“El objetivo es generar una política que nos permita, a través de un diálogo muy sincero y franco con los gobernadores, llevar adelante las cuentas mutuas y los balances, enfocándonos en hacer realidad ese borrón y cuenta nueva". Parece una frase de altruismo y consenso la que soltó el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, aunque por cómo se maneja la Rosada con las deudas y la búsqueda del equilibrio fiscal da para moverse con cautela.
El régimen de Milei
Las provincias tienen un plazo de 30 días, que ya comenzó a correr, para manifestar su voluntad de participar en este régimen. El mismo indica que si hay involucradas obligaciones litigiosas, se solicitará la suspensión de todos los plazos judiciales hasta arreglar. En el caso de Santa Fe, toda una puja crediticia complejísima y de años por 800.000 millones de pesos por la Caja de Jubilaciones no transferida, para resolver a contrarreloj y con la posibilidad de resbalar en la vía judicial.
Sin dudas es una propuesta de ADN mileísta: rápida y furiosa, sin mucho margen para dudar. Hay algo determinante con la creación del régimen: no abrirá otra vía de negociación. Es esto o nada, dice tácitamente el gobierno. Esto o la vía judicial, podrán alegar los acreedores mejor posicionados.
En esa línea se entiende más claro que los reclamos que llevó el gobernador Maximiliano Pullaro a la reunión con el presidente Javier Milei tenían el final escrito de antemano. “Nada en concreto”, remató el gobernador en LT8. Sólo trajo un cupo para integrarse a la discusión del pliego de la Hidrovía que, probablemente, ya esté definido.
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Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, y el gobernador Maximiliano Pullaro analizan el régimen propuesto por Javier Milei.
Foto: Archivo / La Capital.
El gobierno hace el teatro y juega con aquellos desesperados, que no es el caso de Santa Fe porque tiene el respaldo de haber iniciado trámite de la deuda de la Ansés mencionada en la Corte Suprema de la Nación. Sin eso, la historia sería otra. El Ejecutivo nacional argumenta que “hace muchas décadas las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas”. Y ese régimen vendría, en teoría, a serlo.
El mismo tiene el objetivo de “unificarlas con aquellas que el Estado nacional” mantiene con cada uno de los distritos, de modo de acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con la Rosada. De nuevo ADN mileísta: sin especificaciones.
Santa Fe en un dilema
Al margen de lo que prometa el gobierno nacional, lo que entienden los funcionarios provinciales que están sobre el tema es que el régimen de compensación es un mecanismo en el cual la Nación lleva a discutir primero un concepto y, después, ver cómo paga. Ahí parece haber una trampa.
Eso se cimienta en que el Estado central siempre cuenta con una ventaja frente a las provincias, que Milei exprime al máximo: si la Nación es acreedora, puede cobrar directamente descontando de la coparticipación; en cambio, si la acreedora es la provincia, la Nación termina diciendo “voy a ver cómo te pago”.
Ocurrió con la deuda histórica de coparticipación que comenzó el socialista Hermes Binner con una demanda y terminó recién a partir del gobierno de Omar Perotti, casi 15 años después. Eso deja una conclusión: sólo por el lado judicial una provincia puede arrinconar al Estado nacional.
Qué es el régimen de Milei
El régimen es ir a jugar un torneo de visitante a la cancha de la Nación, que lo organiza la Nación y que pone el árbitro. "Y el VAR también", agregan en el gobierno santafesino. La Rosada crea el decreto, maneja los tiempos y pone de autoridad de aplicación a la mismísima Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Ni la Conmebol se ha animado a tanto.
Lo que está haciendo ahora el gobierno de Milei es amontonar las deudas y créditos. En un escenario donde hay varias cuestiones cruzadas a cobrar y pagar, cualquier cosa puede bloquear otra. Se percibe una suerte de maniqueísmo.
Se puede interpretar que para Santa Fe este proceso de depuración arrancó hace meses, cuando, en una reunión con Pullaro, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso sobre la mesa como si fuera una cosa ajena a él la intención de Afip de volver a cobrarle a la provincia un porcentaje para el Fondo de Autarquía.
Claramente el gobierno nacional había rascado hasta encontrar por dónde arrinconar a la provincia cuando ésta le reclamara cobrar la deuda de la Ansés. Es claro que el gobierno, a través de esa dependencia, puede diferenciarse del cálculo y el total que reclama Santa Fe y entrar en una etapa donde revolee la deuda de Afip para complejizar la situación. De hecho, ya lo sugirió Caputo.
El neteo
Hay provincias que tienen muchas deudas con la Nación a las cuales le será más conveniente meterse a negociar compensaciones, y cobrar algo que nunca iban a cobrar, a que directamente le descuenten por coparticipación. El juego con los desesperados. No es el caso de Santa Fe.
La cuestión de qué lado cae el "neteo" cuando se saque el balance con el debe y el haber y crucen los datos. Si hacen las cuentas y la Nación queda con saldo a favor, de nuevo: lo descontará sin más de coparticipación. ¿Y si es al revés? ¿Qué haría el gobierno que no larga un peso ni para mantener las rutas nacionales?
Ese escenario parece el de Santa Fe, que tiene los 800.000 millones de pesos para cobrar de la deuda de la Ansés, toda una montaña. Solo debe una deuda vinculada con el acuerdo del Club de París de la década del noventa con el Eximbank por 8.000 millones de pesos, más el conflicto en suspenso con la Afip mencionado, que son alrededor de 7.000 millones de pesos por mes que debería contarse para atrás.
La cuestión interna
Curiosamente, en este caso no parece haber improvisaciones de parte de la Casa Rosada. Quizás apuro por el presupuesto, pero todo estuvo diseñado. En el gobierno santafesino advirtieron que en ningún lado del decreto 969/2024 especifica que se va a pagar con tierras, pero la difusión oficial sí lo dijo y lo hizo trascender.
Al difundir que el botín de cambio son tierras, genera un proceso de pedidos y demanda interna en las provincias que complejizan la situación, porque genera que el propio gobernador sea el que ponga la cara ante un acuerdo, sea bueno o malo. Es decir: crea otra variable potencialmente conflictiva cuando, en realidad, el mandatario provincial tiene el pagaré en la mano y quiere cobrar.
Se trata de demandas totalmente legítimas, que, para un intendente, le daría soluciones para la ciudadanía. El rosarino Pablo Javkin opinó al respecto en Sí 98.9: “Si me preguntás, hay terrenos que agarraría porque le representará a la provincia un beneficio económico mejor que el pago de la deuda. Son poquitas las ocasiones en las que eso puede ser conveniente para la provincia, porque necesita la plata para tener liquidez en la Caja de Jubilaciones”.
Y puso como uno de los pocos ejemplos una eventual compensación con los terrenos de Puerto Norte que acaba de poner en venta (¿casualmente?) el gobierno nacional. “¿Y si a un terreno le doy indicadores y lo hago (viviendas) con el Nido, que es un programa hipotecario que está funcionando mucho?”, ejemplificó Javkin. Claramente es una cuestión de pragmatismo, no de ideología. Hasta el mileísmo lo ve en esos términos.