La compañía de dragado Deme emitió un comunicado donde expresa su sorpresa y preocupación por "el notorio direccionamiento del pliego" de licitación de la hidrovía, que lleva adelante el gobierno nacional. En esta licitación está en juego un negocio que factura unos u$s 410 millones al año.
No es la primera vez que la compañía belga se refiere a ese tema. Ya había denunciado estas presuntas irregularidades ante la Justicia local.
En diciembre Dredging International NV (Deme) denunció ante el gobierno que la licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT) de los ríos Paraná y Paraguay (Hidrovía) está direccionada a la firma también belga Jan de Nul, quien tuvo la concesión durante los últimos 30 años.
En el comunicado retoma los argumento de la presentación judicial y menciona que las medidas que se están tomando "afectan la libre competencia y significarán sobrecostos innecesarios a productores y exportadores argentinos, de no revisarse el proceso".
Argumentan que "el perjuicio económico para la producción nacional se funda en que la ecuación utilizada para evaluar las ofertas en la licitación asigna un 60% de puntaje a los precios de la oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final. Por lo que el actual operador podría ofertar una tarifa más alta y aun así ganar la licitación".
Existen al menos otras dos compañías que están interesadas en ganar la concesión del dragado y el balizamiento de la Hidrovía por los próximos 30 años: son las neerlandesas Boskalis y Van Oord.
El negocio de la Hidrovía generará una facturación que el gobierno estimó en unos 410 millones de dólares por año. El 80% de las exportaciones de la Argentina (u$s 65.000 millones sobre u$s 80.000 millones, aproximadamente) salen por los puertos que están en los ríos Paraná y Paraguay.
El recurso de Deme fue imitado por Rhode Nielsen, que también impugnó la licitación por entender que está direccionada a Jan de Nul.
Así, el comunicado de Demer sostiene que "al privilegiarse los cuestionables aspectos técnicos que se detallan a continuación por sobre la oferta económica, un solo oferente –el concesionario actual- quedará en condiciones de fijar los términos comerciales a su antojo, viciando totalmente el proceso".
Entre las irregularidades a las que aluden detallan "plazo exiguo y documentación insuficiente: el tiempo para preparar las ofertas (55 días hábiles) es insuficiente en comparación con licitaciones similares y la documentación técnica proporcionada no es suficiente para realizar un análisis adecuado. Esto beneficia al operador actual que ya posee la información necesaria".
También hacen referencia a los "requisitos de equipamiento y calado máximo sin base técnica: se exige un calado máximo de 8 metros sin justificación técnica, lo cual limita la posibilidad de usar equipos más adecuados y favorece al actual concesionario, cuyo equipo ya cumple con esta restricción".
"Se trata, a todas luces, de un sinsentido que las autoridades a cargo del proceso todavía están a tiempo de corregir en beneficio de la transparencia y la economía de todos los argentinos", concluyen.