"No vamos a tolerar corrupción": el mensaje de Vranicich tras la prisión del exfiscal Mariano Ríos Artacho

La fiscal general de la provincia, Cecilia Vranicich brindó un fuerte mensaje de respaldo institucional a la investigación que ubica al exfiscal Mariano Ríos Artacho como jefe de una asociación ilícita que desvió más de 400 millones de pesos depositados en cuentas judiciales. “El Ministerio Público de la Acusación (MPA) no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”, dijo tras la audiencia en la que el exfuncionario quedó en prisión preventiva por noventa días.

Vranicich formuló declaraciones tras la audiencia en la cual la jueza María Trinidad Chiabrera resolvió dejar preso a Ríos Artacho y a otros cuatro acusados de colaborar con las maniobras de defraudación. Tras definir los actos de corrupción institucional como uno de los objetivos prioritarios del MPA, junto con los casos de violencias altamente lesivas, remarcó la complejidad de una investigación que impulsó “la propia unidad de Delitos Económicos, que a través de los carriles institucionales notificó a los órganos de dirección”.

Ríos Artacho era fiscal de esa unidad y quedó en el centro de una pesquisa judicial cuando se descubrieron anomalías en una cuenta judicial. De 148 cuentas en las que se depositan dinero de fianzas, secuestros, cauciones o reparaciones a víctimas, se analizaron 48. De ese total se acreditaron al menos doce hechos delictivos de desvío de fondos. Las maniobras, según expusieron en la audiencia los fiscales Adirán Spelta y Carla Cerliani, se extendieron a lo largo de siete años. El monto detectado del desfalco asciende a 425 millones de pesos.

“Es una investigación muy compleja que se ha llevado adelante prácticamente en menos de tres meses. Es importante decir que viene de la mano de una etapa de fortalecimiento y refundación que estamos viviendo en el MPA. Esto, lejos de debilitarnos, nos fortalece”, consideró la fiscal general en conferencia de prensa. Vranicich dijo sentirse “defraudada en lo institucional” ante la probabilidad de un delio cometido por “un excompañero” del MPA.

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“Hemos hecho lo que corresponde. Desde el año 2023 en el que comencé a ejercer la la fiscalía general, el MPA no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”, planteó. La funcionaria remarcó no obstante que se trata de “un caso” en un cuerpo de “214 fiscales en toda la provincia, trabajando con responsabilidad y compromiso. Tenemos fiscales condenados y hemos dado señales de que no nos tiembla la mano ni el pulso. Porque lejos de entender, como muchos años sucedió en el Poder Judicial, que mostrar lo malo debilitaba la institución, creemos que corresponde a una ética pública”.

La mecánica detectada en el caso, de acuerdo con la acusación, consistía en transferir dinero secuestrado en cuentas judiciales a personas que no tenían relación con las causas a las que esos fondos estaban ligados. Spelta, jefe de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, explicó a la prensa que las maniobras se concretaron a partir de oficios firmados por el exfiscal.

"En estos siete años se transferían los fondos depositados como fianzas o reparación de las víctimas o secuestrados en algún procedimiento. De esa manera salían de las arcas del Estado e iban a particulares. Luego iban subiendo en esta estructura piramidal hasta llegar al fiscal responsable de la causa”, dijo. Desde 2017 hasta la actualidad esto representó el desvío de 425 millones de pesos. Se acreditaron 21 hechos de peculado, quince de fraudes a la administración pública y 21 falsedades ideológicas de instrumento público, indicó.

En algunas cuentas, se acreditó, se reintegraba el dinero cuando las causas a las que estaba ligado se encontraban cercanas a una etapa de revisión: “Hay un porcentaje que fue retornado. De doce causas, en nueve de ellas no hubo retorno de valores y en tres sí”, precisó Spelta.

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Ríos Artacho fue imputado como jefe de una asociación ilícita con cuatro organizadores. Durante el trámite, el exfiscal declaró que incurrió en esas maniobras por padecer de ludopatía. “Este tema fue abordado por la jueza —evaluó Spelta—. Entendió que es una enfermedad reconocida y que debe ser considerada al momento de evaluar una futura pena, pero que de ninguna manera la va a bajar el reproche que se les tiene que hacer a las personas intervinientes”.

Consultada sobre posibles fallas en materia de controles internos, Vranicich respondió, citando lo dicho por la jueza en audiencia, que “las leyes de ética profesional de la administración pública requieren de quienes concursaron para el cargo conductas de buena fe y transparencia”. Al respecto, Spelta señaló que fueron los propios colegas de Ríos Artacho quienes detectaron las maniobras en la medida que debían plasmar su firma en los oficios. “Ellos fueron los primeros engañados. Luego el Banco Municipal, luego el resto de la sociedad”.