La Justicia ensaya una resistencia a Pullaro con la pólvora mojada

En la Casa Gris celebraron con puño apretado. La primera huelga de los judiciales en treinta años no movió el amperímetro. “Fue el paro de la abundancia”, ironizaron cerca de Maximiliano Pullaro.

Desde el comienzo de la gestión Pullaro la Justicia es uno de los principales adversarios del gobierno. Es un rival tentador. Es el único de los poderes no elegido por voluntad popular y el más críptico de los tres, con integrantes que perciben salarios muy por encima de la media —con sueldos que arrancan desde el millón y medio de pesos y llegan hasta los doce millones, según los números del gobierno— y que no escapa a la crisis de legitimidad que carcome a todas las instituciones.

La ley de enganche ató los salarios de los integrantes del Poder Judicial santafesino a los ingresos de sus primos de la Justicia federal. Una movida que compró paz social en los tribunales pero entumeció los músculos de los actores del sector para dar la pelea reivindicativa. Al menos, de manera pública y con las armas clásicas del sindicalismo.

“El resto de la sociedad los ve como una casta. Son una corporación muy consolidada. Estuvieron en una situación de mucha comodidad, pero están confundidos, no saben cómo reaccionar. Cada vez que dan un paso hacia adelante se desnudan. Les cuesta pararse de manos, no tienen vocerías”, plantean desde la mesa chica de Pullaro.

Es un desafío que atraviesa también a sindicatos con gimnasia de movilización y reclamos a los gobiernos. Ese es el caso de Amsafe, que rechazó la propuesta salarial del gobierno pero desistió de ir al paro. Una victoria más para el gobierno, que logró imponer el programa Asistencia Perfecta —criticado por los gremios como un presentismo apenas encubierto—, el descuento de los días de huelga y la reforma previsional.

En tiempos de fragmentación social, a los gremios les cuesta crear un arco de solidaridad. En el caso de los docentes se suma un factor extra. La escuela, como reconoció tarde y mal en la pandemia el Frente de Todos, es un vertebrador social y familiar. El paro desorganiza la vida de las familias. Sobre todo, a los asalariados y el creciente ejército de trabajadores informales que se las rebuscan como pueden.

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En el gobierno aseguran que no viven el repliegue sindical con la euforia mileísta. “No decimos que les rompimos el culo. Vemos al docente como parte de un equipo que tiene que poner foco en el aprendizaje. Lo más importante es que los chicos aprendan. Durante mucho tiempo, el ministerio de Educación parecía el ministerio de Bienestar Social de los docentes”, plantea un hombre de máxima confianza de Pullaro.

La pelea con la Justicia promete nuevos capítulos. Según el Ejecutivo, el Poder Judicial pidió un aumento del presupuesto del 325% e insiste con el pedido de cargos. El gobierno se muestra duro. “Siempre presentan el mismo informe y no explican para qué los quieren. Los estándares de productividad no cambiaron. No vamos a firmar nada si no tenemos claros los criterios y los objetivos”, advierten.

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El gobierno amaga con ir por la derogación de la ley de enganche y poner la lupa sobre la obra pública judicial. “Si eso se somete a revisión pueden aparecer cosas discutibles”, deslizan.

Además de recursos y eficiencia, está en juego poder. Unidos quiere renovar la Corte Suprema. Entienden que es la llave para que la Justicia santafesina ingrese al siglo XXI. También, para blindar judicialmente las principales reformas del gobierno.

Los nombres para el máximo tribunal se discute en un ámbito hermético. “Cualquier candidato que suene es porque lo operó otro sector para tumbarlo”, asegura un operador senior de Unidos.

La Justicia no es sólo un enemigo predilecto de Pullaro sino también el ámbito donde transcurren las causas que tienen en el banquillo de los acusados al exministro de Seguridad Marcelo Sain y al senador Armando Traferri. Son dos causas sensibles para toda la política santafesina. Sobre todo, para el peronismo.

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Por la gravedad de la acusación —ser jefe de una organización ilícita y encargado de dar protección judicial a capitalistas del juego clandestino— y el peso histórico del hombre fuerte del departamento San Lorenzo, la causa que involucra a Traferri es la que podría tener derivaciones políticas más profundas y duraderas en la provincia. Sea cual sea el veredicto.

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El senador asegura que se trata de una conspiración orquestada por Sain y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, pero la investigación judicial recién está en su etapa preliminar. Desde el centro del gobierno provincial juran que se mantendrán neutrales.

“Esto tiene que correr con normalidad. No vamos a mover un dedo, ni para consolidar la acusación ni para salvarlo. Esta decisión deja sin acción a otros actores del Senado, que ya cambió”, dice un ministro del gabinete.

La mención no es casual. Traferri no sólo fue el jefe de la mayoría permanente del PJ en la Cámara alta sino la contraparte de acuerdos transversales con el radicalismo. El principal referente de la UCR en el Senado sigue siendo Felipe Michlig, aunque con el triunfo arrollador de Unidos se sumó al bloque una nueva camada de legisladores, con otras lealtades y jefaturas.

“Felipe y Maxi tienen la relación de padre-hijo, con el cariño y los cortocircuitos que pueden tener ese tipo de relación. La mayor complejidad está en la renovación. A Felipe le cuesta más pelearse con lo que estaba antes, pero acompañó y acompaña en todas las leyes, en la renovación de la Corte y en la reforma previsional”, señala un pullarista paladar negro que conoce a ambos desde hace tres décadas.

