La investigación judicial sobre tráfico de niños en procura de una organización que habría captado a una joven rosarina con el objetivo de gestar una niña (y que habría intentado vender por 10 millones de pesos a una pareja de hombres italianos), tuvo otro capítulo este viernes. A los allanamientos que se produjeron a principios de octubre en un bufete de abogados, escribanías y clínicas de fertilidad, se sumaron nuevos procedimientos en diversos sanatorios de la ciudad.

Los primeros allanamientos en Rosario y Buenos Aires, a principios de octubre, los ordenó la jueza María Eugenia Capuchetti. Después, la causa fue derivada al juez Federico Villena.

Este viernes por la tarde se sumaron otros allanamientos ordenados por el juez Villena, a cargo de la División de Delitos contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El organismo realizó diez procedimientos en clínicas y centros de salud pertenecientes a un conocido grupo prestador de salud. Según fuentes policiales, “los allanamientos fueron positivos y se recolectó información importante para la causa”.

La investigación inicial se abrió en enero por una denuncia de Cancillería al recibir un alerta desde Alemania, donde una ciudadana de ese país, de 58 años, llegó a un hospital con un bebé de tres meses de nacionalidad argentina en muy mal estado de salud.

Organización

El objetivo de esta organización sería captar mujeres gestantes para colocar mediante una venta de niños, al menos justificada en los "papeles", en el exterior. La semana pasada una pareja de italianos fue interceptada en el aeropuerto de Ezeiza. Intentaba viajar a Europa con una beba de dos semanas gestada por una rosarina de 28 años. En cuanto a los allanamientos de este viernes, las fuentes expresaron que buscaban conformar el caso judicial con datos clave como la internación de la mujer, el pago de la factura, si una empresa o clínica de fertilidad tuvo alguna intervención y el hallazgo de los implicados en los trámites de la gestación de la niña.

El 23 de octubre, los dos hombres italianos se disponían a viajar a Europa y llegaron a Ezeiza para partir en compañía de una mujer de 28 años que debía autorizarlos mediante un documento público para que viajaran con una beba. El documento de la nena, de pocos días de vida, certificaba que la mujer y uno de los hombres eran los padres de la niña.

Según informaciones a las que tuvo acceso la prensa, desde Migraciones prohibieron la salida del país a la pareja porque llamó la atención, por su desigualdad social, el aspecto de los italianos con la mujer que debía autorizar la salida, quien aparecía en el documento de la beba como su madre. La investigación determinó que la mujer de 28 años había sido captada en Rosario, que vivía en un asentamiento de zona oeste y que habría firmado algunos documentos que habilitaban el contrato de "vientres".

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Según declaró, le habrían pagado 6 millones de pesos durante el embarazo y 10 millones al final. En los papeles, corroborados con una escritura pública, la hija es de la joven que la dio a luz y de uno de los italianos, un oncólogo de Padua. El médico tenía registrado un solo viaje previo a la Argentina, en agosto de 2023, según datos de Migraciones, y al comparar fechas, no coincidía con la concepción de la niña. La mujer, en tanto, nunca abandonó la Argentina. Esto abrió la posibilidad de la concepción por tratamiento y la subrogación de vientres.

En la investigación interviene la Procuración de Trata de Personas (Protex), que no posee oficina en Rosario, y en su momento detectó en Alemania un caso similar con una beba nacida en Argentina.

Derivación

El caso lo tomó el juez Villena, quien lo remitió al fiscal Sergio Mola, quien pidió que se iniciara una investigación penal por tres posibles delitos: trata de personas, venta de niños o apropiación de menores. El juzgado le dio intervención a personal del programa de trata de personas del Ministerio de Justicia, que entrevistó a la mujer. En un comienzo, ella dijo que había conocido a la pareja de italianos.

La joven refirió que a los 18 años ya había “donado” óvulos por necesidad económica y que otras chicas de su barrio también participaban de tratamientos como este a cambio de dinero. Meses atrás fue contactada por intermediarios a través de un grupo de Facebook, quienes le ofrecieron 10 millones de pesos, le hicieron varios análisis y le dijeron que estaba apta para la subrogación de vientre. La negociación se habría realizado en un bar de Oroño y Jujuy, pero hasta este viernes no se pudo determinar cuál es la organización que la habría contactado.

Luego, se contrató un plan de una prepaga y le hicieron firmar una serie de documentos que ella declaró que "no terminó de entender". A los seis meses de embarazo le pagaron 6 millones de pesos, que la joven quería utilizar para construirse una habitación en la casa de su madre. Después del parto, de acuerdo con su relato, le explicaron que la pareja criaría a la beba en Italia, que ella no tendría contacto con la niña y que no se podía arrepentir porque la pequeña no iba a ser de ella.

Un funcionario del Ministerio aseguró que la joven “está en una situación de extrema vulnerabilidad” porque tiene una muy mala situación económica, no tiene trabajo, no terminó el colegio y cría sola a una hija, por lo que los investigadores creen, a partir de estos elementos y del relato que ella hizo al programa de trata del Ministerio de Justicia, que no prestó su vientre con fines altruistas y desinteresados sino que lo hizo porque necesitaba el dinero.

La pesquisa

El juez Villena ordenó allanamientos y fueron secuestrados los teléfonos de la mujer y del hombre que figuran registrados como los padres de la niña, de los cuales surgieron algunos datos que llamaron la atención de los investigadores y dieron paso a los allanamientos realizados este viernes en Rosario.

Un dato llamativo es que la empresa que hizo las gestiones se comunicaba con la chica a través de mensajes temporales y que pagaba casi todo en efectivo (incluso las cuotas de la prepaga).

Las primeras actuaciones las realizó la fiscal de la Protex, Alejandra Mángano. "Las personas humanas y jurídicas contra las que se dirige la investigación difundían sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un «servicio» (que en algún caso, por ejemplo, era denominado «Programa Argentina»), con un valor aproximado de 50.000 dólares”, señaló la fiscal en el dictamen donde pidió los allanamientos.