Un gremio municipal presentó un amparo que apunta a la validez de la accidentada sesión en Diputados. La Casa Gris prepara la respuesta a la demanda planteada por el bloque de la Cámara baja que tiene a Amalia Granata a la cabeza
Por Javier Felcaro
UNO de Santa Fe.
La tensa sesión del 12 de septiembre, que convirtió en ley la reforma previsional, es eje de presentaciones judiciales a manos de gremios y sectores de la oposición.
El juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, Iván Di Chiazza, aceptó este miércoles a la Cámara de Diputados provincial como demandada en el marco de un amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) de San Carlos, un planteo que objeta la votación que el 12 de septiembre pasado terminó convirtiendo en ley la reforma jubilatoria, herramienta con la que la Casa Gris pretende achicar un millonario déficit previsional.
Paralelamente, el Ejecutivo provincial, a través de la Fiscalía de Estado, prepara la respuesta a la demanda judicial planteada una semana atrás por el bloque Somos Vida de la Cámara baja santafesina, que considera inconstitucional la tensa votación que le otorgó sanción final a la nueva ley jubilatoria.
El abogado Juan Andrés Pisarello precisó acerca de la medida presentada en nombre del Sitram de San Carlos: “Interpusimos un amparo contra Diputados para que subsane la votación de la ley previsional porque se violó el reglamento”.
El planteo busca que la Cámara baja “proceda nuevamente a la votación, de acuerdo a lo que decida Diputados en la integración de su cuerpo”, y de ese modo garantizar seguridad jurídica para aquellos que quieran accionar contra la reforma jubilatoria. “Precisan una norma válida y no viciada. También citamos a Fiscalía de Estado para que todas las partes estén presentes en el contradictorio”, enfatizó a La Capital el letrado.
Al igual que la presentación judicial del bloque que tiene a Amalia Granata a la cabeza, el planteo de Pisarello toma como punto de partida lo ocurrido una vez que el diputado socialista Pablo Farías (Unidos) propusiera alterar el orden de la sesión que terminó aprobando la nueva ley previsional, que necesitaba los dos tercios de los presentes. Los cuales, según la bancada opositora, no se habrían conseguido.
Cuando promediaba la sesión y ya había expuesto la mayoría de los diputados de los distintos bloques, Farías pidió una moción de orden para interrumpir el debate y votar. Y luego continuar con los discursos como consecuencia de la creciente tensión en la puerta de la Legislatura.
En ese momento, la oposición cuestionó el procedimiento y subió la temperatura en el recinto. Todo concluyó con 23 votos positivos, nueve negativos y once abstenciones.
La conversión en el ley de la reforma previsional también provocó que diputados del PJ denunciaran irregularidades en el procedimiento y pidieran la versión taquigráfica de la reunión parlamentaria.
>>Leer más: Amalia Granata, ovacionada al presentar la demanda contra la reforma previsional
El lunes pasado, la versión taquigráfica y el acta de la sesión fueron enviadas al interbloque justicialista (Celia Arena, Omar Perotti, Lucila De Ponti, Marcos Corach, Alejandra Rodenas, Miguel Rabbia, Verónica Baró Graf, Walter Agosto y Sonia Martorano), que entiende que hubo un “proceder viciado” el 12 de septiembre.
Paralelamente, luego de que la jueza Civil y Comercial Romina Kilgelmann formalizara el inicio de la demanda de Somos Vida por la aprobación de la reforma jubilatoria, la Casa Gris tiene plazo hasta el lunes próximo para aportar su respuesta.
Siete días después de la sanción de la nueva ley previsional, Granata y sus pares de bloque realizaron una presentación en los Tribunales Provinciales de la ciudad de Santa Fe para pedir la inconstitucionalidad de la votación.
La movida no pasó desapercibida: la diputada y sus colegas fueron ovacionados en tribunales por empleados (cuyo gremio anunció que seguirá su plan de lucha) y algunos funcionarios judiciales, sector en el que más impacta la reforma jubilatoria.
A su vez, Amsafé, el gremio que agrupa a los docentes públicos de la provincia, analiza acciones judiciales centradas tanto en la accidentada sesión de Diputados como en cuestiones de fondo de la ley jubilatoria recientemente promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
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