La investigación se inició por la denuncia de un hombre nacido en 1978 cuya partida fue firmada por Dolly Viale de Garrido. Un estudio de ADN descartó el vínculo con quienes figuraban como sus padres y la Justicia también detectó otros siete casos similares.
Marcelo Bustamante / La Capital
La partera Dolly Viale de Garrido será llamada a prestar declaración indagatoria.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que la partera Dolly Viale de Garrido sea llamada a prestar declaración indagatoria en el marco de una investigación por una presunta sustracción de identidad. La resolución revocó una decisión del 7 de abril pasado, cuando el juez de primera instancia había rechazado el pedido de la Fiscalía Federal.
La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre, nacido en 1978, que busca esclarecer las circunstancias de su nacimiento y su identidad biológica y cuya partida de nacimiento fue firmada por Dolly. La víctima se constituyó además como querellante.
El llamado a indagatoria había sido requerido formalmente por la fiscal federal interina Soledad García, pero fue rechazado el 7 de abril de 2026 por el juez de primera instancia, quien argumentó jurisprudencia y dictámenes de casos previos de la jurisdicción.
Frente a la apelación de la Fiscalía, la Sala A evaluó los agravios del Ministerio Público, coincidiendo en que no correspondía aplicar al caso las resoluciones citadas por el juez a quo. Según se fundamentó, la causa no buscaba determinar únicamente si la víctima era hijo de desaparecidos —hipótesis descartada tras un cotejo con resultado negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)—, sino esclarecer la presunta sustracción de identidad, sumado al impulso permanente de la víctima como parte querellante
Uno de los elementos considerados por el tribunal es el acta de nacimiento del denunciante. Según consta en la resolución, el documento correspondiente a un nacimiento ocurrido el 9 de septiembre de 1978 en Rosario fue certificado por la entonces obstetra Dolly E. Viale de Garrido.
También se incorporó un estudio de ADN realizado por la Fundación INGEN que, de acuerdo con el informe citado por la Cámara, excluyó la existencia de vínculo de maternidad y paternidad entre las personas identificadas como madre y padre y quien fuera identificado como hijo.
A eso se sumó un informe del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario, según el cual Viale se desempeñó como profesional auxiliar obstetra, con una carga de 36 horas semanales, en el Hospital Roque Sáenz Peña entre agosto de 1964 y febrero de 1992.
Otro elemento destacado por el tribunal fue un informe del Ministerio de Justicia, fechado el 18 de marzo de 2026, en el que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) comunicó la existencia de otras siete situaciones similares. Se trata de personas que tienen dudas respecto de su identidad y cuyas partidas de nacimiento también fueron firmadas por Viale.
La investigación incorporó además elementos obtenidos posteriormente al recurso de apelación. Entre ellos figuran entrevistas realizadas en abril de este año y un certificado de nacido vivo en blanco que fue secuestrado durante un allanamiento en el domicilio de la denunciada. En ese procedimiento también se encontró una copia digitalizada de su título universitario como obstetra.
A partir de ese conjunto de elementos, el juez Pineda sostuvo que existen "motivos bastante de sospecha" para recibirle declaración indagatoria a Viale, en los términos previstos por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
En los tribunales de la Justicia Federal se rechazó este miércoles el pedido de prescripción para el caso de la partera Dolly, una trabajadora del Hospital Roque Sáenz Peña que es investigada por la supresión de bebés entre 1968 y 1980 en Rosario. La solicitud había llegado por parte de su defensa, pero fue desestimada, y en este marco la investigación continúa.
Dolly recibió al menos 12 denuncias por supresión de la identidad, una de ellas la de Silvina Garrido, que fue apropiada y pensó durante 15 años que era hija legitima de la partera.
Según lo resuelto en la audiencia de formalización, la partera Dolly, hoy de 88 años, seguirá siendo investigada. La propia Garrido señaló que era común, en la casa de su infancia, ubicada a pasos del Batallón 121, recibir visitas de militares. “Ella colaboraba a cambio de que los militares la protegieran o la dejaran hacer sus delitos de manera tranquila”, relató a los medios.
El pasado 18 de septiembre, la fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, imputó a la partera Dolly Viale de Garrido por supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970. Esta acción judicial destapó un sin fin de casos que sumaron, al menos públicamente, sus denuncias.
Ahora la fiscalía federal de Rosario busca determinar si existió una modalidad sistemática de entrega de recién nacidos a cambio de dinero. La imputada no quedó detenida y el juez impuso medidas de restricción.
García acusó a Dolly de hacer un certificado de nacimiento en el que designó como padres biológicos a dos personas que no tenían ese vínculo. Los denunciantes aseguran haber sido separados de sus madres biológicas y entregados a otras familias durante el período en que la acusada trabajaba como partera.
Por Lucas Ameriso
Por Facundo Borrego
