Este jueves a las 11.30 comenzó la audiencia imputativa en la que los fiscales federales Federico Reynares Solari, del Ministerio Público, y Juan Argibay Molina, de la Procelac, más Matías Scilabra de Procunar, expusieron distintas cuestiones y pruebas indiciales por las cuales el juez Marcelo Bailaque cometió actos indebidos en tres actos: el manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, probables demoras y retención de expedientes en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, y una causa originada a partir de un expediente que involucra a empresarios que fueron denunciados de manera anónima, todo con la probable connivencia con personal de la ex Afip y Aduana, en la hoy reconvertida Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, que pertenece a otra jurisdicción judicial y asumió la audiencia, fue recusado por el penalista Paul Krupnik, defensor de Claudio Vaudagna, un funcionario de Arca, con el argumento de que el juez había participado en el juicio por lavado de activos llevado a cabo a Esteban Alvarado y a su por entonces esposa Roca Capuano. Esto motivó un cuarto intermedio hasta el viernes con horario a definir y la decisión de tomar o no la recusación. En este caso, el juez fue puesto al frente de la audiencia porque, según trascendió, algunos jueces locales podían haberse excusado de administrar la audiencia en la que está implicado un par.
Una de las investigaciones contra el juez la lleva adelante el fiscal Federico Reynares Solari, del Ministerio Público Fiscal, y es por el manejo de fondos de la intervenida cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, que había sido conducida históricamente por el sindicalista Herme Juárez, quien fue detenido en 2019 por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. El juez de Campana ordenó el bloqueo de la astronómica cifra de mil millones de pesos de la cooperativa. En este caso, Bailaque con el argumento económico judicial de que podía obtenerse una mejor tasa de interés por ese dinero, cerca de 1 millón de dólares, direccionó la plata a la mutual de la que es integrante el empresario Fernando Whpei. Para los fiscales el dinero debía depositarse en el Banco Nación o Macro, que eran las otras opciones, ya que debían ser entidades reguladas por el Banco Central y no una mutual.
Reinares Solari sostuvo que el juez no hizo lugar a la recusación en su contra, que habían presentado un grupo de estibadores y que indicaba que estaba beneficiando a su amigo, Whpei, lo que constituía una irregularidad. “En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año con Whpei. Claramente es amigo hasta el día de hoy, por otra parte el juez dijo en su momento que nunca negó ser amigo de Whpei ante requisitorias de otros jueces, una avivada judicial ya que sostuvo que hasta ese momento nadie se lo había preguntado", sostuvo el fiscal. Desde Fiscalía por el momento no citarían a Whpei al estrado.
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La otra causa es la presunta vinculación entre Bailaque y el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. El contador personal del juez es Gabriel Mizzau, el mismo que firmó los balances contables de las firmas que supo poner a su nombre Alvarado y por las cuales el hampón terminó condenado por lavado de activos. Por otra parte, trascendió que el hijo de Mizzau, funcionario judicial, trabajó como empleado del magistrado en su juzgado de instrucción hasta hace pocos meses que pasó a un tribunal oral.
Mizzau fue imputado junto con el contador Eduardo Semino por haber prestado “asesoramiento” al llevar la contabilidad del entramado societario que utilizó Alvarado desde 2014 en adelante. El fiscal de la Procunar, Matías Scilabra, destacó en la audiencia que ni Mizzau ni Semino hicieron reportes de operaciones sospechosas por la actividad de: Edra, Logística Santino, TOIA y Sagrado Corazón de María, las cuatro empresas relacionadas con el capo narco y que mientras Mizzau era contador personal del juez, éste denegó medidas pertinentes a la causa Alvarado como intervenciones telefónicas a Capuano, justamente relacionada con el contador. “El juez debería haberse excusado de intervenir, es llamativo", señaló Scilabra.
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Por último, y en lo que haca a la causa que involucra al Arca (ex Afip) el fiscal Juan Argibay Molina expresó que el caso investigado es una red en la que estaría involucrado el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y trabajadores de alta jerarquía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para perjudicar al empresario Claudio Iglesias en 2019, a quien se investigó por una denuncia anónima que ingresó primero al despacho de Bailaque y luego a la por entonces Afip, desde donde se había enviado la información, según afirmó el fiscal.
Después de ponderar que la causa contra Iglesias tenía una estrecha correlación en las fechas en las que Bailaque mantenía encuentros, comidas con el directivo de la ex Afip Carlos Vaudagna, Argibay Molina señaló: “Hay intercambios entre Vaudagna y Bailaque el día de los allanamientos al juez". Estas pruebas fueron objetadas por la defensa de los implicados, por una cuestión de fechas y pertinencias a la investigación. La hipótesis es que con la información obtenida cometían manejos "un tanto dudosos"
El caso reveló para los fiscales una forma de delito por el cual se tomaban hechos de delitos penales económicos, como contrabando, evasión o lavado, y esta cadena presionaban a los aparentes infractores para obtener beneficios económicos. Una red presunta de corrupción institucional. La denuncia anónima, que el juez tomó a su cargo y sin derivarla a los fiscales, se refería a un grupo de empresarios que manejaba una mesa de dinero e información muy puntual del accionar de otros empresarios.
En esta audiencia Argibay Molina pidió la apertura de todos los elementos secuestrados en los allanamientos de la semana pasada en el despacho del juez -celulares, computadoras–, acceso al sistema de mensajería del Poder Judicial desde el 14 de febrero de 2019 hasta la actualidad, y un pedido de autorización para hacer relevamiento patrimonial y financiero de todos los investigados, por lo que se requirió levantamiento de secreto fiscal, bancario y bursátil.
Si bien el caso es de una extrema relevancia institucional, el juez Marcelo Bailaque, quien conoció a varios de los implicados a través de relaciones históricas forjadas en un conocido colegio secundario de la ciudad, posee fueros por su condición. En las otras causas, al ser lavado de activos, la pena en el caso de llegar a juicio, podrían ser de ejecución condicional.∏
