A principios de diciembre, el gobierno nacional comenzó a tomar exámenes de idoneidad a más de 40.000 empleados públicos de todo el país, cuyos contratos vencen el último día del año. Para que sus contratos sean renovados, deberán demostrar sus capacidades en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y en leyes de administración pública. No, el examen no contempla preguntas con relación al funcionamiento de la administración pública o sobre funciones y desempeños específicos.
Desde ATE en Santa Fe consideraron "injusta" la evaluación ya que apunta a conocimientos fuera del área laboral y muchos deben tomarla después de años de trayectoria.
Si bien en Buenos Aires las evaluaciones ya empezaron a tomarse, aunque en el interior destacan que no hay precisiones sobre cuándo se llevarán a cabo. El examen está planteado en un inciso de la ley Bases como condición sine qua non para renovar los contratos en esta modalidad.
Por lo pronto, unas 2000 personas en Santa Fe se verán obligadas a tomar el examen si no quieren perder su trabajo.
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En Santa Fe deben rendir 2.000 empleados públicos
ATE Santa Fe afirmó que "son unos 2.000 los trabajadores que deberán pasar el examen en la provincia". Además, aseguraron que "la mayoría de los que rinden en otras provincias pasan el examen con un alto nivel de respuesta", y agregaron que la instancia "está pensada para seguir estigmatizando a los trabajadores del Estado".
La implementación de esta medida trajo una "psicosis importante" según el gremio estatal en Santa Fe. Afirmaron que "se crearon simuladores de las preguntas, aulas virtuales, tutorías, etc.". Los mismos organismos estatales fueron los que dispusieron esto para ayudar a sus empleados.
En Santa Fe se diagramó una encuesta para conocer la demanda sobre cuántos empleados son los que desean recibir algún tipo de ayuda o capacitación, aunque aún no fue difundida. Existen medidas cautelares en contra de la celebración de los exámenes y aún la Justicia no se expidió al respecto.
Cómo serán las evaluaciones a empleados públicos
La "Evaluación General de Conocimientos y Competencias" será obligatoria aunque no vinculante para el ingreso. Será presencial y anónima, con preguntas de opción múltiple; de una hora de duración y con un puntaje máximo de 100 puntos (se aprueba con 60).
Los trabajadores tendrán tres intentos para aprobar. Si reprueban, deberán solicitar un nuevo turno y realizar nuevamente el examen. Habrá tres tipos de evaluaciones según el perfil del empleado: servicios generales, administrativos y profesionales.
Cada prueba incluirá:
- Comprensión lectora: dirigida a todos los perfiles, con ejercicios que evalúan la interpretación de textos.
- Razonamiento lógico-matemático: incluye cálculos básicos, probabilidades y análisis de gráficos.
- Administración pública: exclusivo para administrativos y profesionales, con preguntas sobre derechos cívicos y leyes como el Código Electoral, la ley de ética pública y la ley de procedimientos administrativos.