El reciente decreto presidencial N° 37/2025, que modifica el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, generó un conflicto gremial significativo en Puerto General San Martín y otros municipios del Cordón portuario del Gran Rosario. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, elimina la obligatoriedad de contratar serenos de buques para embarcaciones de bandera extranjera y lo fija como opcional, a criterio de los empresarios navieros. Esto afecta seriamente tanto a la seguridad nacional como las obligaciones laborales y compromete directamente unos 800 puestos de trabajo.

El Sindicato Único de Serenos de Buques, representado por su secretario general Antonio Ivaldi, expresó su preocupación por las implicaciones de este decreto. Según Ivaldi, la eliminación de la obligatoriedad de contratar serenos pone en riesgo la seguridad de los buques y facilita actividades ilegales como el contrabando y el tráfico de personas.

“La eliminación de la obligatoriedad de contratar serenos de buques es un golpe duro para nuestra profesión. Sin nuestra presencia, los buques quedan expuestos a actividades ilegales que ponen en riesgo la seguridad de todos”, afirmó Mario Scherini, delegado del sindicato en Puerto San Martín.

Recurso de amparo

La entidad gremial solicitó la habilitación de la feria judicial para presentar un recurso de amparo con medida cautelar que suspenda la aplicación del decreto. Además, se iniciaron negociaciones con representantes de agencias marítimas y autoridades portuarias para mantener las funciones de los serenos de buques.

Scherini explicó que la función de los serenos es fundamental para la seguridad de los buques, ya que vigilan que no ingresen personas no autorizadas ni mercancías ilegales. “Esto conlleva una serie de perjuicios obviamente para el sector laboral, que son los serenos de buque alrededor de 800 personas en todo el país”, agregó Scherini.

Subrayó que “que el sindicato está trabajando en conjunto con otros gremios y autoridades locales para encontrar una solución al conflicto. “Estamos reunidos acá para buscar el apoyo de los demás gremios y a ver qué solución le podemos dar a esto”, añadió.

Impacto en la comunidad

Carlos De Grandis, intendente de Puerto General San Martín, manifestó en “Una tarde perfecta” de LT8, su apoyo al sindicato y la preocupación por el impacto social y económico de la medida. Destacó que la eliminación de los serenos de buques no representa un ahorro para el gobierno, ya que los costos son asumidos por las empresas privadas. “Es lamentable que una medida como esta afecte a tantas familias y ponga en riesgo la seguridad de nuestros puertos. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los serenos de buques y buscar una solución que beneficie a todos”, afirmó De Grandis.

El intendente también mencionó que la medida podría tener repercusiones negativas en la economía local, ya que los serenos de buques desempeñan un papel crucial en la protección de las instalaciones portuarias y en la prevención de actividades ilegales.

“La verdad que duele mucho que la gente se quede en la calle en estos momentos difíciles que está atravesando el país. Cuando no hay ningún tipo de erogación que pueda afectar el gobierno nacional”, subrayó De Grandis y llamó a las autoridades nacionales a reconsiderar la medida y buscar una solución que no afecte a los trabajadores ni a la seguridad de los puertos.

“Esta es plata que ingresa de afuera hacia el territorio argentino y, en este caso, al Cordón industrial. Y de ese modo lo fortalece aún más y alivia esta problemática de lo que significa vivir hoy en el Cordón industrial”, subrayó el intendente puertense.

Acciones gremiales

Como respuesta a la decisión de Milei, el sindicato difundió un comunicado en el que detalla las acciones inmediatas que tomaron frente al decreto. “Esta medida que lleva la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afecta la seguridad nacional y modifica obligaciones laborales, por lo que de forma inmediata se está procediendo al pedido de habilitación de la actual feria judicial para el tratamiento de un recurso de amparo con pedido de medida cautelar en la Justicia nacional, que suspenda su aplicación”.

Señalaron, además, que “el momento de la publicación del decreto genera una dificultad extra, ya que hasta el 1 de febrero no se reestablecerán las autoridades judiciales, motivo por el cual, el pedido judicial no es directo, sino que requiere una autorización previa para su tratamiento.

También anunciaron que retomarán las negociaciones con los representantes de las agencias marítimas, y con distintas autoridades que intervienen en la operatoria portuaria, con el fin de continuar con las funciones de los serenos de buques.

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