El Sindicato de Peones de Taxis de Rosario adhiere al paro nacional de transporte que se realizará este miércoles, aunque los afiliados que no estén de acuerdo tendrán liberad de acción. Horacio Yianotti, secretario general de la entidad, aclaró que “casi 50 por ciento de las unidades es manejada por sus propietarios que podrían trabajar”.
La Mesa Nacional del Transporte reprogramó para el miércoles 30 de octubre un paro que afectará a todo el país. En la provincia de Santa Fe, ya adelantaron su adhesión recolectores de residuos, camioneros, portuarios y ferroviarios. Y a estos gremios ahora se suman el Sindicato de Peones de Taxis.
“Como organización sindical vamos a adherir al paro. Eso no quita que el servicio se resienta o no. Tenemos casi el 50 por ciento de los dueños de taxis que están manejando sus propios autos porque se quedaron sin chofer. Además, hay algunos compañeros que no están de acuerdo con la medida de fuerza. Entonces, dejamos a todo a criterio de cada trabajador parar a no”, subrayó este lunes Yianotti.
El representante de los choferes rosarino remarcó que el gremio “considera que el paro es justo, porque este gobierno nacional, lamentablemente, va en contra de las leyes laborales, quiere imponer nuevas normas que perjudican al trabajador. También está el problema de los al transporte. Aunque nuestra actividad no está subsidiada, vemos que algunos sectores dejaron de recibir subsidios y eso va en detrimento de la clase trabajadora”, agregó.
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En declaraciones a LT8, el gremialista remarcó en ese sentido: “Nosotros no vamos a juzgar a los que quieran trabajar, ni vamos a interrumpir un viaje. Esa es una decisión personal de cada trabajador. Nosotros alentamos que se adhieran a la medida de fuerza, porque consideramos que hay mérito para hacerlo. Nuestro sindicato adhiere al paro por una decisión que tomó la Federación Nacional del Peones de Taxis”.
Con relación al avance de la aplicación Uber entre choferes de taxis, Yanotti destacó dos cuestiones: “Por un lado la falta de normas respecto de las ampliaciones que están trabajando en forma clandestina. Por otro, es imposible controlar. A medida que la gente se vaya quedando sin trabajo, o vea que el sueldo no le alcanza, se bajará la aplicación, agarrará su automóvil y saldrá a la calle a hacer nuestro trabajo”.
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“Uno podría decir que el municipio tendría que controlar más, pero ya a esta altura el problema es incontrolable. Lo único queda por hacer es pedir que se bloquee la aplicación mediante un fallo judicial. Eso ya ha ocurrido en ciudades chicas. El problema es que peleamos contra una empresa poderosa , y a veces el poder económico puede más que las leyes”, destacó.