Con una masiva movilización al Congreso de la Nación, el sector de Discapacidad se plantó ante los cambios propuestos por el gobierno nacional en la Ley de Emergencia. Además, los referentes del sector movilizaron en las grandes ciudades y en Rosario colmaron la Plaza San Martín. "Hay más de 350 mil personas en el país desamparadas que esperan una prestación, pero tampoco acceden a salud y educación", sostuvo Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), en La Red Rosario.
El rechazo del sector de Discapacidad al proyecto que se debate del gobierno nacional ya que advierten que "recorta derechos y no constituye una mejora". En tanto, existe un dictamen de minoría apoyado por los activistas que prorroga la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El miércoles 14 de octubre el Congreso se preparaba para debatir esta prórroga, pero los diputados oficialistas con apoyo de sectores aliados no dieron quórum. El malestar de las familias y trabajadores en Santa Fe se convirtió en una carta para los legisladores de Provincias Unidas y el gobierno provincial.
“Este miércoles se trata dictamen mayoría que es un proyecto que diputados oficialistas llaman superador y de superador no tiene nada”, apuntó en LT8, Pablo Bolego, presidente de la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad, (Fatradis) e integrante del Foro por los derechos de las personas con discapacidad.
Los pibes a las instituciones
La lucha de los sectores ligados a las personas con Discapacidad es histórica, pero en los últimos años se agudizó. No sólo en materia legislativa o con actualizaciones arancelarias que cerraban a la baja, sino con un discurso desde el propio presidente Javier Milei que lleva la disputa a otros terrenos. "Son tantas pálidas que lleva a la indiferencia", lamentó Mariel Chapero, en diálogo con La Red Rosario.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Chapero puso en jaque las declaraciones de Milei y el resto del gobierno nacional que ponían en duda la cantidad de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): "Si hay algo trucho, que estos funcionarios nos muestren las denuncias y pruebas que sostienen su argumento. Lo que pasa es que no hay una ninguna denuncia o investigación de la justicia respecto de las irregularidades que ellos dicen".
La presidenta de Apridis retornó la discusión al campo de la salud y la educación y sostuvo: "Necesitamos que los pibes, en vez de estar en la casa, estén en un espacio donde puedan aprender y eso hoy no está sucediendo. Las familias están desesperadas porque no tienen trabajo, no tienen obra social y no pueden mandar a sus hijos a un centro terapéutico donde puedan encontrarse con otros pibes con discapacidad, puedan aprender, sociabilizar, jugar como hacen todos y el gobierno está planteando un proyecto que no financia estas cosas".
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
En este contexto, Chapero y Apridis firmaron una carta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro en la que exigieron que los diputados de Santa Fe se presenten en la sesión para debatir y votar la prórroga de la emergencia en Discapacidad. "Lamentablemente hay varios por fuera de La Libertad Avanza, que sabemos que no nos van a acompañar, que colaboraron para que no haya quórum la semana pasada", afirmó.
"Hay una responsabilidad que se asume cuando es legislador. Fue un proceso de mucho desgaste conseguir la emergencia, una ley que fue votada cinco veces en el Congreso y que el gobierno sigue en la búsqueda para sacarla en Presupuesto 2027", remarcó Chapero.
No la cumple
Por su parte, Pablo Bolego sostuvo que la Ley de Emergencia en Discapacidad no está siendo cumplida en su totalidad porque si bien otorga aumentos mensuales por IPC, "se olvida de más del 30% que perdimos cuando el gobierno devaluó apenas llegó a Casa Rosada".
En la misma línea, el referente del Foro por la Discapacidad criticó que el proyecto del oficialismo "deja en manos del Ejecutivo los requisitos para acceder a la pensión y no podemos confiar en un presidente que fue capaz de vetar la ley de emergencia".
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Este miércoles pasado el mediodía el Foro se reunirá con legisladores santafesinos para acercar posiciones y destacaron que encontraron permeabilidad en diputados dialoguistas para prorrogar de la emergencia. "Estamos hablando de un colectivo de personas con discapacidad que necesitan su pensión para vivir y de un colectivo de trabajadores que brindan ese apoyo que se están quedando en la calle. Es increíble que estemos con un abogado leyendo letra chica viendo si podemos confiar o no", comentó Bolego.
La carta a los legisladores
Un gran abanico de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad envió una carta al gobernador Pullaro y a los diputados Gisela Scaglia y José Núñez "ante la gravedad de la situación que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad y la trascendencia de las decisiones que deben adoptarse en el Congreso de la Nación”. En el texto solicitaron la prórroga de la ley nacional 24.901
“El eje central de la presente solicitud es irrenunciable: los derechos de las personas con discapacidad no pueden convertirse en moneda de cambio de ninguna negociación política o económica entre el Gobierno provincial y el Gobierno nacional", sostuvieron en la misiva que llevó la firma de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), Colegio de Terapeutas Ocupacionales, Colegio de Fonoaudiólogos, CTA Regional Rosario, Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Santa Fe- 2da Circunscripción Rosario – Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), Uendisfe y Acdisfe, ente otros.
En la carta, las organizaciones plantearon que detrás de cada institución que cierra o tratamiento que se interrumpe "hay personas que pierden autonomía e inclusión, y familias sumidas en la incertidumbre". La ley, explican, reconoce el derecho a tener prestaciones en salud y educación.
También aclararon desde las organizaciones en Discapacidad que trabajaron en proyectos sobre estos derechos y presentaron "propuestas concretas" que no tuvieron respuestas. En ese contexto, le pidieron al gobernador Pullaro "que encabece las gestiones necesarias ante el Estado nacional para asegurar que los fondos destinados para el cumplimiento de la Ley 24.901 sean efectivamente garantizados y transferidos conforme a lo que la misma Ley establece" y a los legisladores de Provincias Unidas "que incorporen las modificaciones solicitadas por las organizaciones al proyecto de Ley en discusión". En caso contrario, instaron a "fundamentar públicamente los motivos por los cuales se descartan las propuestas presentadas por las organizaciones".
Por último, las organizaciones firmantes expresaron: "Todavía existe la posibilidad de escuchar, corregir y construir una respuesta que evite profundizar el daño".
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