Libre cumple con sus obligaciones impositivas y es agente de retención y percepción de las transacciones vinculadas con sus usuarios. Además, es falso y dañino asociar a las fintech con el crimen o el lavado de activos”, expresó en un comunicado que lleva como título “Difamar no baja Ingresos Brutos”.
El impuesto a los Ingresos Brutos es el nuevo frente de refriega entre el gobierno nacional y las provincias. Y la fuerte identificación del fundador de Mercado Libre con la administración de Javier Milei no es ajena a su irrupción en esta disputa.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, relanzó la ofensiva contra los impuestos provinciales luego de la reunión que los gobernadores de la Región Centro mantuvieron en Rosario. En esa cumbre, los mandatarios reclamaron al poder central la reducción o eliminación de las retenciones a la exportación de granos para aliviar la carga de los empresarios agrícolas en un momento de dificultades económicas y climáticas.
Días después, Caputo anunció sorpresivamente la rebaja temporal de los derechos de exportación. Y pidió a los empresarios dirigieran sus reclamos fiscales a los mandatarios provinciales.
Allí fue Galperín a cumplir con ese cometido y, detrás, pel Grupo de los Seis (G 6), que integran la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
Impuestos y obra pública
El nucleamiento, entre cuyos miembros hay entidades que ven caer empresas como moscas por el default de la obra pública nacional, la recesión y las importaciones, prefirió concluir que “el funcionamiento de las administraciones provinciales y municipales” es la principal carga contra “los sectores productivos y financieros”.
Pullaro recogió el guante y afirmó que lo que se recauda en la provincia “va a la obra pública”. Recordó que Santa Fe invirtió “u$s 500 millones y este año va a invertir u$s 1.500 millones, “más que lo que va a poner el Estado nacional y cualquier provincia”.
Las provincias resisten
En rigor, muchas provincias salieron al cruce de los reclamos contra los impuestos provinciales, y recordaron que el 80% de la presión fiscal es por tributos nacionales, al tiempo que pusieron el acento sobre la deserción del Estado en aspectos como la obra pública y el mantenimiento de las rutas, entre otros.
El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, recordó que “las retenciones se las queda Nación cuando es producción de las provincias”. Desde la Patagonia, un colega se quejó: “Si encima que recortaron mas de $ 40.000 millones en fondos comprometidos y no tienen obra pública, nos piden que bajemos Ingresos Brutos, es complejo”.
El impuesto a los ingresos brutos representa el 80% de los ingresos propios de las provincias, aunque, según un informe de la Fundación Mediterránea, registró una caída superior al 10% al mes de noviembre pasado, debido a la recesión. Las administraciones subnacionales sufrieron en 2024 una caída del 10% en la coparticipación y del 76% en las transferencias no automáticas.
En aquella reunión de Rosario, los gobernadores aseguraron que la presión fiscal de las provincias es mínima en el caso de la producción agropecuaria, mientras que la nación explica el 67% . En el caso del comercio y los servicios, el peso de los tributos locales se eleva.
En la ley tributaria sancionada en diciembre pasado se dispuso que los servicios financieros operados a través de las billeteras virtuales pasaran de pagar una alícuota del 5% a una de 9% en concepto de Ingresos Brutos. En cuanto a las plataformas de streaming y de servicios digitales dispuso que el gravamen sea 3%. Si la empresa tiene radicado domicilio en el país, la modificación significa una baja desde el 4,5% que pagaban.