LLA convocó a un plenario de comisión para tratar la norma de propiedad privada un día antes de la sesión especial en Diputados
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
El diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Una vez más utilizando el calendario a su favor, La Libertad Avanza (LLA) convocó a un plenario en Diputados para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que llegó con media sanción del Senado. Se trataría de un paso más para el plan oficialista, que busca incluir una regulación más laxa que la debatida ley de tierras, actualmente derogada por decreto.
La iniciativa conservaría el porcentaje límite de propiedad extranjera (15 %), pero eliminaría el tope de hectáreas (1.000) para cada inversor.
La convocatoria fue realizada por el rosarino Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que se plegará en un plenario con Legislación General para debatir a partir del 14 de octubre, a las 16, la ley.
Se trata de una nueva iniciativa libertaria para desactivar la convocatoria a sesión de la oposición, planificada para el día siguiente con el objetivo de derogar el DNU 70/2023, lo que restituiría la ley de tierras.
La ley de inviolabilidad de la propiedad privada es la que el oficialismo aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra en el Senado en agosto pasado, de un paquete del que tuvo que excluir las normas de tierras y del manejo del fuego por la presión creciente de sus aliados y de la movilización social. Previamente se introdujeron cambios para conservar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Lo que sí permaneció fue la reforma del régimen de expropiaciones, cuya nueva redacción establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva”, fija el plazo límite de “ocupación temporánea anormal” en un máximo de 90 días y se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea “consecuencia directa e inmediata de la expropiación”.
También se propone modificar el sistema de desalojos ampliando su posibilidad para “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado” y garantizando hasta diez días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desahucio involucre “la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo”.
En el caso de incluirse un apartado perteneciente a la ley de tierras que consiga aprobación en la Cámara baja y establezca una restricción a la compra de territorio nacional por parte de extranjeros, el régimen deberá regresar al Senado con modificaciones para volver a debatirse.
Eso extiende la ventana de desregulación plena que rige en la actualidad tras la disposición de la Corte Suprema de preservar la vigencia del DNU 70/2023, que puede ser revisado nuevamente en los próximos días.
En tanto, la Corte designó a los dos conjueces que se sumarán al debate por la derogación de la ley de tierras, y apura los plazos para resolver el conflicto con el artículo 154 del DNU 70/23.
El máximo tribunal de justicia anunció que Diego Barroetaveña, miembro de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, resultaron elegidos para definir la cuestión.
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Por Claudio Berón
Por Gustavo Conti
