El socialismo presentó una reforma del Poder Judicial que busca renovar la Corte Suprema

El socialismo santafesino ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se destaca la propuesta de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial y establece la edad límite para sus mandatos.

Claramente, el proyecto del Partido Socialista (PS), que compone la alianza oficialista Unidos, interpreta la coyuntura actual por la que el gobierno provincial se enfrenta a la Corte Suprema justamente por su renovación. “Es otro aporte que hacemos para acompañar al gobernador Maximiliano Pullaro y al gobierno de Unidos”, dijeron los legisladores que presentaron la iniciativa. De hecho, va más allá y habla de una reforma integral del Poder Judicial que fundamenta en un documento donde aporta ideas en ese sentido.

“A esta altura, no podemos dejar de mencionar un tema que está sobre la mesa en la actualidad, y sobre el cual es necesario trabajar e incluir pautas institucionales en nuestra Constitución Provincial: la limitación, transparencia y control en la elección de los actores del poder judicial”, sostienen en el documento.

La renovación de la Corte Suprema

El proyecto, que fue presentado en la Cámara de Diputados de Santa Fe, se propone elevar el número de integrantes del máximo tribunal a siete y se establece que esa composición debe procurar la paridad de género.

El primer punto del proyecto modifica al artículo 11 de la Ley Orgánica N° 10.160 y queda redactado de la siguiente manera: “(La Corte Suprema) Se compone con siete ministros/as y un/a procurador/a general, debiendo esa conformación procurar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar las diversas especialidades del derecho y procedencia regional”.

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El Partido Socialista busca renovar el Poder Judicial

Además, propone una reglamentación que armonice lo dispuesto por la Constitución provincial con la nacional y la jurisprudencia de la Corte de Justicia respecto del término de sus mandatos. De manera taxativa establece que los ministros del máximo tribunal deben dejar el cargo el día que cumplan 75 años, sin condiciones.

El documento del PS aporta picante a lo largo de sus páginas: “El máximo tribunal provincial y el máximo intérprete de las normas constitucionales de la provincia, no puede desconocer el hecho de haber largamente excedido todos los ministros, la edad de jubilación”.

De esta manera, el proyecto propone: “Los/as ministros/as y el/la procurador/a general son designados conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Provincial. Cesan automáticamente en sus funciones al alcanzar los setenta y cinco (75) años de edad”. A continuación aclara que “dicho cese no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce el mismo día que alcancen esa edad”.

En el documento mencionado el socialismo no deja de cargar contra el Poder Judicial, algo que venía realizando el pullarismo exclusivamente. “No cabe duda que el poder judicial es el único cuyos miembros no acceden por el voto popular (...) se trata de una institución que no goza de la legitimidad democrática que sería deseable, siendo uno de los poderes con más baja confianza en la sociedad”.

La iniciativa también plantea la creación de una “Plataforma de Información Judicial” con el objeto de difundir en forma abierta y pública todas las decisiones judiciales de diversas instancias y fueros del Poder Judicial de la provincia, de manera de facilitar la consulta de fallos, documentación jurídica, doctrina y demás información relevante del quehacer judicial.

Además, a la hora de publicar en el portal web del Poder Judicial el informe de gestión correspondiente al año judicial, especifica que “debe incluir información administrativa, contable, financiera y presupuestaria” del mismo.

Fiscales ambientales

Por otro lado, la diputada socialista Gisele Mahmud presentó un proyecto de modificación del Artículo 128 también de la Ley Orgánica del Poder Judicial que busca crear tres fiscalías ambientales con competencia para actuar ante los órganos jurisdiccionales con competencia civil, comercial y contencioso administrativo.

Se especifica que los fiscales tendrán que ejercer la tutela jurisdiccional del derecho a un ambiente sano, equilibrado y la representación de las generaciones futuras. Se los faculta para "accionar judicialmente, en lo posible de manera preventiva, en protección del ambiente para detener el daño o para que se adopten las medidas tendientes al cumplimiento, reparación o recomposición, siempre con exclusión de las acciones resarcitorias de carácter privado".