Fiscales del Ministerio Público, de la Procelac y de la Procunar darán a conocer los motivos por los cuales consideran que el magistrado incurrió en incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato
Foto: Virginia Benedetto / La Capital.
El juzgado rosarino a cargo de Marcelo Bailaque fue allanado días atrás.
En el marco de una audiencia a realizar este jueves en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900, el juez Marcelo Bailaque escuchará en boca de los fiscales Federico Reynares Solari (Ministerio Público), Juan Argibay Molina (Procuraduría de Lavado de Activos, Procelac) y Matías Scilabra (Procuraduría de Narcocriminalidad, Procunar) los motivos por los cuales consideran que incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
Bailaque está bajo la lupa por un supuesto manejo irregular en tres causas. Una de ellas corresponde a la polémica relación que el juez federal mantuvo con el contador Gabriel Mizzau, quien firmó balances de empresas de Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico, y que a la vez trabajó para el magistrado.
En ese sentido, Bailaque tuvo de empleado al hijo de Mizzau en su despacho hasta pocos meses atrás. Paralelamente, en el proceso provincial contra Alvarado, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron las actuaciones del juez ante el Consejo de la Magistratura (que evalúa su desempeño por entonces) por considerar que demoró medidas contra el señalado como jefe narco.
Otra causa contra Bailaque se centra en la intervención a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, años atrás en manos del sindicalista Herme Juárez (detenido en 2019 por la Justicia federal de Campana).
Tras el bloqueo de los fondos de la cooperativa por 1.000 millones de pesos surgió un conflicto de competencia. Bailaque resolvió derivar el dinero a una mutual que pertenece a Fernando Whpei. Argumentó que, de ese modo, la plata tendría mejores rendimientos que un plazo fijo en el Banco Nación o el Macro.
Sin embargo, un grupo de estibadores recusó esa medida al considerar una irregularidad dejar esos fondos en una mutual sin regulación del Banco Central (BCRA) y a cargo de un amigo del magistrado. Más tarde llegó una revisión de la Cámara de Apelaciones y los dineros fueron redireccionados al Banco Nación.
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El último caso a exponer contra Bailaque contempla los recientes allanamientos a su despacho y al del exjefe de las delegaciones de la Afip en Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.
Junto a otros funcionarios, Bailaque y Vaudagna están sospechados de haber intervenido en situaciones de favorecimiento o persecución a contribuyentes que se encontraban en problemas penales.
El juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz estará al frente de una audiencia denominada multipropósito: se darán a conocer los hechos bajo investigación sin constituir todavía una imputación directa con el objetivo de que queden a consideración de las defensas.
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