Los expresidentes enfrentarán definiciones en distintas causas penales que los tienen como protagonistas
Foto: Archivo / La Capital.
Cristina Kirchner y Alberto Fernández deberán afrontar varias resoluciones judiciales en 2025.
La agenda judicial del fuero federal 2025 abrirá en febrero próximo con la atención puesta en la situación de dos expresidentes, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes enfrentarán definiciones en distintas causas penales que los tienen como protagonistas.
El año pasado fue complicado para Fernández: se vio imputado en dos causas penales y tuvo que responder en Comodoro Py por supuestos delitos en la contratación de pólizas de seguro para organismos públicos.
El 27 de noviembre marcó su primera visita a tribunales como acusado desde que dejó la Presidencia y negó las acusaciones por la contratación de seguros a través de brokers que habrían recibido millonarias comisiones.
En esa investigación con 39 acusados la resolución de situaciones procesales se conocerá en febrero porque resta indagar a un imputado que vive en España y el trámite por videoconferencia fue programado para inicios de ese mes.
El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo los imputan por fraude y direccionamiento en la contratación de seguros para organismos públicos.
Finalizado 2024, Fernández sí logró postergar con una batería de recursos una segunda visita a Comodoro Py 2002, esta vez como indagado en la causa por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yáñez.
Sin embargo, el inicio de 2025 lo encontrará en tribunales. El 4 de febrero, a las 11, a un día del reinicio de la actividad judicial luego de la feria de enero, el expresidente deberá presentarse ante Ercolini en esa causa en la que la fiscalía a cargo de Ramiro González lo acusa de delitos que prevén penas de prisión efectiva.
Llegará imputado por “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama —también doblemente agravada— y el delito de coacciones”.
Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.
Al citarlo a indagatoria, el juez le atribuyó los hechos cometidos en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Fernández y Yáñez, por lo menos desde 2016 hasta el 6 de agosto de 2024”.
En el caso de Cristina, 2024 fue un año de malas noticias en el frente judicial: se confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de obra pública nacional, entre 2003 y 2015, en Santa Cruz.
En el reinicio de la actividad judicial en febrero el eje estará puesto en los recursos extraordinarios que tienen que presentar todas las partes ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación para intentar llegar a la Corte en apelación en la causa conocida como Vialidad.
El máximo tribunal penal federal del país otorgó plazo con una prórroga hasta mediados de febrero y, una vez que se presenten los recursos, tendrá que decidir si los admite y envía el caso a la Corte o los rechaza y a los condenados, entre ellos la expresidenta, sólo les quedará ir en queja directa a esa instancia.
Además, la Corte nacional dejó firmes durante diciembre dos decisiones de la sala I de la Cámara de Casación Penal que reabrieron las causas Hotesur-Los Sauces y por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la Amia, esta última a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015.
Así, dispusieron el avance hacia el juicio oral en ambos expedientes que tienen a la exjefa del Estado entre los acusados.
Los Sauces-Hotesur investiga supuesto lavado de dinero a través del alquiler de hotelería y propiedades de la familia presidencial a beneficiarios de obra pública, entre 2003 y 2015, y está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5.
El TOF 5 había resuelto suspender las medidas de prueba de la instrucción suplementaria hasta que se conociera la decisión de la Corte, tomada a mediados de diciembre, y ahora se reactivaron los preparativos que seguirán durante 2025, aunque no hay certezas sobre la fecha de inicio del debate.
En el caso del memorándum con Irán, Casación separó a los jueces que habían sobreseído a los acusados y designó nuevos magistrados para juzgar a Cristina y otros procesados por supuesto “encubrimiento agravado” del atentado a la Amia.
En ese caso, los magistrados designados, Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, tendrán que continuar con la instrucción suplementaria que había ordenado el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 antes de resolver los sobreseimientos por inexistencia de delito que quedaron revocados. Tampoco hay certeza de cuándo podrá convocarse a juicio.
Basso y Giménez Uriburu integraron el tribunal que juzgó a Cristina en la causa Vialidad y fueron recusados por la defensa, pero quedaron confirmados.
Pero el último tramo de 2025 sí tendrá a la expresidenta sentada otra vez en el banquillo de los acusados: será por el caso de los cuadernos, desde el 6 de noviembre, acusada como jefa de asociación ilícita y cohecho, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7.
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