El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó en conferencia de prensa, que el presidente Javier Milei firmará la próxima semana un decreto para acelerar la discusión de la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La decisión por parte del gobierno surge en medio del enfrentamiento entre la compañía y los gremios aeronáuticos que realizan paros en el marco de la negociación paritaria.

“El presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización tal como lo habilita el artículo noveno de la ley 23696, llamada Ley de Reforma del Estado”, aseguró el funcionario en su habitual ronda de prensa en Casa Rosada.

“Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron todos y cada uno de los gobiernos populistas lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su estatización en 2008, los aportes del Estado Nacional superan los 8 mil millones de dólares. ¿Por qué los argentinos que nunca han viajado en su vida deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente la falta de empatía ha reinado en la Argentina en los últimos años”, argumentó Adorni.

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Debate por la privatización en el Congreso

La posibilidad de incluir a Aerolíneas Argentinas como una empresa pasible de ser privatizada se discutió este año en el Congreso en el marco de la sanción de la Ley Bases. Sin embargo, el Ejecutivo no encontró los consensos necesarios para avanzar con su plan.

En un nuevo intento por avanzar con la transferencia de la aerolínea a manos privadas, el oficialismo puso en marcha esta semana una nueva discusión en la Cámara de Diputados a partir de una iniciativa presentada por el PRO. El artículo citado este viernes por Adorni especifica que la declaración del Poder Ejecutivo de que una compañía es “sujeta a privatización” le asigna trámite parlamentario de preferencia a la cuestión.

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La misma ley especifica: “El acto que declare sujeta a privatización puede referirse a cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada”.

“El decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio”, agrega.