El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se mostró “muy satisfecho” por el fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial que anuló la condena de 25 años de prisión para el policía Luciano Nocelli, por matar en 2019 a dos delincuentes en un procedimiento en la calle. El funcionario consideró que el agente del Comando Radioeléctrico “ya tendría que estar en libertad” mientras se revisa el caso.

“Nunca ocultamos que desde el Poder Ejecutivo se estaba trabajando en la posibilidad de aplicar una solución política, en el marco de la facultad constitucional que tiene el gobernador de dictar el indulto. Hubiera sido satisfactorio, porque el indulto elimina la ejecución de la pena, pero no la condena en sí y las responsabilidades civiles y administrativas”, sostuvo Cococcioni

El funcionario brindó declaraciones a la prensa durante el procedimiento en el que se inactivaron dos departamentos del barrio Fonavi de Sánchez de Thompson al 200 bis, donde funcionaban dos búnkeres de venta de drogas. Al ser consultado sobre el fallo de la Corte que anuló la condena a 25 años impuesta sobre el policía, Cococcioni expresó que “Luciano quiere, cuando se limpie su nombre y su situación legal, volver a la policía y solamente una solución judicial le puede garantizar eso”.

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Al ser consultado sobre si Nocelli, tras el fallo conocido ayer ya puede recupear la libertad, Cococcioni opinó: “Es una situación jurídica que tiene cierta complejidad. Desde nuestro punto de vista, la Corte no es un órgano de tercera instancia, es un órgano de control de institucionalidad que señala defectos o violaciones constitucionales, y cuando se da éso reenvía el caso a un tribunal inferior para que sea revisado y se dicte una nueva sentencia”.

Cococcioni aclaró: “Nocelli no está absuelto. Se anuló la condena. Su situación equivale a lo que era, en términos del viejo código de procedimiento, un procesado. Está privado de la libertad, pero no tiene condena firme. Esto es discutible. Nocelli puede entender que está en prisión preventiva, y la prisión preventiva tiene en principio un límite de dos años, prorrogable por uno más. Nocelli lleva cinco años y medio privado de la libertad. Para mí, Nocelli ya tendría que estar en libertad, sin perjuicio de lo que se demora la revisión de la causa”, subrayó.

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Los detalles del caso

La Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe anuló ayer la condena a 25 años de cárcel de Luciano Nocelli, el policía que en 2019 abatió a dos delincuentes armados en un enfrentamiento que se produjo en la zona sur de Rosario.

El procurador general, Jorge Barraguirre, ya se había pronunciado en ese sentido, al igual que el gobernador, Maximiliano Pullaro. Ahora, los cinco votos del Máximo Tribunal provincial (no estuvo de acuerdo con el fallo el ministro Daniel Erbetta) determinaron la anulación de la condena, y la causa debe volver a segunda instancia para que otro tribunal emita un nuevo fallo.

Jimena Daiana Gramajo, de 25 años, y Maximiliano Rosasco, de 35, murieron acribillados el 21 de mayo de 2019 en Buenos Aires y 27 de Febrero. Según la versión oficial, momentos antes el hombre había intentado cometer un asalto y eso motivó la intervención de los policías (Nocelli iba acompañado por su compañero del Comando Radioeléctrico), la resistencia a tiros de uno de los maleantes y la respuesta armada de los efectivos.

En el juicio, para los magistrados, quedó demostrado por los registros de cámaras públicas que, al tirotearse con los policías, Rosasco venía de intentar robarle con un arma a una mujer unos metros al sur.

En el juicio de abril de 2022, Nocelli fue condenado a 25 años de prisión por el doble homicidio. Los jueces consideraron que la respuesta policial estuvo justificada al comienzo pero, segundos más tarde, derivó en “un accionar claramente por fuera de la ley” cuando el uniformado le disparó a la mujer dos veces a corta distancia por la espalda y por último realizó dos tiros de remate al ladrón que se encontraba malherido y desarmado en el piso.

Tanto Nocelli como su compañero, Hugo Leone, fueron absueltos en su momento en una causa por falsificación del acta de procedimientos.