La querella de la familia del niño que se ahogó en una de las piletas de la institución insiste en el pedido para imputar a tres directivos. Sostienen que se usaron "pruebas inventadas" para protegerlos
El nene de 10 años se ahogó el 2 de enero de 2024 en el Jockey Club.
A casi tres años de la muerte de Facundo Gorga por el ahogamiento en una pileta del Jockey Club, la querella anunció este martes un pedido para sancionar a los fiscales de la causa. Los abogados de la familia del niño denuncian que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) usó "pruebas inventadas" para proteger a directivos de la entidad.
La solicitud surgió en respuesta a una resolución del jefe regional del organismo judicial, Matías Merlo. El funcionario ratificó la decisión de los encargados de la investigación y así se negó a imputar a las autoridades de la institución por el fallecimiento del niño de 10 años que fue internado el 2 de enero de 2024.
Los representantes legales de los padres de la víctima recurrieron a la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, con la esperanza de revertir la postura del MPA en torno al caso. "Es evidente que el equipo de la Unidad de Delitos Culposos trabajó argumentando falsedades en el objetivo de colocar a estas personas fuera de toda sospecha de culpabilidad. Y lo más grave es que el superior que debió corregir esta actuación, los excusa admitiendo que fue un 'error de arrastre'", advirtieron en el escrito.
María José Chena y Gabriel Gorga, padres de Facundo, creen que la cadena de responsabilidad penal en torno al deceso de su hijo está incompleta en el expediente, ya que sólo hubo cinco imputaciones en el nivel más bajo. La pareja apunta contra el presidente del Jockey Club, Charles Roberts, el titular de la comisión del country, Jorge Sánchez Almeyra, y el gerente general Luis Luzzini.
Los fiscales Matías Edery y Valeria Piazza Iglesias concluyeron que no había elementos suficientes para determinar que los directivos estaban al tanto del riesgo en el sistema de filtrado de agua de la pileta donde se ahogó el niño. "Las autoridades sabían que ese ducto estaba sin protección porque sabían que el codo no estaba y que la reja tampoco, porque nadie la hizo poner", objetaron los abogados Víctor Corvalán y Evelyn Quain.
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En lo que respecta a las pruebas falsas, la querella criticó a los investigadores porque "inventan que el sistema de filtrado tiene dos bocas y que la segunda se ubica sobre la pared lateral sur". Facundo quedó atorado y sumergido contra la parte norte.
Por otra parte, los abogados creen que los encargados de la causa modificaron la declaración de un testigo para exculpar a los directivos. En la segunda resolución firmada por Merlo aparece la historia de un socio involucrado en un episodio similar al de la muerte de Facundo. La versión original decía que su brazo había quedado atrapado, mientras que la última decía: "Me succionó la panza un caño que estaba puesto ahí y que hoy ya no existe".
Desde el inicio de la investigación, el MPA imputó a la guardavidas que estaba trabajando cuando Gorga se ahogó, así como a dos intendentes del country de Fisherton y a dos personas a cargo del mantenimiento. Los fiscales indicaron que todos mantenían "contacto directo con la fuente de peligo y la supervisión persencial de las instalaciones".
La querella sostiene que hay varios antecedentes del riesgo que había en la pileta dulce por la falta de protección del ducto. Además del testigo antes mencionado, aportaron otros dos casos registrados entre 2019 y 2021. En el primero de ellos, el socio dijo que días más tarde había visto una nueva estructura colocada para resolver el problema. Los abogados de los padres del niño pusieron en duda este testimonio y apuntaron: "Lo que declara no fue constatado por nadie más, ni siquiera por toda la documentación informática analizada por los fiscales en la investigación penal preparatoria. De modo que se está teniendo por probado un hecho que no ha sido corroborado en su existencia, por quienes naturalmente deberían referirse al mismo de haber existido".
Los representantes legales de la familia de Facundo reiteraron que la investigación arrancó con el pie izquierdo y están disconformes con la situación actual. En cuanto a la labor de la primera fiscal asignada, Mariela Oliva, recordaron: "Demoró mucho algunas medidas que debió tomar en los primeros momentos de la investigación, como lo fue el secuestro de celulares y computadoras de los involucrados".
Tal como lo hicieron los propios padres de Gorga, los abogados plantearon que las autoridades del club estuvieron "lejos de colaborar para deslindar responsabilidades" y "le quitaban importancia a lo ocurrido". Ahora quieren que Vranicich revierta las resoluciones vinculadas al caso para habilitar la imputación a los directivos y cerrar el círculo en torno a la responsabilidad penal por la muerte del niño.
