El proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin al Concejo busca que la ciudad sea la primera en adherir a la nueva ley provincial. Unidos convocó a una reunión conjunta de tres comisiones para este miércoles.
Foto: Héctor Río / La Capital
El municipio de Rosario quiere acelerar la prohibición de los cuidacoches y busca que el Concejo Municipal apruebe cuanto antes la ordenanza que permitirá aplicar en la ciudad la nueva ley provincial. Después de conseguir la regulación de las aplicaciones de transporte (Uber, Didi y otras), el intendente Pablo Javkin puso el foco en otra discusión que genera fuertes cruces políticos: cómo terminar con la actividad de los denominados trapitos en la vía pública.
El proyecto, que propone modificar el Código de Convivencia, pretende convertir a Rosario en el primer municipio santafesino que adhiera a la Ley Provincial Nº 14.486, aprobada en septiembre y promulgada a comienzos de octubre. La iniciativa establece sanciones para quienes desarrollen la actividad de cuidacoches y mecanismos de intervención ante situaciones de violencia o extorsión, pero también contempla alternativas de inclusión social y reconversión laboral.
La discusión comenzó en la comisión de Obras Públicas durante la misma semana en que el Concejo aprobó la regulación de las aplicaciones de transporte. Allí apareció el primer contrapunto entre el oficialismo y la oposición. Mientras Unidos pretende avanzar rápidamente con la nueva normativa, los representantes del peronismo y La Libertad Avanza plantearon reparos para profundizar el tratamiento.
El próximo paso será este miércoles, a las 11, cuando se realizará en el Concejo una reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, y Convivencia y Seguridad Ciudadana. La convocatoria fue impulsada por el oficialismo, que pretende destrabar la discusión y avanzar con los dictámenes necesarios para llevar este jueves el proyecto al recinto.
El concejal de Unidos y presidente de la comisión de Gobierno, Fabrizio Fiatti, defendió la propuesta del Ejecutivo y aseguró que la ciudad necesita herramientas concretas para intervenir ante una problemática que afecta la convivencia y el uso del espacio público.
"El Ejecutivo envió al Concejo una ordenanza que separa la extorsión mafiosa, que debe combatirse con intervención policial y leyes de seguridad, de las problemáticas netamente sociales o de consumo problemático, que deben abordarse desde el área social. Ahora tenemos que discutirlo con responsabilidad y avanzar lo antes posible para que Rosario pueda contar con reglas claras y una respuesta definitiva", sostuvo.
La principal controversia gira alrededor de la aplicación de la ley provincial. Desde sectores de la oposición argumentaron que no correspondía avanzar con la adhesión municipal porque la normativa todavía no había sido reglamentada.
El oficialismo rechaza esa interpretación y sostiene que ya existe una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe que establece los primeros procedimientos para hacer efectiva la prohibición.
"Lo primero que requiere la resolución del Ministerio es que los municipios comuniquen si han prohibido la actividad de los cuidacoches y, a partir de esta prohibición, se establece el procedimiento para que, mediante acuerdos entre municipios y provincia, se permita la intervención de la policía ante las situaciones de extorsión o violencia", explicó Fiatti.
De acuerdo con esa postura, la aprobación de la ordenanza no debe esperar una reglamentación adicional, sino que constituye un paso necesario para que Rosario pueda avanzar en la coordinación operativa con las fuerzas provinciales.
"Durante mucho tiempo todos señalamos que hacía falta una ley provincial. Hoy la tenemos y, para lograr su aplicación efectiva en Rosario, es necesario complementarla con normas locales estableciendo las pautas de funcionamiento. Ahora que está la ley, que no se nieguen a debatir el tema", reclamó el edil.
El proyecto enviado por Javkin plantea una modificación del Código de Convivencia Municipal para incorporar expresamente la prohibición de la actividad de cuidacoches y establecer sanciones ante su incumplimiento.
Entre las medidas previstas aparecen multas económicas y horas de trabajo comunitario para quienes desarrollen tareas de cuidado de vehículos en la vía pública.
La iniciativa también contempla que los agentes municipales puedan solicitar apoyo de la policía provincial para intervenir ante situaciones de extorsión, amenazas o violencia relacionadas con esta actividad.
El esquema busca diferenciar las conductas que requieren una respuesta de seguridad de aquellas situaciones vinculadas con la vulnerabilidad social o los consumos problemáticos.
En ese sentido, el texto incorpora un apartado destinado al abordaje social y la reconversión laboral, mediante propuestas de capacitación en oficios, vinculación con oportunidades de empleo y acceso a dispositivos de acompañamiento sanitario y social.
"Ser firmes frente a las conductas que perjudican la convivencia no significa desentenderse de las situaciones de vulnerabilidad. La respuesta tiene que contemplar las dos dimensiones: recuperar el orden en el espacio público y, al mismo tiempo, generar herramientas para que quienes lo necesiten puedan construir otras oportunidades", argumentó Fiatti.
El concejal también remarcó que la actividad de los cuidacoches se convirtió desde hace tiempo en un problema que afecta la tranquilidad de quienes estacionan sus vehículos y la utilización del espacio público.
Para el oficialismo, la nueva legislación provincial y su adecuación municipal permitirán dejar de naturalizar situaciones en las que los automovilistas se sienten obligados a entregar dinero para estacionar en lugares públicos.
