El gobierno de la Nación volvió a llamar la atención sobre las tasas municipales. Concretamente, el Ministerio de Economía envió una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que implementen medidas para que sus municipios promuevan la derogación de tasas cuyo valor no guarde proporcionalidad con el costo de prestación del servicio.
En Rosario, cerca de la mitad de los ingresos del municipio provienen de ingresos propios, es decir las tasas, derechos y contribuciones que pagan los rosarinos, como la Tasa General de Inmuebles o el Derecho de Registro e Inspección. Con esos fondos se mantienen un amplio menú de prestaciones, desde el mantenimiento de calles hasta el mantenimiento de hospitales y centros de salud.
De acuerdo al proyecto de presupuesto aprobado para este año, el 26,2% del total del presupuesto del municipio se destina al sistema de salud pública y un 12,4% a obras públicas.
Reclamo de Nación y lectura política
Por eso, la solicitud del gobierno nacional fue leída más bien en clave política dentro del Palacio de los Leones. Ante la falta de precisiones sobre la medida, en el municipio prefieren no polemizar ya que consideran que es un planteo dirigido puntualmente a los intendentes del conurbano bonaerense donde se perciben tasas y tributos solapados con las facturas de servicios públicos, por ejemplo.
En Rosario, advierten fuentes oficiales, hace apenas un mes el intendente Pablo Javkin promulgó la ordenanza que elimina 40 tasas y deroga más de 150 normativas en desuso.
El conjunto de iniciativas sumo así un nuevo capítulo en materia de eliminación de tasas, que llevaron a reducir en un año a la mitad las tasas vigentes en el municipio con el objetivo de "posibilitar el desarrollo en la ciudad, con trámites ágiles, con tiempos lógicos, sin requisitos y tasas innecesarias", según se anunció en su momento.
Entre las tasas, se eliminaron los costos por limpieza, desinfección y descarga del baño químico, revisión técnica anual de vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, por el registro de cubicaje de vehículos de transporte de arena y similares, la fiscalización, inspección y otros servicios generales de ferias, la tasa de catastro provisorio, el certificado catastral para regularización de edificación y el certificado catastral para demolición.
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La puja entre Nación y las administraciones locales por las tasas y tributos no es nueva. Ya tuvo su capítulo a mediados del año pasado en relación a las tasas viales, después de que desde la presidencia se anunciara que se quería eliminar las tasas que los municipios cobran con la carga de combustible.
Lo mismo con la resolución que prohíbe el cobro de impuestos y tasas en las facturas de servicios públicos y bienes o la entrada en vigencia del nuevo régimen de transparencia fiscal, que obliga a las grandes empresas a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos indirectos.
Las finanzas municipales
Economistas consultados por La Capital, explican que el pedido del Ministerio de Economía a las provincias para que los municipios ajusten sus tasas al costo de la prestación de los servicios, es un nuevo paso para evitar que el ajuste en el gasto nacional sea compensado por intendentes con más aumentos en los tributos que se cobran al sector privado.
"Se trata de poner en sintonía a las provincias y los municipios la reforma fiscal que esta llevando a cabo el gobierno nacional, para que en el tema impositivo se bajen los impuestos más distorsivos", apuntó Leonardo Piazza, titular de la consultora LP, y apuntó que "si los grandes municipios no se alinean con la política del bajo de gasto público y no adecúan sus presupuestos van a tener problemas en sus ingresos fiscales".
Dicho de otra forma, "la pelea viene ahora por cómo se adecúan a la política de la motosierra", advierte.
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Detrás de las tasas
De acuerdo a un comunicado oficial distribuido por el gobierno nacional, el Ministerio de Economía envió el miércoles una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que "implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las tasas municipales cuyo valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio".
A estas últimas las caracterizó como "ilegales y arbitrarias" y advirtió que incumplen la ley de coparticipación federal de recursos fiscales.
En este sentido, en el escrito enviado a los gobernadores se solicitó que se eliminen estas “tasas municipales que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.
Según se destacó "el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria. A su vez, estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones".
La nota enviada también hace hincapié en que ley de coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos.
Finalmente, en la nota se resalta que esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipables, sin que exista justificación alguna.