La Caja de Jubilaciones de Santa Fe logró reducir su déficit del 29% al 12% tras la reforma previsional impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, pero todavía arrastra un desequilibrio millonario y continúa pagando jubilaciones extraordinarias que, en algunos casos, superan los $18 millones mensuales. Así lo planteó el secretario de Seguridad Social provincial, Jorge Boasso, quien defendió los cambios introducidos en el sistema y cuestionó los fallos judiciales que limitaron la aplicación de topes a los haberes más elevados.
Según explicó Boasso durante una entrevista con LT10, el déficit mensual, que alcanzó el 28,75% en julio de 2024, se redujo al 11,91% en agosto de 2026. Sin embargo, el sistema continúa necesitando asistencia del Tesoro provincial (es decir, impuestos que pagan todos los contribuyentes santafesinos) para cubrir la diferencia entre sus ingresos y las prestaciones que paga.
"Vamos a terminar el año con un rojo de $420 mil millones en la Caja de Jubilaciones, sin reforma hubiese llegado a 2 billones", afirmó el funcionario, quien aseguró que los cambios permitieron evitar un deterioro mucho mayor de las finanzas provinciales.
La mejora de las cuentas convive con una controversia que sigue abierta: la existencia de jubilaciones que multiplican varias veces el haber máximo de la Anses, especialmente entre exmagistrados y antiguos funcionarios del Poder Judicial que consiguieron resoluciones judiciales favorables para evitar las restricciones establecidas por la reforma.
La reforma previsional redujo el déficit de la Caja de Jubilaciones
Boasso atribuyó la disminución del desequilibrio financiero a las modificaciones introducidas por la reforma de 2024, que buscaron contener el crecimiento del gasto y mejorar los recursos del sistema.
"De un déficit del 29% se disminuyó a un 12%, es decir, a la mitad; aun así el sistema tiene un déficit, pero estamos en una lucha legal y política para que la Nación pague lo que debe", sostuvo.
La reducción representa una caída de casi 17 puntos porcentuales respecto de julio de 2024. En términos anuales, el funcionario estimó que la Caja cerrará 2026 con un déficit de $420.000 millones, una cifra considerablemente inferior a las proyecciones que manejaba el Ejecutivo antes de la reforma.
"El mérito de Pullaro es que encaró lo que debía encarar en los primeros meses de gobierno, de lo contrario no podía haber hecho ni siquiera un kilómetro de ruta", expresó.
Boasso advirtió, además, que sin las modificaciones legislativas Santa Fe podría haberse visto obligada a transferir su régimen jubilatorio a la Anses, como hicieron once provincias durante la década de 1990.
Jubilaciones de más de $18 millones en una Caja que sigue en rojo
Uno de los puntos más controvertidos del sistema santafesino sigue siendo el pago de prestaciones extraordinarias, principalmente a antiguos integrantes del Poder Judicial provincial.
Según los datos de la Secretaría de Seguridad Social, entre los beneficiarios que obtuvieron resoluciones judiciales favorables se registraron jubilaciones de bolsillo de entre $11.149.645 y $15.721.741. El propio Boasso había advertido sobre la existencia de haberes superiores a los $18 millones, mientras que algunas proyecciones contemplan prestaciones que podrían superar los $20 millones como consecuencia de los aumentos salariales.
La diferencia con el sistema nacional es considerable. Para noviembre de 2026, la jubilación máxima de la Anses será de $2.988.765,82 brutos, límite correspondiente al régimen general, con las excepciones previstas para regímenes especiales y determinadas resoluciones judiciales.
En Santa Fe, las prestaciones de algunos exfuncionarios y magistrados están vinculadas con los salarios que perciben quienes actualmente ocupan esos cargos, por lo que los incrementos salariales pueden trasladarse a los jubilados mediante la movilidad sectorial.
El contraste también aparece dentro del régimen provincial. Mientras existen haberes superiores a los $18 millones, la jubilación mínima santafesina será de $655.047 en noviembre y de $665.125,40 en diciembre, luego de haber alcanzado los $644.970,10 en octubre.
El fallo de la Corte que complicó el tope a las jubilaciones millonarias
En agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional, para el caso de una camarista jubilada, el mecanismo incorporado por la reforma previsional para limitar los haberes más altos.
La resolución se produjo en la causa iniciada por Elena Virginia Enriqueta Ramón, exintegrante de la Cámara Penal, quien cuestionó distintas disposiciones de la ley 14.283.
Por cuatro votos contra tres, el máximo tribunal mantuvo la declaración de inconstitucionalidad del artículo 9, que fijaba un haber máximo equivalente a veinte jubilaciones mínimas y establecía que quienes ya cobraban por encima de ese límite no recibirían aumentos por movilidad sectorial hasta que el tope alcanzara sus prestaciones.
La mayoría estuvo integrada por Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Rubén Weder y Eduardo Spuler. Los jueces Margarita Zabalza, Daniel Erbetta y Jorge Baclini consideraron, en cambio, que la controversia debía resolverse mediante un proceso judicial más amplio.
El argumento central de la sentencia no fue que resultara ilegal establecer una jubilación máxima, sino que el mecanismo elegido por la provincia provocaba un congelamiento de los haberes por tiempo indeterminado, afectando la garantía constitucional de movilidad jubilatoria.
El fallo mantuvo la invalidez de esa disposición para la demandante, aunque no eliminó automáticamente el límite para todos los jubilados provinciales. La Provincia anunció que recurriría la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Boasso apuntó contra las jubilaciones del Poder Judicial
El secretario de Seguridad Social defendió el carácter solidario del sistema previsional y cuestionó la interpretación judicial que permitió dejar sin efecto las restricciones sobre algunos haberes extraordinarios.
"No es un seguro privado, es seguridad social: los que aportan hoy financian el sistema de los pasivos", afirmó.
Boasso también aportó un dato sobre las cuentas de la Caja: los trabajadores activos del Poder Judicial financian con sus aportes apenas la mitad de las jubilaciones correspondientes a ese sector. "Si los activos del Poder Judicial tuvieran que pagar a sus pasivos, alcanzaría para el 50% nada más; el otro 50% lo financia el resto", explicó.
Según las planillas oficiales citadas por el funcionario, esa situación contrasta con la del personal policial, que no genera un déficit sectorial.
El secretario ya había cuestionado en agosto a los magistrados que intervinieron en el fallo, al considerar que algunos podían resultar beneficiados por la sentencia. "Era imposible que fueran imparciales. Cuando no se excusaron y rechazaron la recusación quedó claro que estaban entendiendo en una causa que los favorecía directamente", había afirmado.
En aquella oportunidad, la vocera provincial, Virginia Coudannes, también defendió las restricciones sobre los haberes extraordinarios. "No estamos hablando de todos los jubilados. Estamos hablando de un grupo reducido que pretende mantener un beneficio que el resto de los santafesinos no tiene", sostuvo.
