El oficialismo, con acompañamiento de parte del PJ y el Frente Amplio por la Soberanía en Diputados, cumplió el objetivo de actualizar la Justicia provincial antes de fin de año
Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
En la Cámara de Diputados provincial el tratamiento de la reforma judicial fue picante.
Senadores y diputados provinciales convirtieron este jueves en ley la reforma judicial, el segundo de los ambiciosos objetivos fijados -el primero fueron los cambios en el sistema previsional- por el gobierno de la coalición oficialista Unidos para 2024. De ese modo, la Corte Suprema de Santa Fe pasará a tener siete miembros, uno más que ahora, entre otros ajustes.
Gracias a la mayoría oficialista y al acompañamiento de una parte de la oposición, al caer la tarde la Cámara de Diputados le dio media sanción a la reforma judicial. La votación fue dividida: 34 a favor, doce en contra y la abstención de Omar Paredes, Somos Vida. Por la positiva se inclinaron los legisladores de Unidos, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y del perottismo.
El dictamen -que sintetizó varias propuestas reformistas- emitido poco antes de la sesión por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de Diputados estipulaba para el máximo tribunal una composición de siete miembros, que también deberá cumplir el principio de paridad de género y reflejar diversa procedencia regional.
Respecto de los ministros y el procurador de la Corte Suprema, cesarán automáticamente en sus funciones al alcanzar los 75 años de edad. Y tendrán la chance de cinco años más previa aprobación del pliego correspondiente. No habrá efecto retroactivo para las actuales autoridades del Poder Judicial de la provincia.
Los cuatro proyectos que impulsaron elevar a siete los integrantes del alto tribunal fueron presentados por los diputados Ariel Bermúdez (Creo), Fabián Palo Oliver (FAS), Joaquín Blanco (socialismo) y Marcos Corach, de la bancada peronista Hacemos.
Solo la iniciativa del justicialista Miguel Rabbia (Construyendo Futuro) propició bajar a cinco los ministros de la Corte Suprema, posición acompañada por el bloque Somos Vida (Amalia Granata).
Al fundamentar la reforma, la diputada socialista Lionella Cattalini enfatizó que "nadie puede quedarse para siempre en el Poder Judicial".
Emiliano Peralta, de Somos Vida, argumentó el repudio del bloque. "Es una ley al filo de la inconstitucionalidad. Aprovecharon una mayoría simple circunstancial", afirmó. Y cuestionó la falta de consenso en torno a la iniciativa.
A lo largo de la sesión se sumaron a la vereda del rechazo las peronistas Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Baró Graf, al igual que la libertaria Silvia Malfesi. Lo cierto es que la reforma judicial también dejó al descubierto las diferencias que surcan al PJ santafesino.
A su tuno, Granata le puso picante a la sesión: rebautizó como "Gildo Pullaro" al gobernador de Santa Fe (por Insfrán, mandatario formoseño por casi 30 años) y chicaneó al diputado Omar Perotti al pedirle que se sume al bloque de Unidos.
Mientras el Senado continuaba en cuarto intermedio hasta recibir la reforma judicial, Corach recogió el guante. "Cuando gobernamos sufrimos por no poder sentarnos a discutir con los legisladores opositores", señaló en respuesta a las objeciones de Granata al perottismo.
El socialista Rubén Galassi retrucó a la diputada de Somos Vida: "Es irrespetuoso acusar de monarca al gobernador, cuando sacó más de un millón de votos en las elecciones".
Apenas consumada la votación en Diputados, el proyecto desembarcó en la Cámara alta. Más temprano, el ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastia, había mantenido contactos con varios senadores con el objetivo de garantizar la aprobación de la iniciativa en ese cuerpo legislativo.
En un trámite exprés, la reforma judicial fue ley pasadas las 19.30. En el Senado imperó la mayoría de Unidos, mientras que los legisladores peronistas optaron por la abstención. Entre las bancas del PJ, Rubén Pirola explicó que se necesitaba "un debate más profundo".
Entre otros puntos, la reforma también habilita al máximo tribunal a realizar audiencias abiertas “con el objeto de elevar la calidad institucional, profundizar el estado constitucional de derecho y acercar la labor del cuerpo al escrutinio público”.
Además, la Corte Suprema deberá “presentar y publicar en el portal web del Poder Judicial, en el marco de los principios de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas, un informe de gestión durante el año judicial”.
El debate parlamentario tuvo como marco múltiples cruces entre la Justicia y la Casa Gris, que meses atrás fijó el curso: hacer realidad antes que concluya 2024 la renovación de la Corte Suprema.
En ese sentido, Maximiliano Pullaro reforzó en las últimas semanas su objetivo de contar con "una Justicia más eficiente, barata y que dé las respuestas que espera hace tiempo el ciudadano”.
El mandatario provincial ya aceptó la renuncia de María Angélica Gastaldi a la Corte Suprema, a efectivizar el 2 de abril de 2025. Y el también rosarino Mario Netri tiene prevista su dimisión desde el 1º de diciembre próximo.
De cara a la futura composición de la Corte Suprema, la danza de nombres incluye al propio Bastia y a Rubén Weder, el fiscal de Estado durante la gestión de Perotti. También al intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien lo pondrá a consideración una vez que deje el Palacio de los Leones, en diciembre de 2027.
Más allá del novedoso entendimiento entre Rabbia (quien se referencia en el senador nacional del PJ Marcelo Lewandowski) y el bloque de Granata, seguido atentamente por oficialistas y opositores, la mayoría política que respaldó la reforma judicial es interpretada por algunos actores de Unidos como una señal positiva frente al próximo desafío fijado por la coalición: la modificación de la Constitución provincial.
El oficialismo, con acompañamiento de parte del PJ y el Frente Amplio por la Soberanía en Diputados, cumplió el objetivo de actualizar la Justicia provincial antes de fin de año
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