El nuevo titular de la DGI nombró a su pareja en un alto cargo con un sueldo millonario

Después de ser señalado por no declarar tres inmuebles en Miami, el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, quedó envuelto en una nueva polémica.

Es que el funcionario designado por el presidente Javier Milei como responsable de un área estratégica del Estado firmó a sólo siete días de asumir el ascenso de su pareja, María Eugenia Fanelli, a un cargo de alta relevancia dentro del organismo.

Según informó La Nación, a través de esta decisión administrativa, firmada únicamente por Vázquez, Fanelli salteó rangos intermedios y duplicó su salario.

Luego de la decisión de su pareja, Fanelli pasará de ocupar una jefatura de sección técnico-jurídica, con un sueldo neto aproximado de entre 3,8 y 4,2 millones de pesos, a liderar la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires.

Este puesto es uno de los más importantes en el área metropolitana e implica la fiscalización de medianas y grandes empresas. El salario para ese cargo oscila entre los 7 y 8 millones de pesos.

El nombramiento, registrado en la Disposición 182/2024, también implicó el traslado de Luciano Botto Rostom, quien ocupaba previamente el cargo, a la Dirección Regional de Mercedes.

El Código de Ética del organismo (en la órbita del Arca, la ex Afip) prohíbe explícitamente la intervención en cuestiones donde exista un interés personal o vínculo conyugal. Sin embargo, fuentes internas describieron la promoción como “inusual” y “anormal”, al considerar que podría colisionar con dichas normativas éticas.

Las polémicas del titular de la DGI

El vínculo entre Vázquez y Fanelli se remonta a años atrás, cuando coincidieron en la Dirección Regional Sur Metropolitana. A pesar de las controversias que rodearon su carrera, incluido un sobreseimiento judicial en una causa por cuentas no declaradas en el extranjero, Vázquez recuperó relevancia política tras la llegada de Javier Milei al poder.

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Es el segundo escándalo en que aparece Vázquez en pocas semanas. En diciembre, se conoció que el titular de la DGI compró a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en Miami por dos millones de dólares y no cumplió con su obligación de declararlos en la Oficina Anticorrupción (OA).