Dos viviendas linderas son escenario frecuente de peleas y requisas en medio de causas por desalojos demoradas por la presencia de menores
Rioja al 900: preocupación de vecinos de microcentro por usurpación y violencia en dos inmuebles.
Desde comienzos de este año, un grupo de vecinos del microcentro de Rosario está pendiente del avance de dos causas judiciales relacionadas a la usurpación de dos viviendas. Se trata de inmuebles linderos ubicados en Rioja al 900, sobre los cuales recaen denuncias de hechos violentos y amenazas.
El conflicto cursa en dos causas civiles por desalojo, porque al tratarse de inmuebles distintos cada uno tiene su expediente. En ese contexto los vecinos más próximos, que impulsaron las denuncias y la visibilización del caso, también estuvieron en contacto con funcionarios del gobierno provincial.
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Sin embargo la resolución está pendiente porque en las viviendas habitan menores. Por lo tanto deberán intervenir instituciones abocadas a la niñez y la adolescencia que puedan garantizar la protección de derechos de los chicos que viven allí.
"Es un aguantadero, hay muchas escenas de violencia. Hace un par de noches una nena salió a un balcón a gritar y pedir ayuda y no pudimos hacer nada", contó a La Capital una vecina de la cuadra de Rioja al 900. Ese último episodio los motivó a darle visibilidad al conflicto porque creen que hay niños expuestos a distintos tipos de violencia.
"Vivimos esto todos los días. No es que pasó una vez o que fue un episodio aislado. Se escuchan gritos, peleas, golpes. Hay situaciones de violencia familiar, hombres que golpean a mujeres, mujeres que se pelean entre ellas y, lo que más nos preocupa, chicos que están en el medio de todo eso", denunció la vecina. "Muchas veces somos los propios vecinos los que tenemos que llamar, denunciar o intervenir cuando vemos que están golpeando a un chico o cuando hay una situación de violencia. Somos nosotros los que tratamos de contener, de ver qué podemos hacer, porque no podés quedarte mirando cuando hay menores involucrados", agregó.
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Otro vecino apuntó a un hecho reciente en el que dos mujeres que viven allí fueron heridas con arma blanca: "No queremos que se acuerden de este lugar cuando hay un episodio grave y sale en las noticias, queremos que vean lo que está pasando y hagan algo".
"Detrás de todo esto hay chicos, hay menores que están creciendo en medio de la violencia y que necesitan protección. Los vecinos estamos cansados, tenemos miedo y estamos muy preocupados", agregó.
En el Ministerio de Seguridad están al tanto de la situación. Por distintas denuncias sobre lo que ocurre en esa cuadra hubo varias requisas e incluso se buscaron allí a personas con pedido de captura. En ese sentido es que, más allá de los expedientes judiciales y sus tiempos por la presencia de menores, la situación tiene su complejidad porque se trata de viviendas consideradas "aguantaderos".
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Desde Seguridad, en este marco, intervinieron ante situaciones advertidas mediante llamados al 911 que pueden derivar en causas penales. En paralelo, mientras se espera el avance del expediente civil, también están al tanto desde las áreas de control del ámbito municipal. Es que la preocupación por el caso no solo alcanza a los propietarios de los inmuebles sino también a los vecinos que semanlamente advierten de situaciones que alteran la tranquilidad de la cuadra.
En uno de los expedientes hay cuatro habitantes identificados que fueron considerados como demandados, de los cuales solo compareció uno ante la Justicia con patrocinio de la defensoría civil. En el otro legajo, fueron identificados siete habitantes de los cuales también solo uno se presentó ante las autoridades por medio de su patrocinante.
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Las causas por desalojo las lleva el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial a cargo del juez Sebastián Rupil. Respecto de uno de los inmuebles el legajo espera la intervención de la Defensoría General Civil por la presencia de menores previo al llamado a sentencia. En el otro legajo todavía está en etapa de notificación de rebeldía por los demandados que no se presentaron ante la Justicia.
La intervención especial por la presencia de menores está prevista por la ley provincial de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Comprende la necesidad de garantizar mecanismos de emergencias para el alojamiento alternativo del grupo familiar para evitar que queden en situación de calle.
