Un hombre de 42 años comenzó a ser juzgado por el régimen de encierro y vigilancia al que sometió a su pareja a lo largo de casi dos años en la localidad de Maciel. El control se extendió en ese lapso a pesar de que en una ocasión la víctima logró escapar y realizar una denuncia policial por amenazas. El debate se realiza en los tribunales de San Lorenzo y la fiscalía solicitó una pena de 6 años de prisión efectiva para el acusado por delitos de amenazas, tenencia de arma y privación ilegal de la libertad.
El caso se conoció recién a partir del inicio del debate oral y público contra Sergio A., de 42 años, cuyo apellido no fue dado a conocer. El juicio arrancó el martes en los tribunales de San Lorenzo ante el juez penal Nelson Martín Fogliato. La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Victoria Vigna, quien reconstruyó situaciones de dominio que se extendieron por casi dos años, entre enero de 2023 y diciembre de 2024.
Según planteó la encargada de la acusación en la audiencia de apertura, el acusado sometió a su pareja a un régimen de control que incluyó la restricción de su libertad. Esa “vigilancia constante” fue ejercida dentro de la vivienda que compartían en la localidad de Maciel. Bajo amenazas, según planteó, A. restringió los movimientos de la víctima y su capacidad de tomar decisiones.
Cautiverio en Maciel
Esa situación tuvo un punto de quiebre la madrugada del 11 de agosto de 2023. A las 0.30, en medio de una discusión, el acusado amenazó a la mujer con una escopeta y le dijo que le causaría la muerte si ella lo dejaba. La víctima logró salir corriendo hacia la comisaría local para pedir auxilio y en ese momento Sergio A. aprovechó para huir del domicilio. Allí guardaba sin autorización legal una escopeta calibre 16 marca Centauro, cuya tenencia ilegal le fue imputada.
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Pese a ese incidente, el período de coacción sobre la víctima continuó hasta el 18 de diciembre del año siguiente, fecha en que según la fiscalía cesó la privación ilegal sobre la mujer. Durante todo ese lapso, indicó la fiscal, fue sometida a un control permanente para que realizara determinadas acciones y no abandonara el domicilio, del que sólo podía ausentarse si su pareja la autorizaba. También la amenazaba de muerte en caso de que no regresara o intentara presentar una denuncia en su contra.
Bajo este cuadro, la fiscal Vigna solicitó 6 años de prisión para A por los delitos de amenazas coactivas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo, por ser cometida bajo amenazas y por su duración en carácter de autor. Delitos por los que, además de la pena de prisión, solicitó que se le imponga al acusado una multa y sea declarado reincidente.
