El Concejo Municipal trató en comisión la reducción del 50 por ciento del costo de la transferencia de la chapa de taxi y una antigüedad máxima de 10 años para todos los taxis de la ciudad por igual. Ambas medidas las son solicitadas por el sector taxista y remisero de Rosario para paliar la crisis económica que atraviesa, con una pérdida de recaudación estimada en torno al 60 por ciento, como consecuencia del auge de las aplicaciones móviles ilegales.
El concejal del bloque oficialista Arriba Rosario, Fabrizio Fiatti, impulsa la ordenanza Nº 10.643, que pretende modificar a las normativas vigentes (Nº 10.569/23 y su modificatoria N° 10.617/24) para aplicar un cambio significativo a un sector diezmado por varios factores desde la pandemia a esta parte.
Ocurre que este beneficio sólo aplica desde el año pasado para las chapas otorgadas en 2013 y deja desfasado al resto de los propietarios de licencias, tales los casos previos a 2007 y los posteriores. De esta manera, el edil llamó a "equiparar una situación que es dispar entre diferentes actores de un mismo sector".
Cuál será la antigüedad de los taxis y remises
De aprobarse esta presentación que trató este lunes la comisión de Servicios Públicos, los taxistas y remiseros contarían con vehículos de hasta diez años de antigüedad al momento de la adjudicación, en lugar de siete, como ocurría hasta entonces para un amplio sector.
Según se detalla en el proyecto presentado por el concejal Fiatti, el objetivo central de estas modificaciones es "simplificar las adjudicaciones y las transferencias de los servicios públicos de taxis y remises de la ciudad, atendiendo de manera directa las necesidades manifestadas por el sector".
Y destacó: "Consideramos que este tipo de medidas son importantes para seguir generando beneficios de cara a la protección de los servicios públicos de la ciudad en un momento sensible y especialmente necesario".
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Además, el proyecto incluye un descuento del 50 por ciento al abonar la transferencia sobre el valor del canon, aunque quedó claro que ese beneficio se aplicaría "únicamente" cuando la transferencia se efectúe al contado y no se realice al mismo momento de renovar la licencia, tanto para taxis como para remises.
"Es un beneficio para todo el universo de taxistas de Rosario, porque entendemos la situación que están atravesando, por eso ponderamos un trato igualitario, más allá de los gastos corrientes que deben afrontar y la imposibilidad que se les presenta a la hora de poder acceder a un auto cero kilómetro", apuntó el presidente de la comisión de Servicios Públicos, el concejal Carlos Cardozo (PRO).
Taxis y remises: alternativas de pago de las transferencias
En tanto, para aquellos que no elijan el pago al contado, se mantendrían las alternativas ya establecidas en la normativa actual, que incluye la posibilidad de acordar un plan de pago de hasta tres cuotas sin intereses o hasta 18 cuotas, pero con intereses correspondientes.
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Finalmente, desde el Concejo recordaron que la ordenanza 8.997, sancionada en 2012, ya contemplaba una quita del 50 por ciento en las transferencias, aunque se aplicaba exclusivamente a las licencias que estaban reguladas bajo aquellos términos.
Alivio y reparos del sector taxista
Desde aseguraron que el mayor foco tiene que estar puesto en los controles a las aplicaciones ilegales.
"Si estas ordenanzas no se acompañan con mayor control sobre Uber y Didi para que no puedan levantar viajes de las paradas de taxis, la situación seguirá siendo complicada. Hay una pelea comercial entre China y Estados Unidos, se nos está haciendo cada vez más difícil, están regalando los viajes y se nos está complicando cada vez más la situación", alertó uno de los referentes de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca.
Y aclaró: "No competimos contra una persona que pone su auto a disposición para salir a trabajar sino contra multinacionales que no arriesgan absolutamente nada a cambio de una ganancia sin riesgos. Dentro de poco no van a quedar ni colectivos si Uber y Didi sacan viajes a 1.200 y 1.300 pesos, una una locura lo que estamos viviendo".
No obstante, aclararon que con este requerimiento no buscan "controles represivos ni un conflicto social", pero hicieron hincapié en un estricto contralor por parte del Estado municipal para contrarrestar el avance de las aplicaciones que no están habilitadas por ordenanza.