El nuevo fallo de la Corte Suprema que repuso la vigencia de la ley de tierras alteró el escenario en la Cámara baja, por lo que recobran fuerzas los proyectos de sobreendeudamiento de familias y de discapacidad
En la Cámara de Diputados de la Nación empieza a asomar una “guerra de sesiones”.
La nueva resolución de la Corte Suprema nacional que restituyó la vigencia de la ley de tierras alteró drásticamente el mapa político en la Cámara de Diputados. Aunque la oposición reconoce de antemano que la meta de 129 diputados se ha vuelto sumamente difícil, la determinación de concurrir a la sesión programada para el jueves próximo se mantiene firme.
En el núcleo duro de la convocatoria admiten sin rodeos que la resolución del máximo tribunal debilitó la causa principal —tumbar el megadecreto de desregulación—, por lo que la estrategia ahora se desplaza hacia la visibilización de los proyectos de sobreendeudamiento de las familias y discapacidad.
Esas iniciativas, cargadas de alta sensibilidad social, habían sido insertadas estratégicamente como anzuelo para comprometer a los sectores legislativos de perfil moderado.
Más allá del cálculo numérico, los bloques impulsores —conformados por Unión por la Patria, gran parte de Provincias Unidas, la izquierda y Argentina Federal— ratifican que el DNU 70/23 es inconstitucional y descartan cualquier especulación táctica: prefieren dar el debate hasta las últimas consecuencias dentro del recinto.
Desde esa perspectiva, la jornada servirá al menos para activar un mecanismo de exposición política frente a la opinión pública, dejando en evidencia quiénes son los representantes que, al optar por la ausencia, respaldan indirectamente la entrega y extranjerización del territorio nacional.
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Hasta antes de la sorpresiva resolución de la Corte Suprema, los partidos de la oposición venían haciendo un esfuerzo sostenido para arañar el número necesario para habilitar el debate.
El objetivo se perfilaba complejo pero viable, e incluso se había desatado una suerte de efecto arrastre con la confirmación progresiva de varios representantes de bancadas intermedias.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema desarticuló ese impulso inicial. Al quedar restablecida la protección legal sobre el territorio, los sectores dialoguistas, habitualmente alineados con el Ejecutivo, perdieron el estímulo principal para sentarse en sus bancas a dar quorum en contra del megadecreto, encontrando en la decisión del alto tribunal la justificación idónea para retirar su acompañamiento.
El temario de la convocatoria opositora incluía, además las iniciativas sobre discapacidad y alivio financiero familiar, herramientas pensadas para generar consensos transversales.
Pero, en una rápida maniobra de neutralización, la bancada oficialista formalizó su propio pedido de sesión especial para la semana siguiente, agendando formalmente ambos proyectos junto a la propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada, en cuyo articulado prevén incorporar una versión modificada del régimen de tierras.
Para concretar ese paso, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General dictaminarán a velocidad acelerada, acoplando gran parte del espíritu de la ley de tierras dentro del proyecto de propiedad privada, que ya cuenta con la aprobación previa del Senado.
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No obstante, esa jugada defensiva del oficialismo no lograba blindar por completo el DNU 70/23, cuyos alcances económicos rebasan ampliamente el debate territorial.
El megadecreto contempla la anulación de la ley de alquileres, el desmonte del esquema de regulación de precios en medicina prepaga y telecomunicaciones, la eliminación de topes a los punitorios de tarjetas de crédito, la derogación de las normativas de abastecimiento, góndolas y compre nacional, así como la instauración del régimen de cielos abiertos en materia aeronáutica.
Sintiéndose contra las cuerdas, el Ejecutivo halló un salvavidas inesperado en el fallo cautelar dictado por el máximo tribunal.
Irónicamente, la misma gestión que había buscado desde el primer momento desmantelar los límites a la extranjerización de tierras celebró la restitución de la norma como un mal menor.
Un revés de la Corte Suprema en ese punto habría abierto la puerta para que la oposición volteara el DNU en su totalidad, lo que para el proyecto oficial hubiera significado un golpe devastador.
Conscientes de que la sesión inmediata carece de la fuerza numérica para prosperar, los bloques opositores ya proyectan la contienda hacia la semana siguiente en una incipiente contienda de citaciones parlamentarias.
La propuesta en evaluación consiste en formalizar un pedido de debate para el mismo día fijado por el oficialismo, pero adelantándose una o dos horas.
En ese escenario de pulseada institucional, la responsabilidad de destrabar el recinto recaerá de lleno en las bancadas provinciales independientes, las cuales quedarán forzadas a definir su posición frente al temario y al quorum.
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