La presencia del teléfono celular en la escuela de la pospandemia se volvió polémica por su incidencia en el aprendizaje, al punto de que algunas provincias y países lo prohibieron, aunque en el medio del debate pedagógico crecieron exponencialmente otros fenómenos, como las apuestas en línea, el acoso y el bullying cibernéticos.
Ahora las limitaciones en el uso del aparato se formalizarían a través de una norma sobre ludopatía digital que este jueves aprobó la Legislatura provincial e impacta en las instituciones educativas, por ejemplo a partir de las inhibiciones de señales y plataformas.
La nueva ley unificó propuestas emanadas de todos los sectores políticos y de ambas cámaras, lo que demuestra lo acuciante de la problemática. Solo en Diputados se habían presentado 16 iniciativas que contemplan variados aspectos, desde qué hacer ante un caso manifiesto de adicción a cómo prevenir y evitar las apuestas. Aquí cobra importancia el ámbito escolar, adonde buena parte del alumnado concurre con un dispositivo a pesar de que están prohibidos dentro del aula desde 2006 (también para docentes y no docentes).
Aquella normativa no se cumple tras quedar de hecho desactualizada por la irrupción de los recursos tecnológicos durante la pandemia y por las nuevas pautas culturales y familiares, en cuyo marco los celulares pasaron a ocupar un lugar privilegiado. Así lo vienen señalando desde el Ministerio de Educación de Santa Fe, proclives a una regulación del uso en base a los consensos que logre cada comunidad educativa. La idea de las autoridades es que los aparatos de telefonía sirvan a los fines académicos, bajo la supervisión de los adultos.
Alternativas
“En algunas escuelas primarias directamente los prohíben, en otras los docentes los autorizan si es con un fin pedagógico. Hay escuelas secundarias donde los dejan al llegar, por ejemplo en la dirección, y los retiran cuando se van”, describe la diputada provincial Claudia Balagué el mix de situaciones que cada institución va definiendo. En el colegio San José de Adoratrices de Santa Fe, por ejemplo, desde principio de año los estudiantes guardan sus celulares en lockers al llegar al establecimiento y allí quedan durante las clases y los recreos.
“Cada escuela define porque no hay una reglamentación general; es necesario generar una política pública porque de lo contrario queda librado al azar y es un tema demasiado grave para ello”, continúa Balagué, ex ministra de Educación y autora de uno de los proyectos sobre ludopatía digital que quedó integrado al texto que la Legislatura acaba de aprobar por unanimidad. Mientras, la cuestión también se discute en el Congreso Nacional.
La legisladora (del Frente Amplio por la Soberanía) explica que el enfoque de su propuesta se basa en lo educativo y en la prevención, e introduce conceptos como “alfabetización digital”, “uso digital responsable y saludable” y hasta “crianza digital”. Es decir que niños y jóvenes tengan acceso a las herramientas con las que deberán resolver luego su vida cotidiana y su trabajo, pero no de cualquier manera. Y, por otro lado, que los adultos, familias y docentes, cuenten con herramientas para establecer controles, recomendaciones, pautas, dentro y fuera de las escuelas.
La mirada de los maestros y los efectos en los adolescentes
“Cuando pasábamos de las prohibiciones extremas a experiencias dentro del aula que son más inclusivas e intentan incorporar al celular, el tema de la ludopatía invadió la discusión pedagógica”, resume Martín Lucero, secretario general de Sadop, el gremio de los docentes privados. Tan es así que algunos colegios tomaron medidas de motu proprio: además de las mencionadas por Balagué, llegaron a impedir el acceso a internet o a determinados sitios web en los recreos o en los patios.
“La mayoría de las escuelas evita que los alumnos usen el celular en nivel inicial y primer ciclo de primaria para que desarrollen ciertas habilidades”, continúa Lucero y agrega: “No es la voluntad mayoritaria de la docencia evitarlo, lo que preocupan son los abusos”. Entre esas situaciones extremas, hubo profesores grabados por los alumnos y luego subidos a redes, así como chicos que de tanto apostar están en tratamiento por ludopatía, enumera el dirigente, y pide en cualquier caso acompañamiento “del afuera” porque “la escuela no es la policía de la familia”.
“Han aparecido niños de jardín con celular”, dice por su parte Juan Pablo Casiello, al frente de Amsafé Rosario, donde la presencia de los teléfonos inteligentes en las aulas divide aguas porque hay maestros que apelan a ellos como herramienta y otros que frente a restricciones de uso impuestas por las escuelas se las tienen que ver con padres enojados por perder la comunicación con sus hijos. “Cada uno hace lo que puede. Sería bueno orientar un debate con la docencia para ordenar, reflexionar, tomar definiciones”, pide Casiello, y suma un nivel de complejidad a la discusión: el advenimiento de la inteligencia artificial.
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“Hace unos años la polémica era calculadora sí o no. Hoy pareciera que algo de eso se repite con la inteligencia artificial. En definitiva, nos obliga a pensar las estrategias docentes de otra manera”, remata sobre nuevas y vertiginosas realidades para las que el sistema educativo debe encontrar respuestas.
Bloqueos
En su artículo 19, la nueva ley de prevención y abordaje integral de la ludopatía establece que todas las dependencias de los tres Poderes del Estado deben bloquear el acceso a las páginas de apuestas en línea mediante la inhibición de las direcciones IP (protocolo de internet), medida que se aplicará también para los sistemas de wifi públicos. Tienen prioridad los establecimientos educativos, lo cual impactará desalentando el uso del celular con fines no pedagógicos tanto en el aula como en los recreos.
Otra novedad es la creación de un programa educativo para prevenir la ludopatía en línea en el ámbito del Ministerio de Educación, destinado a estudiantes de todos los niveles. Se implementarán “estrategias pedagógicas” para “la construcción de una ciudadanía digital responsable y saludable para un proyecto de vida individual y colectivo basados en el respeto, cuidado y compromiso social” y con el objetivo de promover “la responsabilidad de las familias y de los adultos respecto del cuidado, desarrollo y educación integral de los niños, adolescentes y jóvenes”.
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Ciudadanía digital, dice la ley, tiene relación con el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual irradiará a todo el sistema educativo reflexiones y herramientas que trascienden la problemático de los juegos en línea (se propician encuentros de formación docente e instancias de diálogo con los representantes de los centros de estudiantes, por ejemplo). Habrá que ver cómo se implementa la norma, ya de cara a 2025.