El gobierno provincial retoma el paquete de cambios procesales, penales y penitenciarios. Debate interno y con otros bloques. La hoja de ruta y las novedades
Por Facundo Borrego
La Legislatura analiza nuevas reformas de seguridad
La Legislatura reactivó el nuevo proyecto de ley que propone una reforma integral para fortalecer la seguridad pública y combatir el crimen organizado mediante la modificación de normativas penales y penitenciarias. Con la agenda despejada tras los Juegos Suramericanos y la reforma electoral, el oficialismo vuelve a la carga con tema seguridad aunque antes debe transitar un debate interno y externo.
Después de meses, a fines de la semana pasada se retomó formalmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Seguridad de manera conjunta una segunda tanda de reformas del oficialismo bajo el nombre de “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, que modifica una docena de puntos de tres leyes: procesal penal, ejecución penal y la de Inteligencia.
Quien impulsa el proyecto es el oficialismo a través del presidente de la comisión de Seguridad, Martín Rosua, y también con José Corral. La estrategia que tienen en mente es que en los próximos días el resto de los bloques parlamentarios hagan una devolución por escrito del proyecto para poder seguir avanzando con observaciones.
También le servirá como último tanteo de las resistencias y voluntades de cara al recinto. La idea inicial es que se vote en la cámara baja en la sesión del día 29 ya que a la del 15 no creen llegar ni tampoco tiene preferencia.
Es que antes, la semana que viene, los diputados recibirán al Ministerio Público de la Defensa y al Ministerio Público de la Acusación, y posiblemente se sumen los Colegio de Abogados y otros institutos especializados en la materia.
La reunión con el primero se debe sobre todo a la novedad de que se suma un proyecto que le quiere otorgar funciones a la Defensora General de la provincia para crear unidades especializadas en la defensa, entre ellas, de miembros de fuerzas de seguridad.
A este proyecto y al de las Herramientas de fortalecimiento, que es el central, se le suma un tercero titulado "Sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos electrónicos”, básicamente se enfoca en el robo de celulares con su requerida trazabilidad.
Incluso se preparó un cuarto proyecto de ley, que no ingresó formalmente, de "Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género" para intervenir de manera temprana ante hechos que puedan derivar en situaciones de violencia.
"Son leyes complejas que ameritan no solo el acuerdo político sino la viabilidad de su aplicación", expresaron en Unidos respecto al tratamiento. Se descuenta que una vez que llegue al Senado ya se habrán librado los mayores obstáculos o diferencias ya que las conversaciones entre las cámaras son constantes. En noviembre el gobierno tendría su nueva reforma en seguridad.
En mayo se presentó un paquete con una docena de puntos que levantaron rápidamente acusaciones sobre vulneraciones de garantías y derechos. Desde entonces se buscó hacerlo más digerible en primer término hacia Unidos, donde el socialismo es el que más reparos pone. De hecho, aún están negociando en estos días los puntos más cuestionables.
Con el Mundial de Fútbol de junio la discusión quedó enfriada, y después de la competencia la Legislatura se enfocó en la reforma electoral. Luego fue el turno de los Juegos Suramericanos, dos semanas de exclusivo despliegue por parte del oficialismo. Ahora quiere copar la agenda el tema de la seguridad nuevamente en el sprint final del año.
"Dimos el primer paso para empezar a trabajar las 11 medidas de seguridad que impulsa el Gobierno provincial para seguir fortaleciendo las herramientas con las que combatimos el delito. La seguridad sigue siendo una prioridad y desde la Legislatura tenemos que dar las respuestas que hacen falta", el radical escribió Rosúa en sus redes.
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En principio se quitaría la llamada validación probatoria por la cual se pensaba establecer reglas claras para validar pruebas que normalmente quedarían excluidas bajo la teoría del fruto del árbol envenenado (prueba ilícita contamina a las derivadas).
Se quitarían las medidas coercitivas por decreto fiscal, por el cual la fiscalía podría imponer medidas no privativas de la libertad (como vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones) mediante un decreto fundado.
El control judicial se desplaza a una etapa posterior, permitiendo que el imputado se oponga después de la medida, pero igual se interpretaba como falta de proceso.
También la zona de intervención policial especial, que se calificó por las críticas como "miniestado de sitio". Se pensaba permitir al Ejecutivo intervenir policialmente sectores con altos índices de criminalidad, violencia o conflictividad otorgando facultades excepcionales para regular la circulación de personas y el uso del espacio público en esas áreas.
La norma ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece sanciones que pueden llegar al arresto. Pero para aplicarla en la ciudad, el Concejo Municipal deberá aprobar una ordenanza de adhesión. El Ejecutivo enviaría su propio mensaje el próximo 15 de este mes.
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