Olga fue procesada a más de cuatro décadas del nacimiento de dos mujeres en un caso similar al de la partera Dolly y su hermana
Ana Alzugaray, Romina Lobos y Paola Gianmaría denunciaron apropiación de bebés.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) anunció este viernes el pedido de elevación a juicio de la causa contra una mujer de 87 años acusada por apropiación de bebés en Rosario y Maciel. La investigación sobre la labor de Olga Artale de Silva cobró relevancia a partir de las nuevas denuncias contra la partera Dolly y su hermana por delitos similares.
La investigación comenzó en 2022 y la anciana fue procesada el último 3 de agosto por el juez federal Carlos Vera Barros. Previamente, su defensa había alegado que no estaba en condiciones de afrontar el proceso por cuestiones de salud, pero los estudios médicos presentados en marzo pasado determinaron que sólo padece un "deterioro cognitivo leve".
Las dos denuncias que analiza el magistrado para habilitar el juicio a la obstetra jubilada fueron presentadas por Ana Alzugaray y Romina Lobos. Ambas nacieron a principios de los 80 en la ciudad, pero acudieron a los Tribunales por separado ante las dudas que tenían sobre el vínculo genético con sus padres. La Capital también confirmó una tercera presentación posterior por parte de Paola Gianmaría en contra de la misma médica.
Artale fue indagada por primera vez en mayo de 2025. Sus representantes legales argumentaron que padecía "olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria" como consecuencia de un accidente laboral y un golpe reciente.
La primera declaración solicitada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del MPF no prosperó. El tribunal dispuso la intervención de un gabinete interdisciplinario de diagnóstico psicofísico y social para evaluar a la anciana. Los examenes determinaron en aquel momento que no podía afrontar el proceso judicial por la denuncia de Lobos, cuyo certificado de nacimiento falso firmó el 5 de agosto de 1982.
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La abogada querellante rechazó el dictamen porque el diagnóstico no precisaba si los problemas de salud eran transitorios o permanentes. En diciembre, el Juzgado Federal 3 de Rosario suspendió el trámite y solicitó un nuevo examen que meses más tarde dio resultados en sentido contrario.
La causa se reanudó el 2 de julio con una segunda declaración indagatoria sobre la situación de Ana Alzugaray, nacida el 11 de junio de 1981 en Maciel. Al igual que en el caso de Lobos, la fiscal Soledad García planteó que la anciana no cometió un error cuando firmó los certificados correspondientes, sino que fue una maniobra deliberada para ocultar las apropiaciones de las bebas.
Un mes después de la última presentación ante los Tribunales federales, Vera Barros procesó a la partera por supresión y alteración del estado civil de una persona menor de diez años. También se sostuvo la imputación en concurso real por falsedad ideológica de instrumento público.
El juez determinó que la conducta de la médica no puede considerarse como un error administrativo. Por el contrario, consideró que probablemente haya hecho un uso consciente de sus facultades profesionales para mentir sobre el nacimiento de las bebas en los documentos oficiales.
Según fuentes vinculadas a la oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas, a cargo de la fiscal García, la labor de la partera fue "indispensable para engañar al Registro Civil y consolidar una filiación inexistente". Esto impide hasta la fecha que ambas puedan conocer su verdadera identidad biológica, al igual que en el caso de Ginamaría, nacida en 1976.
En esta instancia de la causa, Vera Barros permite que la anciana permanezca en libertad porque no hay un riesgo procesal que amerite dictar la prisión preventiva. Mientras tanto, los investigadores esperan que el caso pueda ser juzgado para dictar sentencia, pero no es la única cuestión que los preocupa.
Frente a la repercusión que tuvieron las causas de Dolly y Olga, el MPF hizo un pedido de colaboración a la población para encontrar a las madres biológicas de Romina Lobos y Ana Alzugaray. La búsqueda se enfoca en mujeres que hayan dado a luz en las fechas próximas a las que figuran en el certificado de nacido vivo de cada una de ellas, a mediados de 1981 y 1982.
Cualquier persona que cuente con información al respecto puede comunicarse telefónicamente con Área de Casos Complejos, Económicos y Trata de Personas a través de la línea 341-2-859127. También está disponible la dirección de correo electrónico [email protected], para brindar asesoramiento del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario.
Hasta el momento, todos los informes periciales fueron concluyentes en cuanto a la situación de las dos mujeres. En ambos casos, se descartaron los vínculos genéticos con sus padres adoptivos mediante el análisis de las muestras tomadas por el Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La comparación también arrojó resultados negativos en la comparación con los perfiles de Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Antes de la apertura de la causa penal, cada una de las denunciantes intentó descubrir la verdad por otros caminos. La consulta en distintos organismos estatales develó que Artale de Silva ya había sido mencionada por su participación en partos clandestinos y la firma de certificados que luego recibían distintas parejas para anotar a niños y niñas con una identidad biológica falsa.
Ana Carolina Alzugaray se crió en Maciel. En la partida de nacimiento figuraba como hija de Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray, aunque siempre le hicieron saber que no tenían un vínculo biológico. En los papeles, esto estaba oculto con la firma de la médica que pasó por distintos centros de salud públicos y privados.
El padre adoptivo de la denunciante le dijo que habína conocido a Olga a través de su hermana Susana, que tenía relación con su esposa. A partir de este contacto, la fueron a buscar a una casa del barrio Parque ubicada en Riccheri al 2000.
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La víctima trató varias veces de hablar con la obstetra en busca de información sobre su madre biológica. Siempre recibió la misma respuesta negativa: ella decía que no se acordaba y le pedía que dejara de molestarla.
La otra historia es mucho más reciente. Romina empezó a dudar sobre su identidad cuando tenía 30 años. Su padre José Lobos ya había muerto y su mamá Esther Candusso se negaba a contestarle cuando preguntaba por qué no había fotos de su embarazo.
En mayo de 2022, la familia de crianza de la denunciante organizó una reunión para contarle la verdad. En ese momento, su madre estaba internada en un geriátrico con un diagnóstico de demencia. Fueron sus primas las que expusieron la situación, recordando que la mujer había amenazado con autolesionarse si alguien develaba el secreto de la apropiación.
El caso de Olga Artale da Silva ganó repercusión rápidamente y, al igual que con Dolly y su hermana, abre las puertas de otras búsquedas inconclusas o dudas sobre nacimientos registrados desde fines de los 60. La línea histórica es extensa y también es amplio el mapa para rastrear su actividad. La partera pasó por los sanatorios Plaza y Rosendo García, estuvo en el Hospital Provincial, el Samco de San Lorenzo, el hospital de Cañada de Gómez y pasó nueve años en Casilda hasta que se jubiló en 2011. Desde entonces no hay respuestas sobre las madres cuya identidad ocultó.
Por Luis Castro
Por Luciano Venini, para La Capital
Por Elbio Evangeliste
