El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó este viernes que pese a que el gobierno nacional tiene la intención de tratar el pliego del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema nacional el jueves próximo en la Cámara de Senadores, aún no están los votos necesarios para su aprobación.
“Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los dos tercios. No es un tema que esté resuelto todavía”, contó el funcionario.
En esa línea, insistió en que la estrategia del mandatario “no se modificó” y planteó que avanzará en nombrar tanto a Lijo como a Manuel García-Mansilla.
Lijo y García-Mansilla
“(Javier Milei) Fue muy claro cuando dijo: los dos o ninguno. Habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene el presidente”, añadió Francos.
El jefe de Gabinete deslizó también que “si el mandatario dijo los dos o ninguno, y uno se aprueba, él decidirá si designa por decreto en comisión al otro juez de la Corte”.
Francos se refirió, de ese modo, a la posibilidad de nombrar a García-Mansilla por decreto, una opción que crece con el correr de las horas.
La decisión de la administración libertaria de sumar dos miembros al máximo tribunal, que desde el 29 de diciembre pasado funciona con tres integrantes (luego de que Juan Carlos Maqueda se retirase tras 22 años de carrera), es innegociable.
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En la actualidad, la Corte Suprema está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, número que no sólo consideran insuficiente sino que preocupa.
El futuro de la Corte Suprema
En alerta por el futuro de la Corte y amparados en la Constitución Nacional, en Balcarce 50 argumentaron que el presidente tiene la potestad de ocupar cargos vacantes con nombramientos en comisión cuando el Congreso esté en receso. Y no descartan recurrir a esa posibilidad a partir del 21 de febrero, fecha límite de las extraordinarias.
Asimismo, el jefe de ministros aludió a los constantes cambios de nombres en el gobierno y argumentó que, cuando Milei “estima que algún funcionario no cumple el rol que debe cumplir conforme a las directivas del Poder Ejecutivo, lo cambia”.