El exfiscal Mariano Ríos Artacho seguirá en prisión preventiva como jefe de una organización que desviaba fondos millonarios de cuentas judiciales, una maniobra que se extendió varios años y que —según lo constatado hasta el momento— llegó a sustraer unos 425 millones de pesos de fondos depositados bajo custodia institucional. La medida fue avalada por la camarista penal Carolina Hernández luego de que el exfuncionario y cuatro acusados como colaboradores apelaran las restricciones cautelares que pesan sobre ellos desde septiembre, cuando fueron imputados en el caso. La magistrada mantuvo las detenciones hasta el 2 de diciembre, respaldó el curso de la investigación y sostuvo el encuadre de asociación ilícita que cuestionaban las defensas.
La resolución se conoció este lunes tras la audiencia de apelación promovida por Ríos Artacho y los restantes implicados que están en prisión preventiva. A comienzos de septiembre habían sido involucrados en la sustracción de fondos depositados en cuentas judiciales. Entonces la jueza de primera instancia María Trinidad Chiabrera imputó al exfiscal como jefe de una asociación ilícita y le dictó la prisión preventiva por noventa días junto a los cuatro acusados como sus colaboradores más cercanos en las maniobras: Julio Héctor M., Fabricio Emanuel R., Gustavo C. y el abogado penalista Emilio B. Otros seis imputados recuperaron entonces la libertad. Se trata de Nahuel R., Agostina R., Bruno B., Paola B., Daniel C. y Daniel B.
Las maniobras se extendieron durante unos siete años y se concretaban mediante oficios firmados desde las propias investigaciones judiciales. La pesquisa comenzó a partir de una anomalía detectada en una cuenta. Hasta el momento, los investigadores analizaron 48 de un total de 148 cuentas judiciales. Mediante una estructura que describieron como piramidal, el dinero terminaba en manos de quienes tenían relación directa con el exfiscal, a quien en algunos casos le retornaba el dinero.
Problemas con el juego
Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, a cargo de la acusación, sostienen que el mecanismo permitió durante años retirar fondos que estaban bajo custodia judicial y hacerlos circular por una estructura de personas que funcionaban como intermediarios.
Al apelar las medidas cautelares, las defensas plantearon que se trató de situaciones aisladas que los implicados realizaron por sus relaciones de amistad o cercanía con el exfiscal, sin que se llegara a conformar una asociación ilícita estructurada. En ocasiones, dijeron, actuaron sin conocer el origen ilícito de los fondos.
El propio Ríos Artacho pidió la palabra durante la audiencia. Indicó que las sustracciones de dinero obedecieron a sus problemas con el juego. Pero negó haber conformado o dirigido una asociación ilícita. Ofreció reparar los daños patrimoniales y sostuvo que había manipulado la confianza de otras personas y compañeros de trabajo.
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Sobre este punto, la camarista consideró que la ludopatía podría explicar la motivación de los actos investigados, pero esto “no resulta incompatible” con la existencia de una organización delictiva. Ni impidió el diseño de un mecanismo “sostenido en el tiempo y con intervención de distintas personas, distribución de aportes y utilización irregular de fondos públicos”.
Si bien aclaró que la causa se encuentra en una etapa inicial, que la investigación es compleja y que será sometida a futuras revisiones, la jueza consideró que las evidencias permiten respaldarla. En ese sentido, entendió que las relaciones de amistad entre los acusados, sus vínculos derivados del juego o de viajes en común, de manera fragmentada, no demuestran un delito. Pero adquieren otro sentido si se los analiza en conjunto.
El método
“Son precisamente los elementos indirectos, periféricos e indiciarios los que permiten determinar si existió un acuerdo criminoso”, consideró Hernández. Uno de los requisitos que tuvo en cuenta para avalar la hipótesis de una asociación ilícita fue “la existencia de planes delictivos” que excedieron los hechos aislados. En este punto, evaluó: “La evidencia permite advertir una metodología que no aparece improvisada”. Y que se fundó sobre “una fuente específica de oportunidades delictivas: fondos depositados en cuentas judiciales y el conocimiento acerca de su existencia y disponibilidad derivado de la posición funcional que ocupaba Ríos Artacho”.
Advirtió además mecanismos dotados a dotar de apariencia jurídica la disposición sobre esos fondos, mediante oficios que permitieran las transferencias a terceros. Luego, “el dinero no permanecía necesariamente en poder de quien aparecía como receptor”. Así, se constató una secuencia en varios pasos: la identificación de los fondos disponibles que tenía a su cargo el exfiscal, el desvío mediante oficios, la transferencia de parte de esas sumas a cuentas de terceros o familiares —dinero que en ocasiones retornaba a Ríos Artacho—, así como algunos intentos de recomponer el rojo cuando alguna circunstancia judicial lo requería.
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“No es necesario —dijo Hernández— que todos los integrantes se conozcan entre sí ni que participen en todos los hechos. Lo relevante es establecer si sus comportamientos pueden razonablemente ser comprendidos como aportes a una estructura común y relativamente estable. Y ello se advierte”.
El rol de jefe
En ese esquema, entendió que el rol de jefe atribuido a Ríos Artacho tiene respaldo en la evidencia, “pues no aparece como un integrante más dentro del circuito investigado sino como quien, desde su función fiscal, contaba con el conocimiento, acceso y facultades necesarias para disponer de los fondos depositados en las cuentas judiciales y generaba o suscribía los oficios que posibilitaban su extracción o transferencia hacia terceros”. A ello se suma que, en varios episodios, parte del dinero recibido por éstos retornaba luego hacia el propio Ríos Artacho.
La jueza consideró que el esquema de relaciones del exfiscal “no desaparece automáticamente por su renuncia” y dimensionó la afectación institucional de los hechos. Bajo este análisis, descartó planteos alternativos a la detención y confirmó las medidas de prisión preventiva que pesan sobre el exfuncionario y otros cuatro acusados hasta el 2 de diciembre, mientras se profundiza la investigación con medidas aún pendientes que la camarista consignó en su escrito.
