La apuesta de Pullaro con el MPA

Meses antes de asumir, el gobernador electo Maximiliano Pullaro y su equipo diseñaron un paquete de reformas legislativas de seguridad y una toma de posición sobre la adhesión a la desfederalización o microtráfico. Era una de las patas para bajar la violencia.

“Lo necesitábamos por razones de estricta política de control de violencia territorial”, explicó el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, porque Rosario cuadruplicaba la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes.

Era “la” decisión del nuevo gobierno. “Empezamos a diseñar un modelo en el que explicitamos todas las cosas que normalmente el actor político no avala al momento de votar. Acá hicimos que la avale, lo pusimos en la ley, entonces cualquier queja es lo que está votado por casi unanimidad en ambas Cámaras”, definió. No había grises.

Microtráfico, la apuesta de Pullaro

Con ese ímpetu, el Senado aprobó la ley el 14 de diciembre de 2023 -a días de asumir el gobierno- y el 20 Diputados. Fue promulgada el 28 de ese mes y empezó a regir el 29 de diciembre.

En ese movimiento también eligió convenientemente un aliado: el Ministerio Público de la Acusación (MPA). De hecho, la ley de microtráfico la trabajaron con la fiscal general, María Cecilia Vranicich. Y ese vínculo se consolidó desde entonces y acaba de tener su demostración más clara en las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales.

Fue una suerte de Lollapalooza del MPA con paneles e invitados de peso en la acusación, como el italiano Giovanni Tartaglia Polcini, quien durante dos décadas fue fiscal en Nápoles y podría decirse experto en crimen organizado; David Kennedy, criminólogo estadounidense reconocido por diseñar estrategias de reducción de violencia urbana, y Marcelo Bergman, otro experto local y de renombre en la materia.

Vranicich fue la anfitriona. Fueron las primeras Jornadas de Ministerio Públicos con el MPA como extrapoder, fuera del Poder Judicial, un nuevo traje que sigue amoldándose tras las resistencias lógicas que tuvo.

Semejante reunión, por definición y por agenda, fue el mensaje para mostrar fortaleza, pero lo potenció Pullaro con vehemencia. “Vamos a defender la labor del MPA. Y vamos a defender el liderazgo y la conducción de Vranicich”, tuteló.

El gobernador expuso durante las recientes jornadas organizadas por el MPA.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia

También el encuentro sirvió de vidriera para que el gobierno, a través de Cococcioni, aborde el pedido de redefinir el criterio con el que se divide la competencia en drogas entre la Justicia federal y la provincial, que asume la Unidad de Microtráfico. Hay una ley en el Congreso.

El ministro sostiene que cualquier tipo de discusión sobre el fraccionamiento termina derivando la causa al federal, lo que enfría la investigación. Y eso traba el objetivo principal de la provincia con la ley: intervención integral en los búnkers destinada a reducir el delito y la violencia en el entorno.

“El microtráfico es eso. No es asumir nosotros por ser generosos de que lo federal tiene mucho trabajo, entonces lo tomamos nosotros, que estamos al cuete. No se trata de una transferencia lineal de competencia”, aclaró el ministro ante alguna interpretación respecto de la cantidad de trabajo del federal.

Claro que la aplicación de la desfederalización tuvo su impacto en la cantidad de causas. Carla Cerliani, fiscal coordinadora del MPA, dijo en el panel: "Los informes que se hicieron a los dos años de implementación de la ley dan cuenta que asumimos entre el 70 y el 75% de la carga de trabajo que tenía la Justicia federal en la provincia de Santa Fe”.

En la firme defensa a los fiscales, el gobernador también cuestionó los años de impunidad de la Justicia federal y recordó la demora en enjuiciar a Los Monos. El federal ahora estaría entrando en una supuesta etapa de fortalecimiento, pero en ese proceso, que algunos ponen como punto de partida la implementación del sistema acusatorio de 2024, empezó a expulsar pus.

El propio gobernador recordó que, en mayo de 2022, vino a Rosario la Corte Suprema de la Nación a respaldar a la Justicia federal, en un operativo que se recuerda por lo desmedido, “y hoy dos de los tres magistrados federales que teníamos en la ciudad están presos”. Se refirió a Marcelo Bailaque y Gastón Salmain.

Este año, el presupuesto nacional asignó a la Justicia federal en Rosario partidas con un aumento del 39% en el total general: 65.583 millones en 2027, frente a los 47.189 millones de 2026. La inflación anual proyectada es de 18%.

En el desglose se registra un 37% más respecto de gastos en personal de la Cámara de Rosario. En bienes de consumo, un 36%.

Para 2027 se agregaron 548 millones de bienes de uso. En 2026 se presupuestó cero en ese ítem. En servicios no personales se aumentó un 85.34%: 730 millones en 2026, frente a 1.353 millones en 2027.

Al Ministerio Público, en 2026, se asignaron 21.967 y, en 2027, 33.853, un 54%. Dentro de esos 33.853 millones, la Procuración General se lleva 17.581 (57.20% más que 2026), mientras que la Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial 16.272 (51% más). Más presupuesto y menos causas por el microtráfico. Datos que dan un pantallazo de cómo se piensa la Justicia federal para que sea eficiente y resuelva.

Para reforzar la idea de que la Justicia federal durmió con las condenas de las bandas narcos, y de paso cortar con la dulzura de las Jornadas Fiscales, el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, recordó que “las condenas a Esteban Lindor Alvarado y a Los Monos y otras franquicias fueron en la Justicia provincial". Y añadió: "La sentencia de condena la firmamos nosotros”.

Recordó, a su vez, el abreviado entre los fiscales y los defensores en 2015 de las bandas que buscaron arreglar por ocho años, cuando había delitos de prisión perpetua, y que luego la Justicia hizo caer por impresentable.

“Cada uno ocupa su rol: los fiscales son parte y los jueces deben resolver, y la responsabilidad por las condenas y el encierro de las personas tiene la firma de un magistrado, no de un fiscal”, aclaró a la prensa tras el encuentro.

En ese esquema de roles, el MPA empieza a transitar una nueva etapa en la que quiere consolidarse como extrapoder pero para eso necesitó acudir al respaldo de otro poder, el del Ejecutivo provincial. Éste no dudó porque a su vez requiere de los fiscales para llevar a cabo su política de lucha contra el crimen organizado en una apuesta que le va saliendo.