Se constató que hay 12 personas que en los últimos años adquirieron 200 armas que ya no están en su poder. Tampoco pudieron justificar legalmente con qué recursos las pagaron.
Parte de las armas de fuego secuestradas en armerías y domicilios
Catorce personas, en su mayoría registradas como legítimos usuarios, fueron acusadas de haber adquirido armas de fuego sin poder justificar con qué recursos y con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal. Once de los acusados quedaron en prisión preventiva.
En tal sentido fueron imputadas de diversos delitos como provisión ilegal de armas de fuego, tenencia ilegítima y hasta una participación necesaria en un homicidio. Según se indicó desde la Fiscalía Regional 2 los sospechosos fueron imputados por el fiscal de Homicidios Patricio Saldutti y sus pares Gastón Avila y Carla Cerliani, del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego.
Luego pidieron la prisión preventiva y el juez Hernán Postma dictó esa medida cautelar hasta el próximo 10 de diciembre para Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Josué C., Julián B.E., Marcio M., Jorgelina B., hasta el 3 de febrero de 2025 para Flavio P., y Lucas P y por el plazo de ley para Claudio S. Asimismo, para Alfredo P., Pablo M. y Daniel P. se dispusieron medidas alternativas por el plazo de 3 meses.
Los fiscales les atribuyeron a Lucas P., Flavio P., Alfredo P., Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Josué C., Julián B.E., Marcio M., Jorgelina B. y Claudio S. haber aprovechado su calidad de legítimos usuarios registrados ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para comprar armas de fuego con el objetivo real de desviarlas al mercado ilegal entregándoselas a personas que no tenían autorización. Según los fiscales, para realizar esas compras los imputados dispusieron de un monto de dinero que no pudieron justificar legalmente.
Uno de los imputados, Claudio S., fue acusado de haber denunciado falsamente haber sufrido el pasado 20 de mayo de este año el robo de cinco armas de fuego que presuntamente habían sustraído de su domicilio, pero la investigación estableció que habían sido entregadas a personas que no tenían autorización. Entre esas armas, una pistola Taurus G3 calibre 9 milímetros fue secuestrada horas antes de esa denuncia en manos de dos personas imputadas por un doble homicidio.
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“Empezamos a buscar personas que tuvieran varias armas calibre 9 milímetros y encontramos que usuarios con varias armas no tenían situaciones patrimoniales que les permitieran comprarlas. Hay gente que compró cuatro o cinco pistolas semiautomáticas el mismo día, son bienes caros. Y empezamos a hacer una investigación en la que establecimos que había 12 personas que en los últimos cuatro años habían comprado en total unas 200 armas de grueso calibre. Cuando hicimos allanamientos para encontrarlas, de esas 200 armas registradas hallamos solo dos en manos de esos usuarios. Ahí hay casi 200 armas volcadas al mercado negro”, resumió el fiscal Gastón Avila respecto de lo que se denomina en la jerga como “compras de paja”.
Con los imputados en prisión preventiva la investigación avanzará en determinar los vínculos que puedan haber entre esas personas, muchas de las cuales en principio no se conocen
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