La partera seguirá siendo investigada por la supresión de identidad de varios bebés, uno de ellos registrada como su propia hija
Marcelo Bustamante / La Capital
La partera seguirá siendo investigada por el robo de bebés durante más de 10 años.
En los tribunales de la Justicia Federal se rechazó este miércoles el pedido de prescripción para el caso de la partera Dolly, una trabajadora del Hospital Roque Sáenz Peña que es investigada por la supresión de bebés entre 1968 y 1980 en Rosario. La solicitud había llegado por parte de su defensa, pero fue desestimada, y en este marco la investigación continúa.
Dolly recibió al menos 12 denuncias por supresión de la identidad, una de ellas la de Silvina Garrido, que fue apropiada y pensó durante 15 años que era hija legitima de la partera.
Según lo resuelto en la audiencia de formalización, la partera Dolly, hoy de 88 años, seguirá siendo investigada. La propia Garrido señaló que era común, en la casa de su infancia, ubicada a pasos del Batallón 121, recibir visitas de militares. “Ella colaboraba a cambio de que los militares la protegieran o la dejaran hacer sus delitos de manera tranquila”, relató a los medios.
El pasado 18 de septiembre, la fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, imputó a la partera Dolly Viale de Garrido por supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970. Esta acción judicial destapó un sin fin de casos que sumaron, al menos públicamente, sus denuncias.
Ahora la fiscalía federal de Rosario busca determinar si existió una modalidad sistemática de entrega de recién nacidos a cambio de dinero. La imputada no quedó detenida y el juez impuso medidas de restricción.
García acusó a Dolly de hacer un certificado de nacimiento en el que designó como padres biológicos a dos personas que no tenían ese vínculo. Los denunciantes aseguran haber sido separados de sus madres biológicas y entregados a otras familias durante el período en que la acusada trabajaba como partera.
El caso que derivó en la imputación se inició con la denuncia presentada el 15 de abril de este año por la mujer que figura en la partida como C.E.M.Q. Según la investigación, durante años tuvo dudas sobre su origen biológico y en 2012 pidió un estudio de ADN a quien figuraba como su madre.
El análisis determinó que no existía vínculo biológico entre ambas. A partir de esa información, la mujer comenzó a reconstruir las circunstancias de su nacimiento y denunció que había sido entregada a la familia que la crio mediante una maniobra en la que habría intervenido la partera.
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Según la acusación, “Dolly” confeccionó un certificado en el que hizo constar que E.A.Q. y A.T.B., ambos fallecidos, eran los padres biológicos de la recién nacida. Con ese documento se realizó posteriormente la inscripción en el Registro Civil. La fiscalía sostiene que la maniobra implicó la utilización de un instrumento público para establecer una filiación falsa y que sus efectos se mantienen hasta la actualidad, ya que la mujer continúa sin conocer su identidad biológica.
Además del caso que originó la denuncia, la fiscalía recibió los testimonios de otras cinco personas que aseguran haber sido víctimas de maniobras similares. Todas plantearon dudas sobre su identidad de origen y señalaron circunstancias relacionadas con entregas de bebés ocurridas durante el período en que la imputada trabajaba en el área de maternidad.
Una de las denunciantes fue criada como hija de la propia partera. Para determinar si existe un vínculo biológico entre ambas, el juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz autorizó una extracción compulsiva de ADN de la acusada.
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La medida busca establecer si la mujer inscripta como hija de la partera es efectivamente su hija biológica y podría aportar información para determinar el alcance de la investigación. El juez rechazó además el planteo de la defensa que sostenía que los hechos estaban prescriptos. Consideró que se trata de un delito continuado y que sus efectos se mantienen mientras no se establezca la verdadera identidad de las personas afectadas.
La Cámara Federal de Rosario planteó en su fallo que los funcionarios permitieron el vuelco de 350 millones de litros diarios de líquidos cloacales sin tratar durante al menos tres años
Por Lucas Ameriso
Por Facundo Borrego
