El legislador nacional Agustín Rossi presentó una iniciativa para derogar el régimen de “ciudadanía por inversión” impulsado por el gobierno. El programa permitiría acceder a la nacionalidad mediante un pago de 350 mil dólares.
El diputado nacional rosarino Agustín Rossi, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para impedir que la ciudadanía argentina pueda obtenerse a cambio de dinero, inversiones o la compra de títulos públicos, luego de que el gobierno nacional anunciara los detalles del programa de “ciudadanía por inversión”.
La iniciativa propone prohibir expresamente el otorgamiento de la ciudadanía por naturalización a cambio de pagos, inversiones, aportes, donaciones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados.
El proyecto apunta directamente contra el régimen incorporado a la Ley de Ciudadanía Nº 346 mediante el DNU 366/2025 y establece que ninguna contraprestación económica podrá reemplazar el requisito de residencia previsto para acceder a la nacionalidad argentina.
“La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley. Ser argentino es pertenecer a una comunidad social, cultural y política, no adquirir un producto. La ciudadanía es un vínculo, no un servicio”, sostuvo Rossi en los fundamentos de la iniciativa, que lleva también la firma de la diputada nacional Kelly Olmos.
La presentación de Rossi llegó un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara durante la Argentina Week de París la puesta en marcha de un mecanismo para acceder a la ciudadanía argentina mediante una inversión económica.
Según el esquema informado por el gobierno, los interesados podrán optar entre realizar un aporte directo y no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o suscribir un título público por 800 mil dólares creado específicamente para el programa.
Los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y el mecanismo comenzaría a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
Caputo defendió la iniciativa como parte del proceso de apertura económica promovido por la administración nacional. “La iniciativa se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales”, explicó.
Uno de los principales cambios respecto del régimen tradicional es que quienes accedan mediante esta vía no estarán obligados a acreditar previamente dos años de residencia en el país.
El programa también contempla la posibilidad de extender la solicitud al grupo familiar de quien realice la inversión principal.
Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que estos últimos sean solteros y no tengan hijos, podrán tramitar la ciudadanía mediante un aporte adicional de 100 mil dólares al Tesoro Nacional.
Para los menores de 18 años, el monto previsto será de 25 mil dólares.
La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.
El Gobierno sostuvo que el programa contará con estándares de diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con recomendaciones de la OCDE y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Frente a ese esquema, Rossi propuso eliminar la causal de “inversión relevante” incorporada mediante el DNU 366/2025 y dejar establecido por ley que ningún pago, inversión o compra de activos podrá reemplazar la residencia necesaria para naturalizarse.
“La ciudadanía no puede tener un precio”, planteó el diputado.
El proyecto también propone disolver la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y dejar sin efecto tanto las solicitudes que se encuentren en trámite como las ciudadanías otorgadas bajo ese mecanismo.
Además, busca prohibir que el Estado emita títulos de deuda pública que concedan a sus compradores el derecho a solicitar la ciudadanía argentina o beneficios migratorios.
La propuesta también impide que organismos estatales contraten, se asocien o recurran a empresas y consultoras privadas para promocionar o gestionar programas de ciudadanía a cambio de contraprestaciones económicas.
Entre los fundamentos de la iniciativa aparece también una objeción constitucional.
Rossi sostiene que la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de legislar sobre naturalización y nacionalidad, por lo que cuestiona que una modificación de esas características haya sido introducida mediante un decreto de necesidad y urgencia.
El proyecto menciona además pronunciamientos judiciales que declararon inválidas disposiciones del DNU 366/2025.
“El Congreso tiene la competencia exclusiva sobre la naturalización. Es su responsabilidad decir con claridad que la ciudadanía argentina no está en venta”, señaló Rossi.
Otro de los puntos centrales del planteo del diputado rosarino está relacionado con la extranjerización de tierras.
Rossi advirtió que una persona que obtenga la nacionalidad mediante un aporte económico podría dejar de quedar alcanzada por las restricciones previstas para extranjeros que buscan comprar tierras en el país.
“Una ciudadanía comprada se convierte en un atajo para eludir las restricciones y los límites que tienen los extranjeros para comprar tierras argentinas”, sostuvo.
La advertencia incluye particularmente las restricciones existentes sobre determinadas zonas de frontera.
El proyecto también plantea posibles efectos internacionales de los programas de ciudadanía por inversión, entre ellos mayores controles migratorios y financieros y eventuales consecuencias sobre el valor y el reconocimiento del pasaporte argentino.
“La Argentina necesita inversiones, pero inversiones que se queden, generen empleo y paguen impuestos”, sostuvo Rossi al fundamentar la iniciativa.
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