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Michlig integra junto a Fabián Bastía y Julián Galdeano el tridente radical encargado de negociar con los aliados la reforma constitucional. Es la gran ballena blanca que hasta ahora ningún gobernador pudo cazar. Si bien está a la vista, parece achicarse en el horizonte.

La reforma constitucional, empantanada

“Estamos lejos de lo que nos imaginábamos en el primer semestre. La escena social y política están más desordenadas. Falta oficio para construir acuerdos más allá de la rosca electoral: entendimientos entre partidos y diagonales con la sociedad civil”, observan desde el socialismo.

Desde su círculo más cercano deslizan que Pullaro no ve con malos ojos postergar el debate de la reforma para después de las intermedias. O, incluso, un segundo mandato de Unidos. Hoy, la que parecía la principal hipótesis —reforma en 2025 con cláusula de reelección para 2027— está en revisión. “Está 50/50”, indican.

“A Maxi nunca lo atrapó el tema de la reelección. Hoy cada vez lo engancha más la idea de que esto avance sin reforma hasta el final y que la gente vote a quien mejor represente un sistema de gestión. Eso no lo puede garantizar un sólo jugador”, explican cerca suyo.

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Los tiempos se acortan. Queda un mes y medio de sesiones ordinarias. Más temprano que tarde, Pullaro tendrá que explicitar si quiere avanzar con la reforma y si pretende la reelección, además de elegir un garante en la oposición.

Ese lugar parece corresponderle a Omar Perotti. Por la cantidad de votos que obtuvo el año pasado, su rol institucional como exgobernador y los votos que puede sumar en Diputados para los dos tercios. Esa jugada podría generar un efecto arrastre con los líberos del peronismo e incluso el bloque de centroizquierda de Carlos del Frade.

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Para el antecesor de Pullaro el cálculo costo-beneficio es si le conviene representar al Raúl Alfonsín de la historia —el líder opositor que pone el gancho con ciertas condiciones a la reelección de un gobernante que va por todo— a cambio de recuperar centralidad en la política santafesina.

Interrogantes sobre Milei

A la ecuación se suma la incertidumbre que proyecta la escena nacional. Nadie sabe cómo llegará Javier Milei a junio. Un armador se pregunta en voz alta: “¿Qué pasa si Milei aprovecha la elección de constituyentes para hacer una cruzada anticasta bancada por el gobierno con Romina Diez y vas a suerte o verdad? ¿Maxi va a encabezar una lista de constituyentes? ¿Qué puede pensar la gente de su compromiso con la gestión?”. Una apuesta que puede traer grandes beneficios pero también grandes pérdidas.

Mientras tanto, Milei se mantiene en modo aguante hasta las elecciones de medio término. El plan tiene tres patas. En la economía, sostener el veranito financiero con un dólar planchado como ancla de la inflación, a pesar del impacto en la actividad, el empleo y los ingresos. En la política, resguardar el tercio que blinda el veto presidencial. En la cultural, reforzar un núcleo duro identitario, impermeable a las inclemencias de la gestión.

Aunque permita engordar la tropa libertaria en el Congreso, eso no significa que el plan sea sostenible en el mediano o largo plazo.

De visita en Santa Fe, la semana pasada Juan Schiaretti le comentó a Pullaro y otros dirigentes de Unidos que cree inevitable que Milei gane en 2025 e imposible que triunfe en 2027.

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“Yo viví desde adentro la convertibilidad. Con Menem el dólar planchado duró seis años, y acá no hay ninguna condición objetiva para que esto dure más de tres", les dijo. A comienzos de los '90 el exgobernador de Córdoba fue subsecretario de Integración Económica Latinoamericana y secretario de Industria y Comercio. En ambos casos, bajo las órdenes de Domingo Cavallo.

La apuesta: provincializar y armar para 2027

En ese marco, la estrategia para el año que viene es provincializar y empezar a construir una alternativa para la presidencial.

Dentro de ese panorama, en los campamentos del centro que detectan una oportunidad ven con buenos ojos el renovado protagonismo de Cristina Kirchner. No porque los entusiasme. Al contrario. Creen que puede generar una diáspora de peronistas en busca de nuevos horizontes.

En ese camino de fortalecer el territorio Pullaro encabezará este miércoles en Santa Fe la constitución de la Región Litoral. Vendrán los gobernadores de Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco y Entre Ríos y está invitado el de Córdoba. Si algo une a Pullaro, Gildo Insfrán, Gustavo Valdés, Hugo Passalacqua, Leandro Zdero, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora no es la pertenencia partidaria o cómo pararse tácticamente frente al gobierno de Milei, sino la voluntad de articular intereses en temas comunes (como la hidrovía) y poner límites a una política ambacéntrica, en el marco de un reseteo de la relación entre Nación y provincias.

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Se suma la cuestión generacional. “Son más pragmáticos, hicieron toda la carrera en democracia y no tienen prejuicios. Kicillof es un muy ideologizado, y ni él ni Maxi tuvieron problemas para juntarse para resolver cuestiones particulares”, dicen cerca de Pullaro. Allí sostienen que pese a las tentaciones de Buenos Aires para dar un salto nacional el plan A, B y C sigue siendo la provincia.