A raíz del debate político que impulsa el gobierno nacional por la baja en la edad de imputabilidad de los adolescentes, la Comisión Episcopal de Pastoral Social emitió un documento en el que expresó su oposición a la medida. Entre los firmantes se encuentra la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario.
A través de un comunicado, los equipos diocesanos de Pastoral Social del Episcopado reunidos días atrás en la ciudad de Buenos Aires, señalaron que "teniendo en cuenta las problemáticas crecientes que ocurren en torno de la niñez, adolescencia y juventud, queremos enfatizar las declaraciones de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en referencia a la propuesta legislativa de bajar la edad de imputabilidad".
"En el documento 'Más oportunidades que penas', sostenemos que, si realmente se pretende encontrar una solución duradera, es imprescindible abordar las causas profundas del delito en menores. Entre ellas se encuentran el avance del narcotráfico, la degradación —o incluso la ausencia— de vínculos familiares de contención, la baja calidad educativa y la pobreza estructural", señala el texto. Y agrega que "estas son las verdaderas raíces del problema y deben ser atendidas con urgencia, con determinación, con perseverancia y a través de políticas de largo plazo que, sin perder de vista el futuro, respondan también al 'hambre más urgente' del presente".
"Se requiere grandeza política para impulsar soluciones de fondo, más allá de los cálculos electorales. No perdamos de vista que los jóvenes representan nuestra mayor esperanza: merecen una vida digna y oportunidades reales para desarrollarse plenamente. Nuevamente nos hacemos eco de este mensaje y deseamos compartirlo con todos los hermanos y hermanas de nuestra Patria y también con los legisladores que debatirán este tema", cierra el texto de la Pastoral. Entre los firmantes se encuentra el equipo de la Arquidiócesis de Rosario.
menores.jpg
Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a estudiarse en el Congreso.
Foto: La Capital / Archivo.
El gobierno y la edad de imputabilidad
El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para bajar la imputabilidad a los 13 años. "Los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes", argumentó la Casa Rosada.
Según trascendió la Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad, con el fin de poder condenar a los menores de edad que cometen delitos graves.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó el miércoles que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.
>> Leer más: El gobierno quiere recuperar la ofensiva y va por la baja de la edad de imputabilidad de los menores
Más oportunidades que penas
Frente a este proyecto, presentado ya el año pasado por el gobierno nacional, a fines de marzo la Pastoral Social del Episcopado emitió el documento "Más oportunidades que penas", donde se solidarizan "con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar".
"A diario experimentamos esta realidad cuando nos toca de cerca, porque sufrimos en carne propia esta situación y también nos duele cuando las víctimas son personas queridas, familiares y hermanos de nuestras comunidades", sostiene el texto.
Sin embargo, recuerdan que por lo que se sabe de las estadísticas oficiales, "los menores no son los que más delitos cometen", ya que de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Criminal - Sistema Alerta Temprana, del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023 los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total.
"Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas. Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. A los hechos nos remitimos. Por ello ¡Es necesario combatir el narcotráfico! Pero de esto se habla poco. Si miramos la realidad, el narcotráfico en nuestro país, desde hace décadas, viene ganando territorio y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes", alerta el texto de la Iglesia.
Preguntas desde la Pastoral Social
En otro párrafo del documento, la Pastoral Social se pregunta: "Si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años. Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza".
"Nos preguntamos: para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados? Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación. El deterioro educativo y la deserción escolar es una realidad que requiere pronta solución ¿Cómo se está trabajando para remediar esta tragedia educativa? Si los jóvenes hoy necesitan espacios de contención y cuidado ¡manos a la obra! A reformar urgente el sistema educativo. En los barrios más desfavorecidos hay que repensar la estructura de las escuelas y potenciar los lugares de participación y proyección que existen: clubes, polideportivos, capillas, centros vecinales", sostiene el documento episcopal.