La reforma que pidió Pullaro obtuvo 37 votos a favor y 11 en contra y pasó al Senado. El socialismo apuntó contra funcionarios del gobierno
Por Mariano D'Arrigo
La reforma de seguridad expuso en la sesión de Diputados las diferencias entre el socialismo y otras fuerzas de Unidos.
En una sesión atravesada por los cruces entre radicales y socialistas, Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió este jueves una amplia mayoría en la Cámara de Diputados para dar media sanción a la reforma de seguridad que pidió el gobernador Maximiliano Pullaro.
El proyecto, que amplía las herramientas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Poder Ejecutivo, fue aprobado en general con más de dos tercios de los votos: 37 a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Ahora pasará al Senado.
Después de dos días de intensas negociaciones, el oficialismo acordó un texto que reunió el respaldo de todos los sectores de Unidos.
Quedaron fuera de la versión final las zonas de intervención policial especial y la declaración en sede policial.
El texto mantuvo la mayoría de las herramientas que pidió el gobierno para enfrentar el delito, como un régimen más restrictivo para los presos de alto perfil, el juicio en ausencia del acusado, cambios en materia de inteligencia y recompensas y los allanamientos sin orden judicial en los casos de urgencia previstos en el proyecto.
En la Casa Gris celebraron el resultado y calificaron de “impresionante” el respaldo obtenido. “Los que están en la gestión pusieron las condiciones para que el proceso de pacificación no decaiga”, dijo a La Capital un hombre del círculo más próximo a Pullaro.
“El socialismo estuvo a nada de quedar del lado de la oposición en el tema más importante de la provincia y emblema de esta gestión”, deslizó.
La sesión estuvo marcada por la disputa entre la UCR y el Partido Socialista (PS), los principales socios de la alianza que gobierna la provincia.
La socialista Lionella Cattalini acusó a dirigentes del propio oficialismo de convertirse en “policías de pensamiento”. También cuestionó a quienes quieren ser “empleados del mes”.
Entre los destinatarios de sus críticas estuvo Federico Angelini. El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad fue uno de los que reclamó con mayor dureza la aprobación del proyecto.
“Nos quisieron poner que estábamos del lado del delito. Hay muchas herramientas para ir contra la impunidad y se puede hacer defendiendo la ley, la Constitución y la división de poderes. Esa es la ideología del socialismo”, sostuvo la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Martín Rosúa fue una de las principales voces del radicalismo. Planteó que hoy “los derechos están amenazados, no por el Estado sino por las organizaciones”.
“El Estado pidió herramientas y cinco meses es un montón. Incorporamos sugerencias y el instrumento es mejor que el que ingresó”, sostuvo.
El discurso más duro y extenso fue el de Joaquín Blanco. El jefe del bloque socialista definió el proyecto original como “una mala ley” y defendió el papel de tres legisladores de su partido: Cattalini, Rubén Galassi y la presidenta de la Cámara baja, Clara García. Galassi fue ministro de Gobierno durante la gestión de Antonio Bonfatti.
Blanco recordó que Pullaro y los ministros Pablo Cococcioni y Gustavo Puccini fueron funcionarios del Frente Progresista. “Hay una continuidad de equipos técnicos y una acumulación de experiencia”, subrayó.
El también secretario general del PS Santa Fe apuntó contra Angelini y Cristian Cunha, otro referente del PRO. El secretario de Cooperación había cuestionado al socialismo por las demoras en la aprobación del proyecto.
“Pido una enorme responsabilidad. Construimos el frente Unidos con enorme esfuerzo político de todos los partidos. Es una herramienta que hay que cuidar todos los días y todas las partes son importantes. De nuestra parte, no van a encontrar más que lealtad y honestidad intelectual para plantear temas arriba de la mesa, de frente”, afirmó Blanco, quien destacó su relación personal con Pullaro.
“El mejor aporte que se le puede hacer a un gobernador es no ser alcahuete, es decir lo que piensa”, deslizó.
En distintos bloques opositores destacaron los cambios respecto del proyecto inicial. Esas modificaciones llevaron a algunas bancadas, como el espacio de Amalia Granata, a acompañarlo en la votación en general.
Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), sostuvo que el proyecto tiene un “sujeto tácito”: la policía. Cuestionó las facultades que se le otorgan a la fuerza y advirtió: “Es un fenomenal retroceso democrático”.
La mayoría de los diputados peronistas votó en contra. “Hay que ser implacable con los delincuentes, pero hay que ser cuidadosos con quienes son inocentes”, indicó Celia Arena.
Lucila De Ponti se preguntó cuál es la emergencia que justifica herramientas que, a su entender, violan los tratados internacionales. “Más que a una necesidad, esta ley responde a una voluntad de hacer marketing con la política de seguridad”, afirmó.
El acuerdo llegó después de las reuniones del miércoles. En los primeros encuentros, los socialistas acusaron a sus socios de tensar la cuerda para romper Unidos.
Luego, la discusión se encauzó. Los diputados radicales y socialistas acordaron un dictamen, que después fue validado por el Ejecutivo.
Pullaro intervino el miércoles para bajar los decibeles. “No hay tensión en Unidos. Hay miradas que a veces no son iguales y eso tampoco está mal, porque eso nos da fortaleza”, dijo en la apertura de Expo Seguridad.
El gobernador sostuvo que el proyecto podía tener cambios. “Tengo mucha expectativa de que van a salir muchas de las leyes que hemos mandado porque las necesitamos. Por supuesto, algunas pueden ser mejoradas”, indicó.
El acuerdo llegó después de una negociación que expuso las diferencias entre los principales socios de Unidos, a tres meses de las definiciones electorales de alianzas y listas.
El auto de la víctima quedó dado vuelta en el medio de la calle Córdoba. Otros dos vehículos estacionados sufrieron daños por el siniestro vial
Por Lucas Ameriso
Por Mariano D'Arrigo
Por Rodolfo Parody
