La propuesta en el Concejo para reducir la distancia mínima entre supermercados medianos y autoservicios despertó una polémica en la ciudad. Los supermercadistas de Rosario criticaron el proyecto que intenta modificar la norma regula la proximidad entre establecimientos para llevarla al 50% de lo que rige actualmente. "No puede haber trajes a medida", dijeron.
La iniciativa del edil Hernán Calatayud (PDP) ingresó el martes pasado a la comisión de Gobierno. Intenta modificar la legislación vigente que regula la instalación de supermercados y autoservicios en la ciudad, con el argumento de "dar respuesta a los cambios en las necesidades de consumo y en la dinámica del comercio local", y el objetivo de "beneficiar a los consumidores".
Se trata de la ordenanza Nº 8869 de 2011, que establece que los locales de entre 100 y 500 metros cuadrados de superficie deben mantener una distancia mínima de 400 metros respecto a otros comercios de similares características ya habilitados. Para aquellos que ocupen entre 500 y 1200 metros cuadrados, la separación requerida es de 600 metros. Estas distancias se calculan desde los límites del establecimiento, asegurando una mayor dispersión de estos negocios en la ciudad.
El proyecto de Calatayud establece la reducción del radio de protección en un 50% en ambos casos, a 200 y 300 metros. Además, plantea la eliminación de los artículos 4, 7 y 8 de la ordenanza original, que daban potestad al Ejecutivo de permitir excepciones a la normativa en cuanto a distancias mínimas bajo ciertas condiciones, como análisis socioeconómicos o de saturación comercial. La modificación, según el concejal, busca "simplificar el marco regulatorio, eliminando complejidades que dificultaban la implementación y el control".
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Negativa supermercadista
Para los supermercadistas, no hay ninguna razón para modificar la normativa actual: creen que funciona y ordena muy bien. En cambio, señalaron que hay temas mucho más importantes sobre habilitaciones en el sector, como negocios que están abiertos sin contar con esa autorización Entre ellos, señalaron la proveeduría del Sindicato de Empleados de Comercio en Fisherton, un tema que calificaron como "todavía a resolver".
"Creemos que no debe haber trajes a medida. La norma dice una cosa y hay que respetarla como está, sino siempre se van a correr los límites. El Concejo bien podría ocuparse de las pseudo distribuidoras y de la cantidad de comercios que hacen tergiversación de rubros, o de ver por qué hay establecimientos que funcionan sin habilitación", criticó Sergio Casinerio, presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar).
Los almaceneros también se mostraron molestos. "Es un desatino que el impulsor no nos haya llamado a nosotros, que fuimos los mentores de la ordenanza anterior, para discutir ese tema. Le hemos pedido una reunión para pedirle que nos explique qué está tratando de hacer, siendo que somos los artífices de esa ordenanza. Hasta ahora no hemos recibido respuesta, y estamos muy preocupados. Deberíamos haber sido consultados", reconoció Juan Milito, titular del Centro Unión Almaceneros.
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"Beneficia a consumidores"
Por su parte, Calatayud argumentó que estos cambios “beneficiarán tanto a los consumidores como al comercio local”. En esa línea, dijo que la nueva normativa impulsará “el desarrollo de supermercados y autoservicios en barrios que actualmente no cuentan con oferta suficiente, permitiendo que los vecinos puedan acceder a productos de primera necesidad sin necesidad de trasladarse a otras localidades o recurrir al comercio electrónico”.
Además, el edil subrayó que la iniciativa presentada apunta a “fortalecer el comercio de cercanía y generar nuevas oportunidades laborales”, al incentivar la instalación de más establecimientos que puedan competir en el mercado local sin concentrar la oferta en pocas zonas de la ciudad. “Estas medidas están alineadas con el espíritu de la Ley Nacional 27.442 de Defensa de la Competencia, que promueve un mercado equilibrado y sin prácticas de concentración”, explicó el concejal.
Y agregó: "Hay gente joven de Rosario que quiere invertir o expandirse y no pueden. Yo estoy de acuerdo en proteger al empresario rosarino, porque es el que reinvierte acá. Pero no hay que sobreproteger, porque no se hacen competitivos. Los supermercados, según la ordenanza, tienen que tener no solo precios, sino también servicio. Y eso, salvo algunas excepciones, no se está dando. Muchos están dormidos o envejecidos, mientras otros quieren crecer", manifestó.
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Antecedente en el Concejo
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En febrero, ingresó al Concejo un pedido de habilitación por fuera de la ordenanza vigente solicitado por un empresario de origen chino de apellido Lin que desde el año pasado pugnaba por abrir un supermercado en Martín Fierro al 200, en La Florida, en cercanías de Costa Alta. De hecho, había construido el comercio sin habilitación, invadiendo la distancia mínima con otro local cercano.
Cada local de más de 100 metros cuadrados de superficie cubierta se rige por la ordenanza sancionada en 2011, en la que se establecen "radios de protección" y "distancias mínimas entre los locales ya habilitados y los que pretendan hacerlo". Los concejales actuantes propusieron elaborar una propuesta de despacho en la que se reducía en 100 metros el radio de protección fijado en la ordenanza conocida como “de grandes superficies”, para permitirle funcionar.
Las comisiones de Gobierno y Producción le dieron despacho favorable, pero en Planeamiento quedó en un cajón por falta de acuerdo político. Finalmente no prosperó, y en junio la Dirección de Habilitaciones rechazó el pedido por solo 2 metros: el comercio estaba a 398 metros de otro próximo.