El juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, se manifestó duramente contra la asignación por decreto de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como integrantes del máximo tribunal de la Nación realizadas por el presidente Javier Milei.
"Implica una violación flagrante al mandato constitucional. Es un espanto en términos jurídicos institucionales", expresó en una entrevista realizada en Radiópolis.
“Alberdi decía que la Constitución era la carta de navegación de los argentinos. Estamos en el mundo al revés, hoy me encuentro con que está todo dado vuelta", sentenció y continuó: "Pienso en el padre de la refundación democrática, Raúl Alfonsín, en el esfuerzo que hizo por tratar de reconstruir la legalidad constitucional en la Argentina y pensemos en la corte de Alfonsín en la alta calificación que tuvo esa Corte. Pienso, haciendo un poco de historia, en la corte de Néstor Kirchner, el esfuerzo por hacer un mecanismo de selección más transparente, como el decreto 122. Te puede gustar o no, pero es indiscutible".
"Es el funeral de la democracia", sostuvo. “Llama la atención, en primer lugar, el silencio de quienes tienen la obligación jurídica funcional de ponerle límites a los desguaces de la Constitución y en segundo lugar el silencio de quienes tenemos la responsabilidad institucional, académica y gremial también de alzar la voz”.
>>Leer más: Corte Suprema: presentaron un amparo contra la designación de Lijo y García-Mansilla
Asimismo, reclamó un pronunciamiento del consejo nacional de decanos de Derecho, las asociaciones de magistrados y los colegios de abogados. “No tenemos motivos para no hacerlo, tenemos el deber de levantar la voz para defender la legalidad constitucional”.
"Tenemos la obligación de levantar al voz. Es preocupante. Es romper las reglas básicas del funcionamiento republicano que se asienta en la división de poderes. Cuántas veces nos cansamos de escuchar de los republicanos. No hay manera más atroz de violar la independencia judicial que designar jueces por decreto”.
Por otra parte, recordó que la reforma constitucional del 94 especificó la posibilidad de que el presidente use el instrumento del decreto para cubrir “vacantes de empleos públicos que se producen durante el receso” del Congreso solo en casos de urgencia. “Pretender reducir a la cabeza de otro poder del Estado a la condición de empleado público del presidente de la Nación me parece verdaderamente humillante”, remarcó.