El 13 de abril se elegirán 69 constituyentes que decidirán si Santa Fe lidera la transición a una matriz productiva verde o pierde una oportunidad histórica.
Por Diego Sueiras
La provincia de Santa Fe se encuentra en un momento histórico. Desde 1962 no se reforma la Constitución provincial, una deuda institucional que nos deja en una situación de disparidad frente a otras jurisdicciones del país. En un mundo que avanza hacia la sostenibilidad y la producción verde, contar con un marco constitucional moderno y acorde a los desafíos ambientales y productivos del siglo XXI es clave para garantizar previsibilidad, atraer inversiones y generar empleo de calidad.
La provincia ya cuenta con una Ley General de Ambiente (N°11.717) y una ley Marco de Acción Climática Provincial (N°14.019), en la cual la FNGA colaboró en su redacción junto a otras organizaciones. También se encuentra en proceso de aprobación un Plan de Respuesta al Cambio Climático, un documento que establece las políticas y acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático. Sin embargo, la ausencia de un rango constitucional para estas cuestiones deja en un estado de vulnerabilidad a las políticas ambientales, sujetas a cambios de gobierno y a la volatilidad del contexto político y económico. Si Santa Fe incorpora el ambiente en su Constitución, dejaría de depender exclusivamente de leyes que pueden ser modificadas o derogadas. La institucionalidad permitiría una mayor estabilidad en las políticas públicas y una mejor planificación a largo plazo. Esto no es solo una cuestión ambiental, sino también económica y estratégica: la seguridad jurídica es uno de los factores más importantes a la hora de atraer inversiones y generar empleo.
La gran mayoría de las provincias argentinas han avanzado en este sentido, incorporando en sus constituciones derechos y principios ambientales. Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han establecido cláusulas que garantizan el derecho a un ambiente sano, la protección de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, dedica un capítulo completo al ambiente, estableciendo el derecho de amparo ambiental (artículo 14), vinculando la salud con el ambiente (artículo 20) y garantizando el derecho a un ambiente sano y su restauración en caso de daño (artículo 26). Además, la Ciudad se compromete a desarrollar políticas de planeamiento y gestión ambiental de forma indelegable (artículo 27). Nuestra Constitución Nacional también reconoce el derecho a un ambiente sano en su artículo 41, estableciendo que todas las actividades productivas deben satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras.
El mundo avanza hacia una nueva matriz productiva basada en la economía verde, la transición energética y la sostenibilidad. Las inversiones globales se orientan cada vez más hacia proyectos que cumplen con altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza. En este contexto, las provincias que cuenten con marcos regulatorios sólidos y previsibles tendrán una ventaja competitiva para atraer inversiones y desarrollar industrias innovadoras. Santa Fe tiene todas las condiciones para posicionarse como un hub de producción verde en Argentina y la región. La agroindustria sostenible y regenerativa, las energías renovables y la bioeconomía (con un fuerte potencial en biomasa), las tecnologías verdes y startups de innovación, el ecoturismo, la producción con estándares internacionales, la investigación científica aplicada a la sostenibilidad, la economía circular y las finanzas verdes son sectores en los que nuestra provincia puede y debe liderar.
Un rango constitucional para la cuestión ambiental no solo daría previsibilidad a las empresas e instituciones del Estado, sino también a los entes financieros y, fundamentalmente, a los inversores internacionales.
El próximo 13 de abril, los santafesinos elegiremos a los 69 convencionales constituyentes que tendrán la oportunidad de modernizar nuestra Constitución. En un contexto global donde el negacionismo climático gana terreno, contar con un marco constitucional que blinde los avances en materia de protección ambiental es más importante que nunca.
Tenemos la oportunidad de dar un paso adelante y consolidarnos como una provincia moderna, innovadora y sostenible. Pero para ello, necesitamos voluntad política y compromiso de nuestros representantes. La decisión está en manos de los votantes.
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